Vendía viajes al exterior que nunca existieron: la acusan en Roca por una estafa millonaria con más de 50 víctimas
La Fiscalía formuló cargos contra la propietaria de la agencia Lola Tours por defraudación millonaria. La imputación abarca más de 53 denuncias de viajes al exterior incumplidos entre 2024 y 2025, con un perjuicio que supera los 225 mil dólares y 116 millones de pesos.
La Justicia avanzó en la investigación de una de las presuntas defraudaciones turísticas más importantes registradas en la región en el último tiempo. Durante una audiencia realizada esta mañana en los tribunales de Roca, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una mujer acusada de haber orquestado una compleja maniobra de estafas a través de una agencia de viajes que operaba sin los permisos correspondientes. La imputación formalizada por el equipo fiscal coloca bajo la lupa a la firma comercial denominada «Lola Tours», la cual funcionaba en pleno centro de la ciudad, específicamente en un local ubicado en la calle Mitre al 930.
La acusación fiscal se apoya en un enorme volumen documental para este tipo de delitos. Según el sustento presentado, la mujer, en su carácter de propietaria de la firma, habría comercializado de manera sistemática paquetes turísticos y pasajes aéreos a diversos destinos nacionales e internacionales.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que la imputada realizó estas transacciones «sabiendo que no podría cumplir con las obligaciones asumidas ni devolver el dinero recibido, por carecer de capacidad financiera suficiente». Lo que agrava la situación es que la agencia funcionaba sin contar con la habilitación comercial municipal necesaria para ejercer dicha actividad.
Cifras récord y más de 50 viajes estafados
Uno de los puntos más críticos de la audiencia fue la revelación del alcance real del perjuicio económico. La fiscalía precisó que la investigación comprende, hasta el momento, más de 53 denuncias por hechos que habrían ocurrido de manera continuada durante los años 2024 y 2025. El volumen de presuntos viajes estafados refleja un patrón de conducta que afectó a decenas de familias que confiaron sus ahorros para concretar vacaciones o traslados al exterior. “El perjuicio económico total ocasionado a las víctimas representaría un valor nominal de 225.996 dólares y de 116.856.052 pesos”, detalló el equipo fiscal durante la lectura de los cargos.
La magnitud del fraude se refleja también en la complejidad de las maniobras detectadas. Entre los delitos atribuidos se encuentran la defraudación por abuso de confianza, la retención indebida y el uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito. En muchos de los casos, los damnificados entregaron importantes sumas de dinero en efectivo directamente en la oficina de la calle Mitre o realizaron transferencias electrónicas a cuentas personales de la imputada, recibiendo a cambio comprobantes que carecían de toda validez legal o formal.
Un rompecabezas probatorio de 100 páginas
La formulación de cargos presentada ante la jueza de Garantías consistió en una pieza procesal de más de 100 páginas, donde se desglosó el material recolectado en dos jornadas de audiencias. La evidencia incluye desde denuncias penales de particulares hasta informes técnicos de organismos de recaudación y control. Entre los elementos más reveladores se encuentran copias de presupuestos confeccionados a mano y sin membrete oficial, además de recibos que, si bien tenían el nombre de «Lola Tours», carecían de la firma y el sello necesarios para ser considerados documentos comerciales válidos.
La investigación incorporó informes clave de la Inspección Regional de Personas Jurídicas, que confirmaron que la empresa no estaba inscripta bajo ninguna razón social.
A esto se sumaron datos aportados por la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (ARCA), el Banco Central de la República Argentina y la Secretaría de Turismo de la Nación. Incluso, se reveló que la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo ya había dado de baja a la firma en febrero de este año, alertada por las irregularidades que comenzaban a emerger.
Restricciones y continuidad de la investigación
Tras analizar el planteo fiscal, la jueza de Garantías aceptó la formulación de cargos y la calificación legal propuesta. Por su parte, la defensa penal pública que asiste a la acusada no formuló objeciones formales en esta instancia, aunque aclaró que esto “no implica consentir los hechos, la prueba ni la calificación legal sostenida por la fiscalía”.
Ante la gravedad del caso y la posibilidad de que se sumen nuevos denunciantes, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de las medidas cautelares para asegurar el éxito del proceso penal y evitar cualquier entorpecimiento.
Finalmente, la magistrada resolvió fijar un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación penal preparatoria. Durante este período, la imputada deberá cumplir con estrictas pautas de conducta: mantener el domicilio fijado, presentarse periódicamente ante la fiscalía y la prohibición absoluta de salir del país.
Además, se mantendrán vigentes la inhibición y el bloqueo de sus bienes (inmuebles y automotores), el congelamiento de sus cuentas bancarias y el bloqueo de activos financieros, medidas que buscan garantizar una eventual reparación económica para las víctimas.
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