La justicia procesó al exministro Alfredo Pega
Es por el manejo de las becas durante su período al frente del Ministerio de Familia. Se suma a otros exfuncionarios radicales procesados.
Judiciales
El juez penal Fabio Igoldi proceso al legislador radical y exministro de Desarrollo Social, Alfredo Pega por el irregular otorgamiento de becas. El cuestionamiento judicial se concentra que esos pagos del Estado para la capacitación superaron el tiempo permitido, no se cumplían con ningún control de actividades y horarios, concluyendo que esas labores exigidas por la normativa “no existieron”.
El procesamiento de Pega corresponde al delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración” y, también, procesó como “partícipes necesarios” a dos exfuncionarios, Dante Sartor y Marcela Rossio. Igoldi imputó por 42 casos irregulares a los dos primeros mientras responsabilizó de seis hechos a la exsubsecretaria de Coordinación.
La resolución también avanza en el actual otorgamiento de becas, considerando que se continúa con las irregularidades en esos desembolsos estatales.
En su escrito, Igoldi se concentra en el período que va de marzo de 2006 a igual mes de 2007, en ocasión que Pega era ministro de Familia y, como “administrador y máximo responsable”, “habría administrado fondos” del Programa de Becas en forma dolosa y de “manera infiel, sin la debida diligencia y omitiendo tomar los recaudos pertinentes”. Afirma que se otorgaron becas “con un destino diferente del expresado en la ley” y abonaron “tareas habituales en la administración, horas extras”.
Además, cuestiona el plazo de las becas ya que “superan, en todos los casos, los tres meses convenidos”, “ni haber prorrogado por acto administrativo idóneos los contratos”. Concluye que estas irregularidades generan “un perjuicio económico al erario público por abonarse meses no contratados y por abonarse en los restantes períodos (tres meses convenidos) por actividades que no estaban previstas”
Otra fundamentación del procesamiento indica que “si los beneficiarios eran ya empleados públicos, debieron para acceder a las “becas” presentar un debido proyecto de investigación o capacitarse”, pero, “nada eso se requirió”. “La violación del objeto -objetivos- es la primer irregularidad verificada”, lo cual, “surge del propio expediente administrativo” porque “no existe la mínima constancia de requerimientos de los programas al que las becas iban dirigidas. No se verifica un solo control administrativo ni guía de las actividades ni sus cargas horarios en capacitación. Es que tales capacitaciones no existieron”, resaltó.
DeViedma
