Los Sauces: imputan a Cristina y a su hijo Máximo por cobrar coimas

El de ayer fue un día duro para el kirchnerismo. Al fracaso en su intento de conseguir quórum en la Cámara de Diputados para tratar la ley antidespidos, le siguió la imputación por cohecho (coimas) a Cristina Kirchner, Máximo, Lázaro Báez y Cristóbal López. El fiscal Carlos Rívolo amplió la acusación contra la ex mandataria y su hijo por cobrar presuntos “sobornos”, en el marco de la causa Los Sauces SA, en la que se investiga si ambos recibieron retornos a través del alquiler de los inmuebles de esa sociedad a empresas de Báez y López.

Madre e hijo ya estaban imputados en la investigación a cargo del juez Claudio Bonadio por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos relacionados con la empresa Los Sauces SA y adulteración de declaraciones juradas. Según la denuncia, iniciada el 4 de abril por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, habrían alquilado inmuebles como mecanismo para reintegrar fondos millonarios de obra pública que el matrimonio Kichner garantizó a empresarios amigos cuando estaba en el poder.

La semana pasada, Stolbizer amplió su denuncia contra Cristina y Máximo y los acusó directamente de haber recibido coimas por parte de Báez y López, que alquilaban, incluso por encima de los de mercado, sus propiedades en Puerto Madero y el sur del país.

La sociedad Los Sauces, constituida en noviembre de 2006 por Néstor, Máximo y Cristina Kirchner como socios fundadores, realizó operaciones inmobiliarias millonarias con las empresas “Valle Mitre”, “Loscalzo y del Curto”, “Kank y Costilla” de Báez y las firmas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia de Cristóbal López. Báez está detenido en el marco de la causa que investiga el supuesto lavado de activos. López sufre la intervención de sus empresas y embargo preventivo de sus cuentas por no pagar 8.000 millones de pesos a la AFIP.

La acusación de la diputada parte de que, según Vialidad Nacional, las empresas de Báez ganaron entre el 73 y el 80% de las licitaciones de obras en la provincia de Santa durante los mandatos del matrimonio Kirchner, que representan 16.300 millones de pesos. Según la denuncia, hasta diciembre de 2015 las empresas del Grupo Báez habían cobrado más de 9.000 millones de pesos. Mientras que de un total de 51 obras licitadas, las empresas de Báez sólo habrían finalizado 24, esto es, menos de la mitad.

Con el cambio de Gobierno, la Justicia Federal dio impulso a las investigaciones a funcionarios y socios del kirchnerismo. La última medida del juez Bonadio fue allanar la semana pasada, en busca de documentación sobre propiedades de Los Sauces, las administraciones de los edificios Madero Center, en el barrio porteño de Puerto Madero, y un edificio en el barrio de San Telmo, que habita la misma misma hija de la ex presidenta, Florencia Kirchner, que tiene un porción pequeña de la sociedad.

Bonadio, que mantiene la causa bajo el secreto de sumario, fue dezplazado el caso Hotesur, en que se investiga a la exmandataria por una maniobra similar a través del alquiler de habitaciones a los mismos empresarios que nunca fueron ocupadas realmente. El juez Bonadio aún tiene a su cargo a causa del dólar futuro, en la que la expresidenta también está imputada.

Ayer comenzó a ser investigada la denuncia de Cristina Kirchner , que pidió la destitución de Bonadio. El kirchnerismo duro, acusa “persecución” y “denuncias maliciosas” desde que el gobierno asumió en diciembre.

Las investigaciones que complican a CFK

Bonadio la investiga por enriquecimiento, falsificación de documentos y cohecho en la causa Los Sauces.

El mismo juez la imputó por irregularidades en la venta de dólar futuro.

La causa que más la complica es Hotesur: supuesto lavado a través de reservas de habitaciones de hoteles.

El fiscal Marijuan la imputó en la causa por lavado en la que está preso el ex socio de los Kirchner, Lázaro Báez.

Según la denuncia de Stolbizer, habrían alquilado inmuebles como mecanismo para reintegrar fondos millonarios de obra pública.

La última medida del juez Bonadio fue allanar las administraciones de los edificios Madero Center, en Puerto Madero, y de otro en el barrio de San Telmo.