“Malversación de caudales y efectos públicos, defensoría del pueblo y sueldos exorbitantes”
En avanzadas horas de la madrugada me pregunto si destinar este tiempo para escribir alguna línea sobre esto, pretendiendo pensar que puede cambiarse algo o que puedo aportar algo para instalar en el debate como mandar a las celdas o a la calle a quienes usufructúan los dineros públicos sin la mínima austeridad republicana, vale la pena. Entonces la primera imagen que se me presenta es la de Río Negro intervenida federalmente por este festival de emolumentos desproporcionados. Provincia que, según la información recogida por su matutino homónimo, tiene a una ignota defensora del pueblo promediando el millón de pesos anuales de sueldo de bolsillo. Reflexiono de qué intervención federal hablaría, si hay sobrados y espeluznantes ejemplos a nivel nacional de funcionariado sobreremunerado, corrupto y ostentoso… (v.gr Jaime) Fue sólo un “lapsus”, porque predicar con el ejemplo y ser consecuente con lo que se piensa parece hoy sólo ser atributo de la primera magistratura uruguaya. Hace 30 años, me entusiasmé primero militando y luego siendo dirigente estudiantil. El grado de preparación que creíamos que debíamos tener para llegar a ser “cuadro” hacía que consumiéramos ávidamente bibliografía, diarios y tabloides y que, de acuerdo a nuestras características personales, perfiláramos para lo electivo de tinte carismático o lo técnico más que de laboratorio. La búsqueda que perseguíamos era ser útiles a la sociedad. De allí que adscribiésemos a cambios sociopolíticos y culturales que el gobierno instalaba sin mayor comprensión e interés popular. Uno de ellos, por caso, era pergeñar una reforma constitucional que estableciese la figura de mentas. Estribada en la experiencia sueca y de países europeos de tener un control de los actos de gobierno por parte de una reconocida autoridad en el plano que fuere (político de amplia trayectoria en la oposición, literato, docente, empresario, trabajador, científico, profesional, vecino, historiador), un notable, un indiscutido, alguien que no necesitara del ingreso a esta función pública como medio de sobrevida, sino que lo fuera a título honorífico. El denominado Ombusdman entonces sería alguien que la sociedad visualice por su trayectoria como alguien confiable, previamente conocido, que por tal circunstancia pudiera discutirle al poder con el poder de su peso público. Insospechado también de dependencia con el poder, a quien debería controlar. De aquello finalmente consagrado en la Constitución del 94 a la última designación rionegrina de la funcionaria en cuestión (Ley 2756 mediante), sin duda existe una sideral distancia. Pudimos guardar riguroso silencio ante su designación y hacer lo propio ante las reiteradas fotografías con quienes tiene como función controlar (que a esta altura colegimos fueron sus mentores), pero realmente hoy no podemos ni debemos guardar silencio ante los delitos que se cometen desde el Estado, automensurándose sueldos de casi un millón de pesos anuales. ¿Tengo entonces que concluir que su envidiable sonrisa es fruto de su malhabido sueldo? Porque es dable preguntarse si la novel funcionaria puede, limpios de polvo y paja, ganarse “per se” –desconozco su profesión– 70.000 pesos mensuales. Hete aquí la cuestión, ¿no? Una defensora ignota, proclive al maridaje con el funcionariado designante, sería más manejable, por su falta de ascendiente social y colectivo, que una personalidad en el campo del ejercicio y defensa de derechos colectivos. Este error que han cometido desde el poder quienes no se acostumbran a ser controvertidos diariamente hoy comienza a estallarles. El silencio de la defensoría les cuesta, sólo en el sueldo de quien dice defender al pueblo de Río Negro, un millón de pesos al año. Controvirtiendo lo que votó la mayoría de los rionegrinos hace tan sólo 2 años, un mandato claro de austeridad y transparencia en el manejo de los fondos públicos. Marcelo Hertzriken Velasco DNI 17.739.608 Roca
Marcelo Hertzriken Velasco DNI 17.739.608 Roca
