Pescadores denuncian menos accesos a las costas: si no hay ley, hay trampa

Afirman que cada vez hay menos pasos al río. Piden que se legisle en el tema y se aporten soluciones para acceder a un derecho.





Te venden una entrada al cine, pero te cierran la puerta para ver película. Te invitan a un casamiento, te vestís para la fiesta pero no te dejan entrar. Parece un chiste, pero es lo que les pasa a los pescadores de la región que cada año compran los permisos en Neuquén o Río Negro. Cada vez más tranqueras impiden el paso a los lagos, ríos y se vuelven a pedir reglas claras, legislación, control y soluciones.

A principio de este mes, comenzó la temporada de pesca y para dar dimensión, en Neuquén en menos de una semana, la dirección provincial de Áreas Naturales Protegidas otorgó 10 mil permisos.

“Lo que vemos los pescadores es que un acceso prohibido, con un río público, es un río privado, porque nadie puede llegar. Muchos lugares a los que iban miles de pescadores como Limay Medio, cada vez tienen menos accesos”, dijo Daniel Valls, integrante de la Asociación de pesca con mosca de Neuquén y comenzó a desandar un camino lleno de tranqueras y candados.

El Código Civil en sus artículos 235, 237, 240 y 1974 protege el libre acceso a las costas y establece que todas las aguas, riberas, playas y sus accesos, son bienes públicos, es decir, patrimonio de todos los ciudadanos. Ningún emprendimiento privado debería impedir u obstaculizar el uso o ingreso a estos bienes, sin embargo, en los ríos y lagos de la región eso no se cumple.

Daniel Solaro, hace décadas que va a pescar y en su relato, recorrió 70 kilómetros para demostrar que los accesos a Limay Medio, en ambas márgenes del río, están absolutamente restringidos.

En Limay Medio solo quedan dos accesos a lo largo de 70 kilómetros. Foto Juan Thomes

Bajada Colorada está cerrado, solo se accede contratando a guías. La estancia Pantanito, que era un lugar donde iba mucha gente la vendieron a Ilolay y cerraron. A la estancia La Limay, se accede sólo contratando guiada. El acceso de Los Corrales estaba hasta el año pasado, en el km 1414, pero cerró y solo dejan entrar a una firma de Junín que trae pescadores extranjeros.

“Hay solo dos accesos, en los dos extremos, que son Fortín Nogueira, y Negrín Figueroa. En ambos casos, hay que pagar entre 1.000 y 1.500 pesos de entrada”, dijeron los pescadores.

Del lado de Río Negro, se accede por un camino público que va a Naupa Huen. En el paraje, se puede pescar, pero en el trayecto no se puede bajar a la costa pública. En el campo de Martínez cobran entrada, en el de Guerrero no permiten la entrada y tampoco en el de Ortíz. En el campo de Tapia se puede entrar con acceso pago y en el de Rioseco también.

En ambas provincias, existe un vacío legal en relación al tema. Se presentaron proyectos, pero ninguno prosperó porque sostienen que existe un lobby importante de algunos sectores de poder. La última iniciativa se dio en Río Negro. Legisladores del Frente de Todos, presentaron un proyecto de ley para garantizar costas libres pero no avanzó y se trabó en Recursos Hídricos.

“Los locales quedamos fuera de competencia. Sale doscientos dólares una salida de pesca. El tema es conceptual, el río es un recurso público que solo algunos pueden explotar comercialmente y otros pocos tienen la llave para que ejerzas tu derecho. El Estado delega su poder y regula el guía y el dueño del campo”, lanzó Solaro.

Al avanzar hacia la cordillera las cosas se complican más todavía, en ríos emblemáticos como Chimehuin, Collón Cura, Malleo, etc, los alambrados se multiplican desde hace años. En la zona de Junín de los Andes, los lodges de pesca y los dueños de estancias dominan las costas.

El Código Civil regula los accesos a lagos y ríos con el llamado Camino de Sirga, que es la franja de acceso a un curso de agua. Foto Juan Thomes

“Algunos guías pagan exclusividad, entonces cierran. Los recursos naturales son de todos, pero los explotan comercialmente a expensas de impedirles el derecho a los demás”, sostienen los pescadores. Ellos aclaran que hay lugares que cobran sumas que se puede pagar para mantener caminos, limpieza y no están en contra de eso.

Beto Moscardi, presidente de la Asociación de Pesca con Mosca de Neuquén subrayó que se buscó avanzar en aportar soluciones y antes de la pandemia se pusieron en contacto con la provincia para organizarlo pero no lo lograron.

“Nuestra pelea era que en el 1414 se haga algo, pero se necesita el apoyo de provincia, de fauna y de turismo, porque se necesita una inversión. Se debe registrar al que entra, explicar dónde se puede acampar, cuáles son las normas. No es fácil el tema, pero con voluntad se puede lograr”, relató.

Hace años todos se conocían con todos, entraban por cualquier lado o hablaban con el del campo y no había problema. Pero las ciudades crecieron, los campos cambiaron de dueños, llegaron empresas, el negocio de los lodge de pesca se multiplicó. Todo cambió pero algunas cosas quedaron en el tiempo.

“Hoy las realidades cambian y los reglamentos no se adecuaron. Se usa un reglamento de pesca que tiene muchos años, y está en función de una realidad que no es actual”, dijo Valls.

Para los pescadores poner reglas claras, parece ser el camino a seguir para abrir tranqueras, obtener resultados más justos y respetar el derecho de todos.


“Escucho de aprietes, ojalá nadie más muera por esto”


En las redes sociales, los grupos de pescadores muestran los miguelitos con los que se encuentran en los campos, hablan de algunos aprietes que recibieron para que se vayan y los debates arman largos hilos de conversación.

Ángel González, de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos “Cristian González” sabe lo que son los aprietes en las costas. Lo supo cuando su hijo, un el año 2006, fue asesinado por pescar en el Río El Quilquihue en San Martín de Los Andes. Desde ese momento no pararon de poner en debate el tema del acceso de las costas a nivel provincial y nacional.

En diálogo con Río Negro, González sostuvo que el nuevo Código Civil, que se puso en vigencia en 2015, se bajó el camino de sirga, se sacó la denominación de camino público y a pesar de la lucha no pudieron frenarlo.

Fotos: Patricio Rodríguez

“Nos movimos por todos lados, pero se nos hizo imposible que sea tratado. Hoy el dueño ribereño si tiene buena voluntad deja transitar y si no, es imposible. Quedan ya muy pocos lugares, nos queda el Lolog, el Meliquina, algunos metros de costas libres, pero la mayoría de las costas están cercadas”, dijo.

El hombre pasó la vida en la cordillera y fue testigo de como el problema se hizo más grande a lo largo de los años.

“Con el nuevo Código, 400 mil hectáreas que eran de dominio público pasaron a ser propiedad de los ribereños, ellos tiene derecho a no dejar pasar, a construir a metros de los cursos de agua y lamentablemente para los pescadores y los más humildes que no accedemos a tomar vacaciones en otro lado, el paso está prohibido. Vía libre para los grandes capitales y el pueblo abandonado”, destacó.

A partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015, se redijo el llamado camino de sirga de los 35 metros que tenía en el Código de Vélez Sársfield a 15 metros. El artículo 1.974 modificó esa dimensión de terreno, pero el camino sigue siendo una restricción que se impone a los propietarios.


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