México crea organismos de protección a la prensa

MÉXICO.- El gobierno del Estado mexicano de Veracruz anunció la creación de dos organismos de atención a víctimas de la delincuencia y de protección a periodistas, en respuesta a los asesinatos de cuatro reporteros, ocurridos en la última semana.

El gobernador Javier Duarte remarcó que la medida constituye “una respuesta a los tiempos inéditos que se viven y que obligan a tomar decisiones y acciones contundentes, eficaces, que incorporen activamente a la sociedad”. Para Duarte, “garantizar el libre ejercicio del periodismo, dar certeza y tranquilidad a los periodistas es una obligación y compromiso” de su administración, “y atender a quienes sufrieron la delincuencia, un deber” de su equipo.

Es que el miedo se apoderó de los periodistas de Veracruz, tras el asesinato esta semana de tres fotógrafos y una empleada administrativa de un periódico.

El pasado miércoles, poco antes de desaparecer, Gabriel Huge, un experimentado fotógrafo conocido entre sus compañeros del gremio como “El Mariachi”, entregó a su hermana las llaves de su coche, las de su moto y su cámara.

“Me entregó su cámara, imagínate, ahora pienso que él sabía lo que iba a pasar”, dijo Mercedes Varela, también madre de Guillermo Luna, un joven de 22 años que había decidido seguir la profesión de su tío y que fue asesinado junto con él. Los cadáveres fueron encontrados muy temprano el jueves en bolsas negras sumergidas en un canal en el municipio de Boca del Río, en Veracruz. El hallazgo ocurrió cinco días después de que Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, fuera localizada estrangulada en su domicilio de Xalapa.

Por su parte, el periodista e investigador Marco Lara Klahr instó al ejercicio de un periodismo con estándares de respeto a los derechos humanos de las personas y con una noción de comunidad, ante el fracaso de las políticas criminales punitivas en Latinoamérica. Añadió que el problema va más allá del estigma del tráfico de drogas y las publicaciones editoriales que reproducen un discurso punitivo medieval y deshumanizante, para justificar una política oficial de “mano dura” que se ensaña especialmente contra los pobres, los negros y los indígenas.