Rusia emitió una orden de captura internacional contra el fundador de Telegram por «complicidad en terrorismo»

Rusia escaló su ofensiva judicial contra el ecosistema digital al anunciar la emisión de una orden de búsqueda internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Moscú acusa al empresario de 41 años de «complicidad en terrorismo», argumentando que su popular aplicación de mensajería funciona como una herramienta activa para los servicios de inteligencia ucranianos.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades rusas y replicada por la agencia AFP, la investigación penal se centra en el presunto entrenamiento y reclutamiento de ciudadanos rusos para llevar a cabo actividades de sabotaje dentro del país.

Hasta el momento, el Kremlin no precisó los alcances técnicos de la orden internacional ni detalló si confía en que otros países colaboren con el requerimiento judicial. Por su parte, los abogados franceses de Durov optaron por el silencio y evitaron emitir declaraciones tras conocerse la noticia.

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El bot de citas y la red de extorsión ucraniana: la acusación de Rusia contra Telegram

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El núcleo de la acusación del FSB radica en la negativa de Telegram a eliminar un popular bot de citas denominado «Leo Match», una herramienta que ya se encontraba prohibida en territorio ruso. Según los servicios de seguridad, agentes de la inteligencia de Ucrania utilizaban este canal haciéndose pasar por mujeres jóvenes para contactar a hombres rusos, ganarse su confianza y, posteriormente, extorsionarlos.

El objetivo final de este chantaje, sostiene Moscú, era obligarlos a involucrarse en actividades terroristas. El saldo de esta presunta operatoria ya dejó a 46 ciudadanos rusos —de entre 12 y 22 años— detenidos desde julio de 2025 en diversas regiones del país. A los jóvenes capturados se los acusa de perpetrar ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad y de cometer actos de sabotaje dirigidos contra infraestructuras críticas, tanto energéticas como de transporte.

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La paradoja de Telegram y el cerco digital

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La drástica medida contra Durov expone una profunda contradicción dentro de la estructura estatal y social rusa. Telegram es actualmente uno de los servicios de mensajería más populares del país, y su uso no se limita a los ciudadanos de a pie: es una plataforma de comunicación central para el propio Kremlin, los principales ministerios y las fuerzas del orden.

A pesar de esta dependencia operativa, el gobierno de Vladimir Putin, inmerso en la ofensiva bélica en Ucrania desde febrero de 2022, viene impulsando restricciones digitales sin precedentes en su territorio. Este endurecimiento del control estatal también ha afectado a aplicaciones occidentales como WhatsApp, a las que Moscú acusa de atentar contra la seguridad nacional.

El historial de tensiones entre Durov y el Kremlin no es nuevo: en 2018, las autoridades rusas ya habían intentado bloquear Telegram de forma masiva, un esfuerzo que terminó en un fracaso y las obligó a dar marcha atrás.

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El frente judicial en Francia y su refugio en el Cáucaso

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Durov, un libertario declarado que defiende a ultranza la confidencialidad en internet y rechaza de plano la moderación de contenidos, suma así un nuevo frente de conflicto internacional. Nacido en Rusia y portador de pasaportes de Francia y los Emiratos Árabes Unidos, el empresario ya se encuentra procesado por la justicia francesa desde 2024.

Su detención se produjo en agosto de ese año, ni bien bajó de su avión en un aeropuerto cercano a París. En Francia, enfrenta cargos por no haber tomado medidas contra la difusión de contenidos vinculados al crimen organizado en su plataforma. Tras pagar una fianza de 5 millones de euros, Durov quedó sujeto a un estricto control judicial que, en un principio, le impedía salir del país y lo obligaba a presentarse cada dos semanas en una comisaría.

Sin embargo, su situación legal en Europa se flexibilizó a lo largo de 2025. Primero logró que se levantaran las medidas restrictivas de viaje, lo que le permitió trasladarse a Dubái, ciudad donde había establecido históricamente su base operativa. Posteriormente, en una segunda etapa, la justicia francesa eliminó la obligación de comparecer periódicamente en la comisaría de Niza, liberándolo del requisito de regresar a Francia cada 14 días.

Lejos de volver a territorio francés o de entregarse a las autoridades rusas, el derrotero del magnate sumó un nuevo destino en las últimas semanas. A finales de julio, Durov confirmó a través de su propio canal de Telegram que decidió abandonar Medio Oriente para instalarse en Georgia, la exrepública soviética ubicada en la región del Cáucaso, desde donde ahora deberá enfrentar el nuevo pedido de captura emitido por Moscú.