El calendario electoral permite fortalecer los traspasos de gestión
Definir cuándo votamos también decide cuánto tiempo habrá de transición para que una gestión entregue y otra reciba la administración en forma ordenada
La discusión sobre las fechas electorales comenzó a instalarse con fuerza en la agenda de 2027. Es un debate importante, porque permite discutir la autonomía, los costos, la participación y la agenda propia de cada jurisdicción. También abre una oportunidad: incorporar al análisis cuánto tiempo quedará entre la elección y la asunción y cómo se organizará el traspaso de gestión y el período de transición.
Para la sociedad, la fecha no sólo determina cuándo deberá votar. También incide en las condiciones en que continuarán los servicios, las obras, los programas, los contratos y las obligaciones del Estado cuando cambien las autoridades. Conocer estas implicancias permite ampliar la conversación y comprender que el calendario electoral también es una decisión de gestión.
Los procesos de traspaso han comenzado a consolidarse como una buena práctica de gobierno. La transición es el período político entre la elección y la asunción; el traspaso es el trabajo técnico, administrativo y documental que ayuda a que el Estado siga funcionando, porque le brinda información a la gestión entrante para tomar definiciones importantes en los primeros meses de gestión. Por eso, cuando se fija una elección, también debería activarse un calendario de traspaso.
Si el plazo es demasiado breve, corresponde ordenar prioridades: disponibilidades y deudas, contratos, juicios, personal, bienes, obras y servicios esenciales. Un mínimo razonable permite que la nueva gestión conozca los compromisos inmediatos y llegue a la asunción con información suficiente para decidir.
Una elección demasiado alejada de la asunción plantea un desafío diferente. La autoridad saliente debe seguir gobernando plenamente hasta el último día y la electa todavía no puede tomar decisiones. Además, los saldos cambian, las obras avanzan y aparecen nuevas obligaciones.
El tiempo adicional puede ser valioso, siempre que existan límites claros y la información se mantenga actualizada.
Un esquema sencillo puede prever tres momentos: informe inicial, actualizaciones periódicas y cierre final cercano a la asunción. Debe establecer qué se informa, quién responde y cómo se registran observaciones y pendientes. Así, el traspaso deja de ser una acumulación de papeles y se convierte en información útil y verificable.
Las responsabilidades son compartidas. Quien entrega debe continuar gestionando y brindar información completa; quien recibe debe conformar un equipo idóneo, analizarla y respetar las competencias de la autoridad que aún está en funciones. El traspaso no es cogobierno: es cooperación institucional con reglas conocidas.
Armonizar no significa obligar a que Nación, provincias y municipios voten el mismo día ni desconocer sus autonomías. Significa considerar los efectos conjuntos de cada calendario y acordar tiempos mínimos y máximos. Un período de entre uno y tres meses puede ofrecer una referencia razonable, con mecanismos especiales cuando las normas establezcan otra distancia.
Lo que se está definiendo hoy no es solamente una fecha. También se están creando las condiciones para el próximo cambio de autoridades. Incorporar el traspaso a esta discusión es una oportunidad para fortalecer la confianza, reducir conflictos y cuidar la continuidad del Estado. Si la sociedad conoce estas implicancias, podrá valorar y exigir mejores reglas. Ese avance no favorecerá a un gobierno ni a un partido: beneficiará a la ciudadanía.
* Contadora pública. Expresidenta del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.
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