La otra crisis que quedó expuesta

La situación de las cárceles rionegrinas quedó expuesta. La falta de infraestructura adecuada, las malas condiciones de habitabilidad, la sobrepoblación y las inversiones que no alcanzan fue parte del debate legislativo cuando se trató el jueves la incorporación de la reiterancia en el Código Procesal Penal, como una de las condiciones para pedir la prisión preventiva.

La asociación que se hizo es que, con la inclusión de este concepto que implica causal de prisión preventiva el hecho de que una persona esté imputada por otro delito, de cualquier orden y no solo doloso, ocasionará indudablemente un crecimiento de la población carcelaria en un sistema ya colapsado.

Hoy en las cárceles rionegrinas hay 1.338 presos y la capacidad real entre todos los establecimientos penitenciarios es de 1.169. Hay 169 internos de más, sumado a que hay 38 condenados y 126 procesados alojados en comisarías.

Para el oficialismo la situación actual no reviste gravedad. Hoy están en proceso licitatorio la construcción de pabellones nuevos en los penales de Viedma y Cipolletti, con capacidad de 72 internos cada uno. Con la inversión no alcanzará para redistribuir los internos ni absorber a los que hoy están en comisarías, mucho menos para los nuevos presos que llegarán con la reiterancia.

La oposición tuvo encendidos discursos vinculados a la falta de inversión, las malas condiciones de las cárceles, a la violación de los derechos humanos que años atrás calificó la Comisión Nacional contra la Tortura cuando una comitiva recorrió los penales y pidió estándares mínimos. También se cuestionó la falta de consulta al Poder Judicial y al ministerio Público que podría dar cuenta de la realidad penitenciaria.

El caso del penal de Bariloche es el más emblemático del colapso. Es un hogar de ancianos en el medio de la ciudad reciclado en cárcel, sin condiciones óptimas de habitabilidad. Son habituales los hábeas corpus y acciones de amparo por su situación, incluso promovidas por los defensores penales. La APDH -que sigue de cerca la situación- hizo llegar un lapidario informe para graficar las denigrantes condiciones donde habitan 151 personas en un espacio que no debería tener más de 90, según una orden judicial. Se trata de “un depósito de personas, carente de un mínimo de dignidad”, afirmó Magdalena Odarda.

La respuesta hasta ahora han sido parches. El Gobierno dijo que busca financiamiento, pero no es su prioridad. “Si los recursos no sobran estamos convencidos que en el último lugar que vamos a poner los recursos es en las cárceles”, sinceró Facundo López, que irónicamente invitó a quienes cometen delitos a limitarse si no quieren estar “incómodos” en las cárceles rionegrinas.

La reforma que incorpora la reiterancia para pedir la prisión preventiva se aprobó por mayoría, pero quedó expuesta una realidad preocupante.

El objetivo de ir contra el gobierno nacional

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En el plano más político, el Gobierno está ocupado en preparar una denuncia penal contra Nación por las cuatro rutas que considera que están en peores condiciones o con obras inconclusas. El fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, tiene la misión de preparar un reclamo fuerte tomando como base aquella demanda que hizo el gobernador Alberto Weretilneck por la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón, cuando era senador.

El expediente ya tiene informes técnicos de las rutas 22, 23, 151 y 40, pero además se sumarán reportes de cada organismo vinculados al impacto en la producción y la industria, aportes de cámaras empresariales y municipios, y detalles del impuesto a los combustibles que la administración central no destinaría a obras viales. El gobernador quiere ser contundente y llevar el tema como bandera en el proceso electoral.