Al filo del plazo legal, la fiscalía pide que frenen el reloj de la causa Planes Sociales en Neuquén

La fiscalía de Delitos Económicos pedirá que le pongan pausa al cronómetro que mide los tiempos de la causa Estafa con planes sociales en Neuquén. Es que el 29 de noviembre se cumplirán 4 años desde que comenzó el proceso, y todavía falta que se pronuncien el Tribunal de Impugnación y el Tribunal Superior de Justicia. Si no lo hacen antes de esa fecha, habrá que dictar el sobreseimiento de todos los imputados.

El fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, confirmó a diario RÍO NEGRO que solicitó una audiencia ante un juez de Garantías para pedirle la suspensión de los plazos procesales. En los hechos, que detenga la cuenta de los días por un tiempo determinado, para no correr riesgos.

La audiencia se hará el miércoles 1 de abril ante el juez Luis Giorgetti, y se prevé que todas las defensas de los imputados se opondrán al pedido de la fiscalía.

Como informó este diario, el alerta sonó cuando le pusieron fecha a la audiencia ante el Tribunal de Impugnación: el fiscal pretendía que se haga en mayo, pero por problemas de agendamiento se fijó para el 27 de julio, después de la feria judicial de invierno.

Agosto y después

La audiencia se extenderá hasta el 12 de agosto, y una semana después se conocerá el fallo. El Tribunal de Impugnación (T), integrado por Liliana Deiub, Mauricio Macagno y Federico Sommer, resolverá si existió o no una asociación ilícita como dicen la fiscalía penal y la fiscalía de Estado, y confirmará o no las penas impuestas a los condenados.

En la peor de las hipótesis, podría ordenar que se realice un nuevo juicio de cesura ya que el TI no suele ejercer lo que se llama competencia positiva (en este caso, fijar condenas nuevas).

Cualquiera sea la sentencia de Impugnación, la acusación y las defensas apelarán al Tribunal Superior de Justicia, cuya Sala Penal goza de tiempos laxos para expedirse. Así, el 29 de noviembre no está tan lejos.

Un artículo inconstitucional

Hay un detalle: el TSJ declaró la inconstitucionalidad del artículo del Código Procesal Penal que dispone el sobreseimiento de los imputados una vez vencido el plazo total del proceso. Lo hizo en sintonía con una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero la fiscalía no quiere arriesgarse a que un problema de agendamiento -nadie propuso suspender la feria judicial ni buscar otra sede para hacer el juicio ante el Tribunal de Impugnación- la deje a merced del criterio de la sala penal del Tribunal Superior.