Chile le respondió a Quirno y le puso fecha a la ruta marítima con las Islas Malvinas: «Los países no piden permiso»

La tensión diplomática entre la Argentina y Chile sumó un nuevo capítulo de fricción a raíz de la ruta marítima que conectará a la ciudad de Punta Arenas con las Islas Malvinas. El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, descartó de forma categórica la posibilidad de solicitar permisos al Gobierno argentino para concretar el cruce de la embarcación mercantil Danstar por aguas del sur del continente. «Los países no piden permiso», sostuvo el jefe de la diplomacia trasandina, tras invocar las normativas internacionales que regulan el tránsito en los océanos.

El contrapunto verbal cobró fuerza tras una serie de declaraciones televisivas del canciller argentino, Pablo Quirno, quien exigió que las navieras extranjeras cumplan con los protocolos de autorización al atravesar zonas bajo jurisdicción nacional con destino al archipiélago. En paralelo a este choque de posturas, la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) confirmó de manera oficial que el primer viaje del buque chileno zarpará hacia Puerto Argentino el próximo 17 de diciembre de 2026, una decisión que reactiva un corredor comercial inactivo durante más de quince años.

El resurgimiento de esta ruta mercantil enciende las alertas en la Casa Rosada debido al temor de un posible soporte logístico para el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. Toda la controversia bilateral se desarrolla con el telón de fondo de las recientes audiencias en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo. En ese tribunal, la delegación argentina exigió una medida cautelar urgente para congelar el saqueo de hidrocarburos antes de los inicios de las perforaciones físicas en el lecho marino.

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El cruce de declaraciones y los giros diplomáticos

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La mecha de este nuevo conflicto se encendió el lunes por la noche, cuando el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina fijó su postura en la señal A24. «Por el estrecho de Magallanes pasan miles de barcos por año. Hay miles de barcos que piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas», señaló Quirno para justificar el reclamo nacional sobre los permisos de paso.

Las palabras del funcionario de Javier Milei cayeron mal en Santiago de Chile y motivaron la rápida respuesta de su par.

Frente a los cuestionamientos argentinos, Pérez Mackenna recurrió al marco normativo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) para validar la operación de la naviera Easter Island. «Chile cree en el derecho para la libre navegación, esa está garantizada, el derecho al libre paso, el paso inocente, como se llama en el derecho marítimo de la Convemar. Y confiamos que ese derecho se respetará», precisó el canciller chileno ante la prensa local.

Este cortocircuito rompió con el clima de aparente tranquilidad que los mismos funcionarios lograron forjar a principios de noviembre. Semanas atrás, durante el plenario del G20 en Atlanta, Quirno emitió un discurso en defensa del libre comercio mundial. «Defendimos la libertad de navegación y el respeto del derecho internacional. Ningún país puede obstruir el tránsito marítimo y desconocer las reglas internacionales», sentenció el diplomático argentino en aquella oportunidad.

Ese mensaje inicial en el G20 llevó alivio al gobierno de Chile y fue capitalizado por el vocero Gonzalo Arenas para desescalar la tensión de forma temporal. «Lo importante es lo que opinan los Estados y el Estado argentino y el Estado chileno tienen una relación fluida», destacó Arenas en su momento, con la intención de aplacar los rumores de la inteligencia de su país sobre un posible evento crítico en la zona sur.

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La confirmación de la ruta y las quejas por el rol de Uruguay

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Más allá de los roces políticos, el proyecto comercial avanzó sin demoras operativas. La FIDC anunció la apertura de recepción de cargas en la ciudad chilena para el zarpe del Danstar programado para el 17 de diciembre. Los operadores fijaron estrictas fechas límite en las bodegas de Logisur en Punta Arenas: los productos no perecederos se recibieron hasta fines de noviembre, los alimentos de vida útil corta tuvieron plazo hasta el 4 de diciembre, y las cargas de frutas, verduras y congelados se aceptarán hasta el 14 de diciembre.

La intención de Chile es abastecer a las islas de forma alternativa a la conexión que opera de manera regular desde Uruguay. En la actualidad, Montevideo es la única conexión marítima con Sudamérica, lo cual implica un trayecto de casi 2000 kilómetros. Desde Punta Arenas, la distancia se recorta a la mitad. «Queremos ser el gran supermercado de las islas», afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, para defender el carácter comercial y los beneficios económicos de la operación para su comunidad.

En medio de la polémica, un grupo de diplomáticos chilenos dejó filtrar a los medios su indignación ante la postura de la Casa Rosada. Los funcionarios del país vecino se mostraron molestos porque Argentina tolera desde hace años el intercambio regular entre el archipiélago y Uruguay, pero concentra las presiones y exigencias administrativas contra las embarcaciones de bandera chilena, Según indicó La Nación a través de las agencias ANSA y Xinxua.

Si bien la Cancillería argentina niega la versión de un incidente forzado, la desconfianza persiste ante la magnitud del buque de 72 metros de eslora.

Para intentar separar las aguas, el vocero presidencial argentino, Adrián Ravier, aclaró días atrás los alcances de la molestia oficial. «El corredor comercial, en principio, es independiente del apoyo logístico para la exploración y la explotación de recursos de hidrocarburos en la zona en disputa», concluyó Ravier, para refrendar el compromiso que asumió el presidente José Antonio Kast de no colaborar con el negocio petrolero.

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La pelea de fondo en el Tribunal del Mar por el petróleo británico

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La reactivación de esta ruta logística coincide con el punto más álgido de la disputa jurídica internacional por los recursos del Atlántico Sur. La delegación argentina cerró este miércoles su alegato en la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, para exigir a los 22 magistrados el dictado inmediato de una medida cautelar que paralice el proyecto Sea Lion. La estrategia nacional, liderada por la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy y el embajador Mario Oyarzábal, apuntó a frenar el inminente daño antes de los inicios de las extracciones masivas.

Durante las audiencias, el jurista Nico Schrijver alertó que el consorcio británico-israelí abandonó la fase de exploración el 10 de diciembre de 2025 y planifica la perforación de 26 pozos submarinos para extraer 310,5 millones de barriles de crudo. «Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo. Es ahora o nunca», advirtió Schrijver al estrado, tras recordar que la sustracción de este recurso natural no renovable provocará un perjuicio material imposible de restituir en el futuro.

Por su parte, el jurista Marcelo Kohen desarmó la defensa de la procuradora británica Ellie Reeves mediante la invocación de la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas. «La disputa por la soberanía no transforma las áreas marítimas alrededor de las Malvinas en una especie de mar británico donde el Reino Unido sería libre de explotar recursos como le plazca«, fustigó Kohen. El experto recordó que la resolución de 1976 instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales, un mandato sancionado para frenar las ambiciones de Londres tras la misión económica del Informe Shackleton.

El tribunal internacional ingresó en fase de deliberación reservada para emitir un fallo provisorio en las próximas semanas. Frente a la contundencia de los reclamos argentinos y la urgencia procesal, el primer ministro británico Andy Burnham desplegó una ofensiva geopolítica paralela. Según reportes internacionales, Burnham mantuvo contactos telefónicos con el mandatario chileno José Antonio Kast y con el presidente estadounidense Donald Trump para buscar apoyo diplomático y blindar comercialmente a la cuenca de las Islas Malvinas.