Comunidades mapuches en alerta por la entrega de tierras para el Hidrógeno Verde

El proyecto oficial indica la cesión de hasta 625.000 hectáreas de tierras fiscales a la empresa Fortescue. Advierten que esa superficie "en su mayoría" está ocupada por pobladores indígenas.





Comunidades mapuches de la Zona Atlántica advirtieron a los legisladores que el proyecto para la cesión de 625.000 hectáreas de tierras fiscales para que la empresa Fortescue desarrolle el plan de Hidrógeno Verde colisiona con las parcelas ocupadas en su mayoría de pobladores indígenas.

La Legislatura prevé tratar mañana en sesión el proyecto de iniciativa privada de la empresa australiana, que la gobernadora Arabela Carreras impulsó semanas atrás.

Las comunidades exigen la “rectificación del proyecto con la inclusión de la participación indígena” y también un informe de impacto social, cultural y ambiental.


¿Qué dice el proyecto por la cesión de tierras fiscales?


El proyecto que analizarán los legisladores indica que el Estado provincia adjudicará “el uso de tierras fiscales” para “la ejecución del proyecto” y habla de una cesión de hasta 625.000 hectáreas. Por la superficie cedida la provincia cobrará un canon y se dividirá en “tierra en producción” (afectada a la infraestructura) y aquella “retenida para etapas futuras”.

La cuestión de la cesión de tierras generó preocupación entre las comunidades mapuches que se reunieron en Sierra Grande con referentes del Codeci y del parlamento Mapuche-Tehuelche, para expresar su cuestionamiento.


El planteo de las comunidades mapuches


La nota presentada a la Legislatura lleva unas 16 firmas de referentes de comunidades y apunta a que las tierras fiscales de las cuáles habla el proyecto “en su mayoría están ocupadas por comunidades indígenas y pobladores dispersos Mapuche-Tehuelche en la provincia de Río Negro”.

Expresaron que “los territorios ancestrales que ocupan las comunidades indígenas son territorios indígenas”.

Cuestionaron también que el proyecto que la gobernadora elevó a la Legislatura no contempla la referencia constitucional al derecho indígena y a la Ley Integral del Indígena 2.287 que fue ratificada por la provincia.

“Se violan los derechos constitucionales de las comunidades y pobladores dispersos”, advirtieron en la nota en la que agregaron que “no tienen en cuenta el consentimiento previo, libre e informado, ante esta iniciativa privada impulsada por el Estado”.

Como tercer punto de cuestionamiento, indican las comunidades que no se contempla un plan de manejo del área natural protegida Meseta de Somuncura, de la cual las comunidades de la zona “aún no tienen participación por desidia de todos los gobiernos provinciales en democracia”.

Las comunidades advierten que “de no respetarse” sus derechos, recurrirán “a todos los organismos competentes tanto en el plano nacional como internacional”.


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