Conflicto mapuche: la Justicia exige blindar con policías el predio en disputa en Villa La Angostura
Es el terreno donde permanece la comunidad mapuche Melo, al este de la localidad cordillerana, sobre la Ruta 40. La medida busca cerrar el paso para "nuevos ocupantes, objetos y bienes".
El Juzgado Civil de Villa La Angostura solicitó a la Policía de Neuquén medidas para garantizar «el resguardo» del lote que desató un extenso proceso judicial entre dos comunidades mapuches y la propietaria de las tierras, ubicadas a orillas del lago Nahuel Huapi.
La orden fue enviada a la Dirección de Seguridad Interior de Junín de los Andes con el objetivo de «adoptar las medidas necesarias» y evitar la «introducción de nuevos ocupantes, objetos o bienes» que excedan los del «uso necesario y común de los ocupantes actuales«.
«Entorpecer, dificultar o imposibilitar»
La solicitud especifica que se refiere a los materiales que tengan por única finalidad «entorpecer, dificultar o imposibilitar» en medida alguna la ejecución en desahucio que se encuentra en trámite.
El escrito fue emitido el lunes pasado por la oficina judicial a cargo del juez Francisco Astoul Bonorino en relación con la restitución del Lote Pastoril N°42, conocido por ser el escenario de una prolongada disputa entre su propietaria, María Cristina Broers, y las comunidades Quintriqueo y Melo.
El litigio comenzó en 2011 con la denuncia por parte de la titular del inmueble, quien denunció que el predio había sido intrusado y ocupado de forma ilegal.
Después de un proceso judicial que terminó con sentencias negativas para la postura mapuche en reiteradas instancias, la situación llegó a su máximo punto de tensión el pasado 19 de agosto, cuando un operativo de seguridad montado por la Policía provincial y secundado por personal de Gendarmería en la Ruta Nacional 40, lindante al lote, retiró del lugar a la comunidad Quintriqueo.
El desalojo no alcanzó a los Melo, que lograron continuar en el sitio, en otra porción del campo que tiene más de 600 hectáreas de bosque andinopatagónico, arroyos y costa de lago propia, en uno de los rincones más valorados, y también cotizados, del sur neuquino.
El pedido de la propietaria
El abogado de Broers, Guillermo Hensel, insistió con la restitución completa del lugar. Y solicitó la continuidad del desalojo, operativo que por acuerdos políticos en Neuquén, debe cumplir con un protocolo para realizarse, en especial con comunidades mapuche.
El planteo fue abordado por Bonorino, quien volvió a ordenar a los ocupantes que se retiren del lugar con la advertencia de hacer efectiva la medida por la fuerza de no avalarla en cinco días hábiles.
Si bien este mandamiento no se cumplió, el apoderado legal de la propietaria recurrió una vez más al juzgado civil para obtener una medida cautelar y cerrar el paso hacia el predio en el que se encuentran los Melo.
El letrado advirtió por mensajes difundidos en redes sociales donde supuestamente se incentivaba la permanencia en el terreno, reclamado como ancestral y propio por parte de la comunidad.
Bonorino, en el oficio emitido a principios de semana, fijó un plazo de 72 horas para que la dirección de Seguridad Interior presente al juzgado «el informe detallado indicando la disposición de los recursos humanos, de apoyo preventivo y logístico que serán aplicados a los fines de dar cumplimiento fehaciente a las medidas de resguardo dispuestas sobre el inmueble», ubicado entre los kilómetros 2081 y 2082 de la Ruta 40.
Según consta en la presentación de Hensel, el abogado había solicitado la presencia de la Policía provincial, pero también de la Gendarmería. El pedido de la representación de Brores era que se instalara «una consigna policial permanente» y un «cordón de restricción en los accesos» del terreno.
La medida cautelar argumentaba su urgencia en el cumplimiento de la sentencia judicial, favorable a la restitución, y en la oportunidad de evitar cualquier «maniobra de atrincheramiento«.
Plantean cuestionamientos al proceso
La comunidad, por su parte, rechaza el reinicio del desalojo. Virgilio Sánchez, abogado de la parte mapuche, ha planteado la nulidad del proceso y afirma que la denuncia original que dio lugar al procedimiento no contemplaba a los Melo, lo que implicaría una irregularidad.
En medio del conflicto se sumó el reconocimiento de la personería jurídica por parte del Gobierno provincial. Fuentes oficiales aclararon más tarde que esa disposición no implicaba un reconocimiento territorial ni tampoco modificaba el escenario legal vigente.
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