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Diputados comenzaron el debate de la ley de consulta previa a comunidades mapuche en Neuquén: los planteos
Tras la sorpresiva suspensión de la semana pasada, ayer se debatió por primera vez en la comisión. Evalúan convocar a la Confederación Mapuche.
La comisión también trató el presupuesto 2024 del Poder Judicial. Foto: Matías Subat.
Los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales trataron ayer, por primera vez y a más de ocho meses de su ingreso, el proyecto para convertir en ley el protocolo de consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas de Neuquén.
La semana pasada ya había sido incorporada al orden del día, pero una interna generada dentro del oficialismo por un tema ajeno a la comisión hizo que se suspendiera el encuentro, que finalmente se concretó ayer a la mañana.
La diputada María Fernanda “Marita” Villone (MPN) fue la encargada de defender la iniciativa y recordar que había sido presentada por el gobernador Omar Gutiérrez el 1 de marzo. “Bien lo decía él en su momento, que quería darle rango de ley a esto que se ha trabajado intensamente en la provincia con todas las comunidades”, afirmó.
La consulta previa se debatió y acordó el año pasado entre el Poder Ejecutivo y los integrantes de los consejos zonales de la Confederación Mapuche. En enero, el gobernador firmó el decreto que convalidó el protocolo, cuyo objetivo es que la provincia cumpla con el Convenio 169 de la OIT respecto a la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de concretar proyectos u otras que puedan afectar sus territorios.
Villone defendió ayer que Neuquén “es una provincia intercultural desde la hora cero” y que “siempre ha tenido mucho diálogo con las comunidades”. “Están los resultados que hemos tenido durante décadas, saben que se han concretado muchísimas acciones y que, ya antes del decreto, se venía trabajando de esta forma a diferencia de otras provincias donde se han dado conflictos”, aseguró.
La legisladora, de vínculo muy cercano a Gutiérrez pero también al gobernador electo Rolando Figueroa, dijo que el objetivo del tratamiento es “darle tranquilidad a las comunidades de acá en adelante, van a tener una ley que los va a respaldar”.
“Confiamos en que en el gobierno entrante, que conoce mucho de esto y siempre ha trabajado en conjunto, se va a continuar así la ley no se concretara”, sostuvo.
En la comisión solo tomaron la palabra dos legisladores más. Mariano Mansilla (UNE-Frente de Todos) dijo que valoraba que se tratara el proyecto, pero criticó que tardó “largas décadas de lucha” en concretarse. Por otra parte, Andrés Blanco (PTS-FIT) pidió que se mantenga la iniciativa en comisión y se invite a referentes de la Confederación Mapuche, quienes tendrían algunas observaciones para aportar al texto presentado.
Ayer hubo integrantes de la organización en la Legislatura, pero no participaron de la reunión.
Por fuera de la ley de consulta previa, el gobierno tiene por delante definir qué hará con la creación del Registro Especial de Comunidades, comprometido como parte del paquete, y con las cinco personerías jurídicas que reclama el sector de Jorge Nahuel y a las cuales se oponen otras comunidades. Ese debate corre, por ahora, por un carril ajeno a la Legislatura.
Tratamiento para el presupuesto del Poder Judicial
Los diputados trataron también el presupuesto 2024 del Poder Judicial. Karina Reina, a cargo de la Administración General, expuso los números estimados para el año que viene, los cuales ascienden a 102.500 millones de pesos tanto en recursos como en gastos.
La funcionaria lo definió como “prudente” y “un presupuesto para esta época de crisis”, ya que lo tuvieron que proyectar en un contexto “muy volátil donde no sabemos qué va a pasar mañana”.
Detalló que el 90% de los gastos serán para pagar los salarios del personal, cuyos incrementos lo tornan “totalmente inelástico”. El año que viene necesitarán una asistencia del Tesoro de casi 39.000 millones.
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