Dólar colchón: el Gobierno excluirá a funcionarios del régimen de inocencia fiscal tras la polémica con Adorni
El oficialismo buscará dictaminar el proyecto este miércoles en Diputados e incorporará restricciones para la clase política con el objetivo de destrabar las negociaciones y asegurar el apoyo de los bloques aliados.
Foto: Gentileza.
En un intento por garantizarse el respaldo de los bloques aliados, el oficialismo buscará firmar dictamen este miércoles 12 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal de la Cámara de Diputados para avanzar con el proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal. La iniciativa, que quedaría lista para ser tratada en el recinto el próximo 26 de agosto junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, incluirá una restricción clave: los funcionarios de los tres poderes del Estado no podrán adherirse a los beneficios plenos del Régimen Simplificado de Ganancias (RGM), así como tampoco a la exteriorización de fondos no declarados o «dólares del colchón».
Las negociaciones, lideradas en una primera instancia por Martín Menem, apuntan a destrabar una ley que el Gobierno considera fundamental para formalizar unos 179 mil millones de dólares que actualmente se encuentran fuera del sistema. Los cambios habían sido anticipados por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien durante un desayuno en la Fundación Mediterránea advirtió que los funcionarios deben tener coherencia en sus declaraciones juradas y «no pueden sacar dólares del colchón».
El borrador del proyecto establece en su artículo 42 que tanto los Grandes Contribuyentes Nacionales como los funcionarios públicos solo podrán adherir a la modalidad simplificada al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar el pago, pero sin gozar de los efectos liberatorios, presunciones ni demás beneficios.
Según el artículo 38 bis, esta restricción alcanza a quienes desempeñen o hayan desempeñado cargos en los últimos cinco años. Esto incluye, entre otros:
- Funcionarios con jerarquía no inferior a secretario de Estado en la Administración Pública centralizada o descentralizada a nivel nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Legisladores nacionales, provinciales, municipales o parlamentarios del Mercosur.
- Magistrados del Poder Judicial en todos sus niveles.
- Magistrados del Ministerio Público a nivel nacional, provincial, municipal o porteño.
- Defensores del Pueblo y adjuntos.
- Miembros del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento.
Además de las exclusiones políticas, el Ministerio de Economía incorporó cambios técnicos tras reuniones con estudios contables para mejorar el bajo nivel de adhesiones de la norma original aprobada en diciembre.
La nueva versión elimina los topes que exigían no superar ingresos anuales por $1.000 millones ni patrimonios de $10.000 millones, abriendo el régimen a todas las personas humanas.
Asimismo, se redefinió el concepto de «discrepancia significativa», que ahora solo permitirá a ARCA rechazar la declaración si la diferencia supera el 15% del impuesto y, en simultáneo, el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria (actualmente $5 millones).
En caso de objeción, el contribuyente contará con 15 días para corregir la situación y conservar los beneficios. Pese a estos avances, en el oficialismo reconocen que es difícil lograr las dos sanciones antes del 27 de agosto, fecha límite para la presentación de Ganancias.
El fantasma de Adorni en el proyecto de Inocencia Fiscal
La decisión de excluir a los funcionarios, exigida en el debate en comisiones por sectores dialoguistas, es una respuesta directa a los cuestionamientos que surgieron cuando el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, reconocieron tener miles de dólares no declarados y adhirieron al régimen simplificado en plena investigación por enriquecimiento ilícito.
La polémica se había originado cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, presentaron el proyecto en el Palacio de Hacienda. En esa oportunidad, tributaristas que acompañaban a los funcionarios, como Sonia Becherman y Ricardo Paolina, confirmaron que la normativa no contemplaba restricciones para quienes ejercen la función pública. «El acceso lo puede tener cualquier funcionario del poder ejecutivo, judicial», había aclarado Paolina.
Esta situación encendió las alarmas en el arco opositor, que calificó la iniciativa como un mecanismo de protección encubierta y un «traje a medida». El diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) embistió contra lo que denominó la «doctrina Adorni», señalando que la ley anterior fue utilizada por Adorni, Francos, Sturzenegger, Felipe Núñez y Espert.
Por su parte, el legislador Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto alternativo para excluir expresamente a los funcionarios y Personas Políticamente Expuestas (PPE), advirtiendo que la norma original contradecía los estándares internacionales del GAFI.
La controversia paralela por los créditos del Banco Nación
El debate por los privilegios fiscales de la dirigencia se suma al otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza, un hecho que derivó en un pedido de investigación impulsado por la oposición.
Entre los casos más resonantes revelados por el sitio «Cuánto deben» figuran el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del BICE, Felipe Núñez, con créditos que rondan los 370 millones de pesos. También trascendió el caso de Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, quien a sus 24 años obtuvo un préstamo por 357 millones de pesos tras ingresar a trabajar en el Congreso en 2024.
La línea crediticia utilizada, denominada «Más hogares con BNA», ofrece beneficios exclusivos para empleados o contratados del sector público que no están disponibles en la banca privada, tales como cubrir hasta el 90% del valor de la propiedad, extender la relación cuota/ingreso al 30% y otorgar tasas notablemente más bajas.
Tanto Luis Caputo como el presidente Javier Milei salieron a defender públicamente estas adjudicaciones. El mandatario argumentó en la TV Pública que los préstamos no vulneraron los valores morales de su gestión, indicando que tomar un crédito no «mató gente» ni violentó el derecho a la libertad. Por su parte, Caputo minimizó las sospechas y aseguró que «no hay nada ilegal y mucho menos inmoral», sosteniendo que las tasas, plazos y montos son iguales para todos los clientes.
No obstante, desde la oposición, el diputado Esteban Paulón cuestionó las aprobaciones y denunció irregularidades específicas, apuntando que Furiase consiguió el préstamo para su tercera vivienda y que la legisladora Lorena Villaverde habría sido aprobada pese a tener una orden de embargo por una causa de estafa inmobiliaria.
Ante esta situación, el gremio ATE convocó a más de 1.000 delegados a solicitar créditos masivamente para exigir las mismas condiciones de financiación que obtuvieron los dirigentes gubernamentales.
En un intento por garantizarse el respaldo de los bloques aliados, el oficialismo buscará firmar dictamen este miércoles 12 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal de la Cámara de Diputados para avanzar con el proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal. La iniciativa, que quedaría lista para ser tratada en el recinto el próximo 26 de agosto junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, incluirá una restricción clave: los funcionarios de los tres poderes del Estado no podrán adherirse a los beneficios plenos del Régimen Simplificado de Ganancias (RGM), así como tampoco a la exteriorización de fondos no declarados o "dólares del colchón".
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