El Gobierno de Javier Milei aplazó el freno a las contrataciones estatales y fijó nuevas condiciones
Un decreto prorrogó la suspensión de contrataciones en el sector público nacional, con excepciones y condiciones para nuevas altas.
El Gobierno Nacional extendió la suspensión de las contrataciones en el sector público. La decisión se formalizó con un decreto publicado en el Boletín Oficial y se inscribe en la política de reducción de la planta estatal.
Nuevo decreto del Gobierno limita contrataciones públicas
La medida alcanza a todas las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional. El texto establece que “no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad”.
La disposición quedó plasmada en el decreto 934/2025, que detalla el alcance de la prohibición. El Gobierno precisó que rige para distintas formas de vinculación laboral dentro del Estado.
El freno incluye las plantas transitorias y los contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público. También abarca contratos laborales, locaciones de servicios profesionales y designaciones transitorias en cargos de planta permanente.

La norma suma además las contrataciones financiadas por estatutos especiales o por fuentes extrapresupuestarias. El esquema busca limitar el crecimiento de la estructura estatal en diferentes áreas.
Ajuste en el Estado: se extiende la suspensión de ingresos
El decreto fija excepciones para áreas consideradas estratégicas o con regímenes especiales. Entre ellas se incluyen universidades nacionales, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, y el Servicio Penitenciario Federal.
También quedaron contemplados el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales. Se suman hospitales nacionales, institutos de investigación del Ministerio de Salud y personal de gabinete.
En los casos exceptuados, cada incorporación deberá respetar una relación de dos bajas por cada alta. Se computan renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalización de contratos ocurridas durante 2026.
El texto aclara que no se consideran las bajas por planes de retiro voluntario o acuerdos de desvinculación. Además, cada alta requerirá validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.
Con información de Agencia de Noticias Argentinas.