El Gobierno echó de la Aduana a Ricardo Echegaray por una condena judicial
Echegaray inició su carrera en la Aduana de Río Gallegos y luego pasó a ocupar distintos cargos en la administración pública nacional. Permaneció durante las tres gestiones kirchneristas y, posteriormente, fue designado en 2016 como representante de la oposición en la Auditoría General de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.
El Gobierno nacional dispuso la exoneración de Ricardo Echegaray de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo en el que se desempeñaba como empleado de planta permanente de la Aduana desde hacía más de 30 años.
La decisión fue adoptada mediante una resolución publicada este lunes y se fundamenta en la condena a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió Echegaray en la causa conocida como «Oil Combustibles». La sentencia se encuentra apelada por su defensa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Conforme lo previsto en el artículo 10 del Régimen Disciplinario Unificado de ARCA: ‘Son causales para imponer exoneración (…) 7.- Imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de la función pública’”, sostuvo el organismo en la resolución.
Echegaray fue una figura relevante durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En 2004 asumió como director general de Aduanas, en 2007 fue designado al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y, desde 2009, se desempeñó como titular de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Tras el final de la gestión kirchnerista, continuó trabajando en la Aduana como empleado de planta permanente. En los últimos años cumplía funciones en un área vinculada al sector automotor.
La condena por la causa Oil Combustibles
La situación de Echegaray se vio modificada a partir de distintas resoluciones judiciales adoptadas en los últimos meses.
En diciembre de 2021, el Tribunal Oral Federal N.º 3 lo condenó a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
La causa investigó el plan de facilidades de pago otorgado por la AFIP a la empresa Oil Combustibles. Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron absueltos en ese expediente.
La condena fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que la Corte Suprema ordenara revisar el sobreseimiento de los empresarios involucrados.
La defensa de Echegaray intentó llevar el caso al máximo tribunal mediante un recurso extraordinario, pero el planteo fue rechazado el mes pasado.
Para ARCA, esa decisión habilita la aplicación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos prevista en la sentencia.
“De acuerdo a la normativa que resulta de aplicación, no existiendo recursos judiciales pendientes de carácter suspensivo contra la aludida decisión judicial, corresponde dar cumplimiento a la inhabilitación dispuesta, a través del dictado del acto administrativo pertinente disponiendo la exoneración”, indicó el organismo.
La situación judicial pendiente
La defensa del ex titular de la AFIP mantiene una presentación ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja, cuya resolución aún está pendiente.
Si el máximo tribunal rechaza ese planteo, la condena quedará firme y en condiciones de comenzar a ejecutarse.
Echegaray inició su carrera en la Aduana de Río Gallegos y luego pasó a ocupar distintos cargos en la administración pública nacional. Permaneció durante las tres gestiones kirchneristas y, posteriormente, fue designado en 2016 como representante de la oposición en la Auditoría General de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.
La causa Oil Combustibles fue el único juicio oral en el que recibió una condena.
También fue juzgado en expedientes vinculados al intento de ingreso al país de la valija con 800 mil dólares transportada por Guido Antonini Wilson en 2007, la importación irregular de vehículos diplomáticos para la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán y una denuncia iniciada por el exministro de Economía Adolfo Prat-Gay. En todos esos casos resultó absuelto.
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