El Senado sancionó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad y el sector presionará por su cumplimiento
El proyecto consensuado en Diputados recibió 71 votos afirmativos. Deberá ser reglamentado a los 30 días de su promulgación. Triunfo de las organizaciones civiles y derrota para Caputo.
Corresponsalía Buenos Aires.- Cuando faltaba poco más de un mes para el vencimiento de la emergencia en discapacidad, el Senado sancionó este jueves por unanimidad una ley permanente en materia de pensiones, prestaciones y financiamiento para el colectivo. La presión de las agrupaciones y el mensaje del Papa León XIV fueron más fuertes que las pretensiones del ministro de Economía, Luis Caputo, de ajustar al sector en el Presupuesto 2027.
Pese a la resistencia del Palacio de Hacienda, el proyecto recibió 71 votos afirmativos y ninguno negativo (hubo una sola ausencia, de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti). La unanimidad se logró gracias al voto afirmativo de la schiarettista Alejandra Vigo, que finalmente desistió de pedir modificaciones y se plegó a un pedido de las organizaciones de la provincia para sancionar la ley “sin dilaciones”.
“La emergencia termina el 31 de diciembre. Como bien han planteado las organizaciones y la propia Iglesia, no podemos dejar en el aire a tantas familias que tienen personas con discapacidad y que dependen de las políticas públicas para subsistir”, fundamentó la senadora en el recinto.
La posición de Vigo contrastó con la de los diputados referenciados en el gobernador Martín Llaryora. Con Juan Schiaretti a la cabeza, habían rechazado el proyecto semanas atrás por mandato de las mismas agrupaciones (en clave crítica hacia la gestión de Javier Milei) y, según versiones, también por pedido de la Iglesia local.
De todos modos, Vigo insistió en que la ley aprobada fue “parte del milagro de la visita del Papa” y reclamó que “el Gobierno nacional se ponga a tono y actualice el pago de las compensaciones”, ya que “en esta ley se omite reparar la variación real de los aranceles desde diciembre hasta la fecha, y este desfasaje requiere un ajuste real por encima de la inflación de dicho período, por el cual quedó retrasado en un 30%”.
Qué falta para que entre en vigencia la Ley de Discapacidad
La ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla dentro de los 30 días hábiles posteriores. A partir de entonces, comenzará el próximo capítulo de la pelea: las organizaciones civiles y la oposición avisan que vigilarán de cerca el cumplimiento de la norma.
La desconfianza persiste porque la emergencia vigente no está siendo completamente acatada por el Gobierno: denuncian que el Estado adeuda compensaciones a prestadores, que los aranceles quedaron atrasados frente a la inflación y que se cajonearon miles de solicitudes de pensiones.
Aunque la Casa Rosada habría dado su compromiso de no vetar la futura ley, existieron presiones diluir la redacción de la Cámara de Diputados. Sin embargo, Patricia Bullrich se mantuvo firme en no hacer retoques. Apenas León XIV se fue del país, la titular del bloque libertario anticipó que activaría el debate: una manera más de confrontar con el Gobierno, que en lugar de tomar nota de la agenda social del Papa eligió ir por la reforma electoral.
“Hoy no estamos votando simplemente una ley: estamos votando un acuerdo social y un acuerdo político. Estamos saliendo de una emergencia para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad en todas las familias que estuvieron durante dos años en una situación de disputa”, destacó Bullrich.
En paralelo a la sanción de la ley, La Libertad Avanza retiró en el dictamen del Presupuesto 2027 el polémico capítulo que desguazaba sistema. La marcha atrás significó una derrota para el ministro Luis Caputo. En paralelo, se incluyeron en la “ley de leyes” las partidas correspondientes para cumplir con la nueva ley, según explicó la principal negociadora en nombre del oficialismo, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado.
El debate
Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió la ley: “La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo”.
Por su parte, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza) sostuvo: “Queremos dejar atrás la emergencia como forma de administrar la discapacidad queremos que las personas tengan sus derechos garantizados, no solamente cuando el Congreso declara la emergencia sino todos los días. Que una madre no tenga que preguntarse si su hijo el mes próxima va a poder continuar con el tratamiento”.
Pese al acuerdo generalizado, la oposición no omitió críticas al ajuste de Milei en materia de discapacidad. La santacruceña Alicia Kirchner, quien encabezó el debate como presidenta de la Comisión de Población, consideró que “ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida”. En ese sentido, habló de “una respuesta muy importante, pero no definitiva”.
También la senadora peronista Lucía Corpacci advirtió que al presidente Javier Milei “no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado”. Para la exgobernadora catamarqueña, “esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle”.
La flamante ley mantiene la actualización mensual de las prestaciones de discapacidad según el índice de inflación. También establece que, dentro de los próximos 30 días corridos, deberá publicarse un cronograma de pago a prestadores por las deudas acumuladas, y a los 90 días corridos deberán terminar de cancelarse todas esas deudas.
En cuanto a las pensiones, se fijan por ley los requisitos para acceder: acreditar el Certificado Único de Discapacidad e ingresos individuales que no superen los dos salarios mínimos, y aprobar una evaluación socioeconómica, entre otros. El monto de las pensiones será del 70% del haber mínimo jubilatorio.
Los titulares de todas las pensiones (ya sean por discapacidad o por invalidez laboral) tendrán derecho a un programa médico de atención y cobertura de salud. A su vez, podrán tener en paralelo un trabajo formal o un monotributo que reporte hasta dos salarios mínimos.
Por otra parte, continuarán las auditorías periódicas que decidió iniciar este gobierno, con cruce de información entre organismos como Anses, Arca y Renaper. Si se detectan incumplimientos, podrán suspenderse esas pensiones de manera preventiva.
Los gastos de aplicación de la ley serán afrontados por el Ministerio de Salud. Se identifican partidas específicas destinadas a pensiones no contributivas, atención médica y prevención y control de discapacidades. Si los créditos presupuestarios resultan insuficientes, el excedente se atenderá mediante compensaciones que afectarán otras partidas del Estado.
Asimismo, se introduce una garantía para que el ingreso por beneficiario no pueda ser menor, en términos reales, al del Presupuesto anterior. Además, la Jefatura de Gabinete podrá realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias para garantizar la continuidad de las prestaciones.
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