Inocencia Fiscal II: cuáles son los cambios centrales que el Gobierno busca aprobar en el Senado
Los cambios que busca el oficialismo se centrarán en el Régimen Simplificado de Ganancias, el nuevo umbral para las discrepancias y las garantías que reclaman los tributaristas.
El proyecto que el Gobierno impulsa está bajo el nombre de Inocencia Fiscal II (Foto: archivo)
El Congreso avanza en la discusión de una versión reformulada del régimen de regularización de activos, una iniciativa que el Gobierno nacional impulsa para intentar captar los dólares no declarados que permanecen fuera del sistema financiero.
La propuesta fue elaborada tras los cuestionamientos técnicos planteados por contadores y tributaristas sobre la normativa vigente desde fines de diciembre de 2025.
El ministro de Economía, Luis Caputo, habilitó la elaboración del nuevo texto luego de mantener reuniones con profesionales del sector, quienes advirtieron sobre las dudas que frenaban la adhesión de los contribuyentes. Con la aprobación obtenida en la Cámara de Diputados, la iniciativa pasó al Senado para completar su trámite legislativo y convertirse en ley.
La presentación contempla una reducción de las obligaciones de reporte para quienes canalicen sus fondos por las vías habilitadas. La gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, indicó que el objetivo es otorgar mayor certeza jurídica a quienes decida depositar divisas no declaradas.
Cuáles son los cambios centrales que el Gobierno busca aprobar en el Senado
Entre los cambios centrales que introduce el proyecto se destaca la flexibilización de los requisitos de ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias. Con la norma actual quedan excluidos quienes registraron ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.
El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, explicó que la reforma permitirá sumar a ese universo de contribuyentes al régimen simplificado. Sin embargo, aclaró que los grandes contribuyentes solo accederán a ese apartado específico y quedarán excluidos de la presunción de exactitud y del beneficio del tapón fiscal.
Inocencia Fiscal II: los nuevos parámetros de ARCA para definir discrepancias y evitar inspecciones
Otro de los puntos modificados refiere a la definición de la discrepancia significativa, el parámetro que determina cuándo una diferencia entre lo declarado y los datos del fisco habilita una inspección. La propuesta establece que si la variación detectada alcanza el 15% pero no supera los $5 millones, no será encuadrada como discrepancia significativa.
A su vez, el cálculo de esa diferencia tendrá un criterio de aplicación distinto al original. Según señaló el socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti, el nuevo texto fija que la discrepancia se determinará sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo a pagar, corrigiendo una distorsión de la primera versión.
En aquellos casos en los que la inconsistencia detectada por el organismo recaudador supere el umbral de los $5 millones, el procedimiento prevé un mecanismo de regularización. El contribuyente dispondrá de un plazo de 15 días a partir de la notificación de la determinación de oficio para aceptar la liquidación y cancelar la deuda.
Ghirardotti remarcó que la cancelación dentro de ese lapso permitirá mantener la presunción de exactitud y el tapón fiscal. De este modo, la norma busca ofrecer una vía de resolución antes de que se desencadene una serie de instancias de fiscalización más profundas o sanciones administrativas.
La especialista detalló que no se exigirá informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el patrimonio al inicio o al cierre del ejercicio, ni tampoco los consumos realizados durante el período. La única exigencia formal será la incorporación de los fondos en la última declaración jurada del Impuesto a los Bienes Personales.
Los beneficios fiscales se extenderán hasta finales de 2027
La iniciativa fija como fecha límite para aprovechar las garantías de presunción de exactitud y tapón fiscal el 31 de diciembre de 2027. Domínguez puntualizó que este plazo coincide con el término del actual mandato presidencial, lo que acota el período de beneficios a la presente gestión de gobierno.
Las estimaciones del equipo económico indican que existen más de US$ 170.000 millones fuera del circuito formal. La eventual sanción de la ley en la Cámara alta resulta clave para las aspiraciones del Ejecutivo de movilizar esos recursos e impulsar la actividad económica.
Con información de Infobae.
El Congreso avanza en la discusión de una versión reformulada del régimen de regularización de activos, una iniciativa que el Gobierno nacional impulsa para intentar captar los dólares no declarados que permanecen fuera del sistema financiero.
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