Irán advierte a la Argentina tras la declaración de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista
El régimen iraní calificó como una "ofensa" la inclusión de la Guardia Revolucionaria en el registro de entidades terroristas y advirtió que la medida generará consecuencias internacionales para el país. Mientras la Casa Rosada fundamenta la decisión en las pruebas de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, Teherán acusa al gobierno de Milei de ceder ante las presiones de Estados Unidos e Israel.
La relación diplomática entre la República Argentina y la República Islámica de Irán ingresó en una fase de confrontación tras la decisión del gobierno de Javier Milei de incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).
Teherán respondió mediante un comunicado de su Cancillería calificando la medida como «ilegal e injustificada», y sostuvo que la determinación genera «responsabilidad internacional» para el Estado argentino, una fórmula técnica que antecede a posibles demandas en foros globales o represalias diplomáticas.
El régimen persa vinculó la decisión de la Casa Rosada con la influencia de Estados Unidos e Israel en el marco del conflicto actual en Medio Oriente, omitiendo las referencias a las investigaciones judiciales por los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).
Desde Buenos Aires, la fundamentación de la medida se basa en informes de inteligencia y sentencias previas que señalan la participación de la estructura estatal iraní en la planificación y ejecución de ataques en territorio nacional, lo que ahora faculta el congelamiento de activos y restricciones operativas para entidades vinculadas a ese cuerpo militar.
El cruce de versiones y la política exterior
Para el gobierno iraní, y según el comunicado difundido por su embajada en Uruguay, el giro en la política exterior argentina no representa un acto de soberanía jurídica, sino una alineación con las potencias occidentales.
En su réplica, Teherán reivindicó a la Guardia Revolucionaria como una fuerza de seguridad nacional y actor en la lucha contra el ISIS, desestimando las acusaciones de operaciones encubiertas en el extranjero.
El comunicado oficial iraní afirmó que las autoridades argentinas se han posicionado en contra de sus intereses estratégicos al adoptar medidas que consideran una ofensa al pueblo iraní.
Por su parte, el Gobierno nacional ratificó que la inclusión en el RePET es una respuesta a la evidencia acumulada durante décadas sobre el accionar de la Guardia Revolucionaria en la región. Esta designación permite a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a otros organismos de control aplicar sanciones administrativas directas, limitando cualquier flujo de fondos o logística que pueda estar asociada a esta organización dentro de la jurisdicción argentina, independientemente de las protestas formales de la Cancillería persa.
La escalada discursiva incluyó críticas directas hacia el Poder Ejecutivo argentino, asegurando que la alineación con Washington y Jerusalén tendrá costos en la posición internacional del país. Irán sostiene que la medida carece de sustento en el derecho internacional, mientras que la Casa Rosada argumenta que el ejercicio de la seguridad nacional y la prevención del terrorismo son facultades exclusivas del Estado. Este escenario de fricción ocurre en un momento de alta sensibilidad, con la Operación Furia Épica desarrollándose en el Golfo.
La situación mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad locales ante la posibilidad de que la «responsabilidad internacional» mencionada por Irán derive en acciones que afecten los intereses argentinos en el exterior. Hasta el momento, la Cancillería argentina no ha emitido una nueva respuesta al comunicado de Teherán, manteniendo firme la vigencia del decreto que ubica a la Guardia Revolucionaria en la misma categoría que organizaciones como Hezbollah o Hamas dentro del registro nacional de terrorismo.
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