La coparticipación que recibe Neuquén se mete en el debate de las legislativas de octubre
El oficialismo de Rolando Figueroa promueve una discusión en el próximo Congreso sobre el reparto que se hace de los impuestos nacionales. La posición de los principales candidatos.
Los recursos que recibe Neuquén por el cobro de impuestos nacionales tocaron este año su piso, al representar apenas un 15% de los ingresos corrientes que llegan mes a mes a la provincia, cada vez más sostenida por sus regalías hidrocarburíferas y la recaudación de tributos locales como Ingresos Brutos. El gobernador Rolando Figueroa planteó como eje de la campaña para estas elecciones legislativas que el próximo Congreso deberá debatir una nueva ley de coparticipación federal, aunque no pareciera ser la prioridad para todos los espacios políticos.
El argumento «provincialista» es que, «por cada 100 pesos que aporta un neuquino, le vuelven 51» según los ratios actuales de distribución, mientras que otras jurisdicciones se ven más beneficiadas aportando menos.
Algo de eso hay. Según la información publicada por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del gobierno nacional, de enero a septiembre de este año, Neuquén recibió por coparticipación y leyes especiales 734.993 millones de pesos, mientras que a Formosa, una provincia con 100.00 habitantes menos, le llegó más del doble: 1.501.270 millones.
Esta diferencia radica en los índices de distribución secundaria de los impuestos nacionales que previó la ley 23.548 sancionada en 1988 y que quedó desactualizada. Mientras a Neuquén le corresponde, en promedio, un 1,72% del total a repartir, a Formosa le asigna un 3,78%.
Según estimaciones realizadas por la consultora Invecq, que fueron recogidas por Chequeado en 2023, la Ciudad de Buenos Aires se ubica en la peor posición en cuanto a la relación entre los impuestos recaudados y la coparticipación recibida: este distrito recibe apenas $11 de cada $100 recaudados.
En segundo lugar ubicó a Neuquén ($59 por cada $100), seguida de Chubut ($71), Buenos Aires ($76), Córdoba ($95) y Santa Cruz ($97). En el otro extremo, Formosa sería la provincia que más recursos recibe respecto a su recaudación: $551 por cada $100.
Figueroa, con estimaciones propias realizadas por su gabinete económico, agravó esa cuenta: dijo que a un neuquino le vuelven $51 mientras que a un formoseño le llegan $700.
La coparticipación en campaña: la postura de los candidatos
Para el segundo candidato a senador por La Neuquinidad, Juan Luis «Pepé» Ousset, este es «el» debate. «No solo la ley de coparticipación sino otras que también tienen coeficientes que perjudican hace años a Neuquén producto de que no se ha modificado la mirada respecto del crecimiento demográfico que han tenido las provincias ni de su aporte al PBI», afirmó.
Analizó que la actividad económica y demográfica de Neuquén, muy asociada al desarrollo de Vaca Muerta, «obligarían sí o sí a modificar los ratios que hoy son utilizados para la distribución de los recursos». «Pero me parece que tiene que ser un debate en estos términos: si la provincia aporta gas, petróleo, energía, las divisas del presente pero también las del futuro, es la cuarta economía del país y crece cuatro veces lo que crece el país, pero de los impuestos nacionales que pagamos nos vuelve la mitad y aportando el 4% del PBI nos vuelve el 1,72% de coparticipación, es evidente que hay un tema pendiente a trabajar», sostuvo.
Ousset justificó que hoy la Provincia se está sosteniendo con recursos propios y que, frente al «gran déficit» de infraestructura que tiene, se necesita que «Nación interprete y entienda que a Neuquén no solo le corresponden más recursos por justicia, sino porque es el motor y el faro que va a sacar adelante al país».
El candidato también evaluó que «hay pensar qué pasa con una provincia que de 100 pesos que aporta, recibe 700». «¿Qué esfuerzo va a ser esa provincia para mejorar sus estándares de recaudación propia, su actividad fiscal, para reformular sus gastos corrientes si ya sabe que tiene un ducto de coparticipación aunque no tenga relación ni con su cantidad de habitantes o su actividad productiva?», diferenció.
«Sabemos que tenemos que desarrollar la provincia, ordenar el Estado para orientarlo a obra pública y estamos obligados porque la coparticipación es muy poco, el 15% de los ingresos y debería ser, por lo menos, el doble», dijo.
La primera candidata a senadora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, recordó que Javier Milei, a través del «Pacto de Mayo», propuso la rediscusión de la coparticipación federal «para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual».
«Habría que ir hacia un esquema donde las provincias tengan mayor libertad y responsabilidad fiscal, recaudando ellas mismas una parte más significativa de sus recursos, lo que iría en línea con la filosofía de achicamiento del Estado central y descentralización», planteó.
Y añadió que, «así como se busca reducir la dependencia de las provincias hacia la Nación, es importante que los municipios tengan mayor autonomía y correspondencia fiscal para evitar el mismo esquema de dependencia extorsiva a nivel local».
«El objetivo final de esta rediscusión fiscal es que las provincias asuman el compromiso de ser más responsables y competitivas. Para atraer inversiones y generar empleo genuino, las provincias deberían trabajar en la reducción de impuestos, eliminando trabas y simplificando el sistema tributario», sostuvo.
La primera candidata a senadora de Fuerza Patria, Silvia Sapag, también fue consultada por Diario RÍO NEGRO, pero no había respondido al cierre de esta nota.
La ley convenio y sus interpretaciones
La ley de coparticipación federal se sancionó en 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y la posterior reforma constitucional de 1994 había ordenado elaborar una nueva «antes de la finalización del año 1996» que nunca se concretó.
La interpretación más aceptada en la jurisprudencia nacional es que se requiere de una «ley convenio» que sea votada con mayorías agravadas en las dos cámaras del Congreso y que, además, sea ratificada por las Legislaturas de cada una de las provincias, de ahí su dificultad.
Sin embargo, el gobierno de Javier Milei empezó a promover, desde su asunción, la idea de que se pueden aprobar los cambios sin pasar por las provincias.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, alentó esa idea tras la ley promovida por los gobernadores que modificó la forma de repartir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). «En general, se dice que si se cambia la ley de coparticipación se necesitaría que cada provincia lo ratifique. El Senado acaba de validar que se puede cambiar con una ley simple del Congreso», analizó.
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