La Legislatura de Neuquén debate una ley que castiga la violencia contra el personal de salud

La creación de un régimen de prevención, sanción y reparación frente a situaciones de violencia contra el personal de salud en Neuquén generó controversia ya en la primera reunión de comisión en la que se trató. Lejos de cosechar un amplio consenso, recibió observaciones o directamente rechazos.

La propuesta es similar a la que se aprobó el año pasado para la docencia. La diferencia es que aquel proyecto era promovido por el sindicato ATEN y esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo.

Los diputados y diputadas que integran la comisión de Trabajo de la Legislatura le pidieron al presidente, Francisco Lepore (Avanzar), que invite a funcionarios de Salud (el ministerio será autoridad de aplicación) y a los gremios ATE y Siprosapune (que nuclea a profesionales) para saber qué opinan sobre el tema.

Quienes ya se han pronunciado al respecto son los trabajadores autoconvocados. En un comunicado público manifestaron su oposición. «Los equipos de salud no tenemos miedo de la comunidad con quien y para quien trabajamos. No es nuestro enemigo. No necesitamos que nos protejan de ella. Sí necesitamos que se garanticen derechos en los territorios», afirmaron.

En los fundamentos del proyecto se plantea que: «En los últimos años se ha observado un aumento sostenido de episodios de agresión en guardias, consultorios, servicios de emergencia y distintos ámbitos sanitarios, generando entornos laborales inseguros que deterioran las condiciones de trabajo, incrementan el estrés profesional y favorecen el desgaste emocional del personal de salud».

Ayer la primera en oponerse fue la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir). Dijo que las herramientas para proteger las agresiones «ya están» y no es necesario «sobrelegislar». Aclaró que esto no significa «convalidar la violencia», pero lo consideró «demagógico». Aseguró que de continuar por este camino iban a sancionar regímenes especiales para «policías, jueces, diputados».

El legislador Andrés Blanco (PTS-FIT) señaló que hay que pensar en «el origen» de estos ataques. Enfatizó en que el sistema público de salud viene deteriorándose y ese vaciamiento (con falta de personal e insumos) provoca que no se brinde un buen servicio.

El diputado Marcelo Bermúdez (PRO) coincidió con Buchiniz y remarcó que el sistema punitivo era «redundante». El presidente del bloque de Comunidad, Ernesto Novoa, mantuvo su apoyo y mencionó lo que ocurre en el hospital Centenario. Contó que aún con la presencia policial, los insultos y agravios a los recepcionistas no cesan.

La legisladora peronista, Lorena Parrilli, subrayó que el presidente Javier Milei ejerce violencia y eso «naturaliza actitudes» que luego se derraman en la sociedad. Lo vinculó a una «época».

El proyecto será analizado en tres comisiones: Trabajo, Asuntos Constitucionales y Hacienda.

De qué se trata

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El texto enumera una serie de manifestaciones de la violencia que puede recibir el personal de salud: agresiones físicas, verbales, digitales y mediáticas (a través de la prensa o de redes sociales) que, mediante insultos, hostigamientos, difamaciones o amenazas directas o indirectas, tengan por finalidad menoscabar la dignidad del trabajador o generar intimidación.

También incluye el daño a bienes personales, equipamiento médico, instrumental sanitario o infraestructura del establecimiento de salud. Incluso está contemplada la obstrucción al ejercicio profesional: toda acción que entorpezca las funciones asistenciales o administrativas.

Hay algunas circunstancias que operan como «agravantes», por ejemplo si los actos de violencia se producen en presencia de otros pacientes.

Los destinatarios pueden ser profesionales, técnicos, auxiliares, personal de traslado, administrativos, de limpieza, mantenimiento y seguridad.

Las sanciones a quienes ejerzan violencia se incorporarán en el código de faltas de la provincia. Van desde multas de entre 5 y 150 JUS, pasando por trabajo comunitario en establecimientos de salud de hasta 30 jornadas, prohibiciones de ingreso a los lugares salvo situaciones de emergencia y arresto de hasta 30 días.

El valor actual de 1 JUS es de $81.129,33. El monto se actualiza periódicamente.

Entre las medidas preventivas figuran la capacitación obligatoria para todo el personal sanitario en materia de: manejo de situaciones de crisis, desescalada de conflictos, técnicas de comunicación con pacientes y familiares en contextos de tensión, derechos laborales y campañas de sensibilización.

En cuanto a la protección prevé asistencia médica y psicológica al trabajador afectado, con cobertura integral por parte del sistema de salud.