El fallo de la Corte debilitó la sesión contra el DNU 70, aunque la oposición la mantendrá en pie

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que le devolvió vigencia a la Ley de Tierras debilitó la sesión del próximo jueves 15 en la Cámara de Diputados, donde la oposición apuntaba a darle un golpe letal a todo el DNU 70/23. La sentencia del máximo tribunal alejó la posibilidad de que haya quórum ese día. No obstante, el arco no oficialista decidió mantener la convocatoria en pie y “morir con las botas puestas”.

El fallo de la Corte debilitó la sesión contra el DNU 70

Con el voto de cuatro de cinco jueces, el máximo tribunal suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU (que había derogado la Ley de Tierras) y, en consecuencia, volvieron a regir las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. Sin embargo, la cuestión de fondo sigue sin resolverse porque lo que se dictó fue una medida interina sobre un amparo presentado por la organización civil Árbol de Pie.

El trámite judicial pasó ahora al Juzgado Federal de Bariloche, que deberá resolver la legitimación de los demandantes y el pedido de medida cautelar. La pelea sigue abierta, pero el fallo de la Corte funcionó como un salvavidas para el Gobierno porque le restó motivos a los gobernadores dialoguistas para rechazar todo el DNU. En otras palabras, le ahorró a esos diputados la incómoda tarea de bajar al recinto.

Los bloques convocantes (Unión por la Patria, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal) habían logrado comprometer a los misioneros que responden a Hugo Passalacqua y a los catamarqueños de Raúl Jalil. Aun así, las cuentas más optimistas arrojaban un faltante de unos cinco diputados para llegar al quórum de 129.

Pese al escenario adverso, desde diferentes bloques anticiparon a RÍO NEGRO que la sesión seguirá en pie. Sin votos, pero con discursos, buscarán plasmar el rechazo al DNU 70 y también sostener las banderas de discapacidad y endeudamiento familiar, que también formaban parte de la agenda. En palabras del presidente Javier Milei, la convocatoria funcionará como un “principio de revelación” para exponer a aquellos que no bajen al recinto.

“Las tierras de los argentinos no pueden depender del humor de la Corte. Por eso, el próximo jueves estaremos en la sesión especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias”, ratificó el bloque de Unión por la Patria, que con sus 92 integrantes es imprescindible para cualquier jugada opositora.

La cordobesa Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), el socialista santafesino Esteban Paulón y el radical Pablo Juliano (los dos últimos, de Provincias Unidas) se pronunciaron en la misma línea. “El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso”, enfatizó Juliano.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, reforzó la presión. “Ahora que logramos ponernos de acuerdo y convocar a una sesión para rechazarlo y conseguir que caiga definitivamente, aparecen otras maniobras peligrosas. Una de ellas consiste en desviar toda la atención hacia el artículo referido a la Ley de Tierras, mientras el Gobierno intenta avanzar con la extranjerización mediante otras normas”, advirtió.

Bregman se refirió así al programa de “Ciudadanía por inversión” anunciado por el Gobierno, que consiste en que los extranjeros puedan transformarse en ciudadanos argentinos sin necesidad de acreditar residencia en el país, a través de dos vías: un aporte al Tesoro Nacional por US$ 350.000, o la suscripción de un título público de US$800.000 creado “ad hoc”. Para la oposición, la iniciativa es una vía de escape para que los extranjeros dejen de serlo y puedan comprar tierras sin límites.

Tras el fallo de la Corte, el único diputado del sexteto llaryorista que se pronunció de manera contundente a favor de mantener la sesión del 15 fue el democristiano Juan Brügge. En diálogo con RÍO NEGRO consideró que “la sociedad no puede estar a merced del humor de los jueces” y que “la única manera de ponerle fin a esto es derogando el decreto”.

Brügge hizo énfasis en la oportunidad del fallo y, además, vaticinó que la Ley de Tierras puede entrar en una maraña jurídica similar a la de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya acumula numerosos fallos de tribunales y apelaciones del Gobierno. “Argentina necesita certeza jurídica”, consideró el diputado.

Los demás representantes del PJ cordobés (Juan Schiaretti, Alejandra Torres, Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez) no anticiparon una postura, aunque los temas de discapacidad y endeudamiento familiar podrían tener peso al momento de decidir si bajarán al recinto. Hay quienes no quieren mantenerse indiferentes ante dos problemáticas sensibles.

Brügge, por su parte, puso el ojo en el voto en disidencia del juez Carlos Rosenkrantz, que fue el único en diferenciarse. En los fundamentos, el juez consideró que “no corresponde emitir ningún pronunciamiento en esta etapa procesal sencillamente porque este Tribunal carece de competencia para ello”.

De esa manera, Rosenkrantz opinó que la causa debía remitirse a la Justicia Federal de Bariloche sin dictar ninguna medida. “Tomar una decisión en esta causa sin que otro tribunal se haya pronunciado previamente implicaría ejercer una competencia originaria fuera de los supuestos previstos por la Constitución Nacional”, indicó.

Más allá de la fundamentación jurídica, la posición del magistrado fue leída como un intento de diferenciarse de un fallo hecho a una velocidad inédita para “tapar” las críticas que recibió la Corte en su pronunciamiento anterior, en el que sostuvo que el CECIM La Plata carecía de legitimidad para demandar y repuso el artículo que derogaba la Ley de Tierras.