Paritarias estatales en Río Negro: no hay fecha del Gobierno, y las posturas de cada gremio
No hay novedades oficiales de la próxima negociación. Unter conserva un paro en suspenso. UPCN apura la convocatoria. ATE mantiene silencio mientras espera, posiblemente, nuevos contactos de Rodolfo Aguiar con Weretilneck.
No hay fecha para las paritarias y el Gobierno provincial no parece apurado por retomar la negociación salarial de los estatales rionegrinos para la última parte del año.
El pago de agosto comprendió una suba del 4,21% por aplicación de la mejora bimestral fijada, cerrando la última pauta cuatrimestral de mayo-agosto.
Es cierto también que hay tiempo; sí, como se prevé, la administración provincial mantiene el esquema de aumentos bimestrales porque, en ese caso, la próxima actualización recaería en los haberes de octubre.
UPCN presentó una nota en la que exige la convocatoria al Consejo de la Función Pública. UNTER, en tanto, mantiene el paro de 48 horas ya decidido, pero todavía sin fecha, y convocó a participar de la Marcha Nacional de la Bronca, prevista para el 19 de septiembre.
ATE se mantiene expectante sobre la discusión salarial. Sus últimas reacciones estuvieron vinculadas con el sistema de control de asistencia mediante biometría facial, tras el fallo judicial favorable conocido el viernes.
Posiblemente, el gremio liderado por Rodrigo Vicente aguarde la aparición de las coordenadas de los habituales contactos previos de su secretario general nacional, Rodolfo Aguiar, con el gobernador Alberto Weretilneck.
UPCN, curiosamente, alude a esa cuestión para advertir que la nueva negociación “no puede quedar condicionada ni supeditada” a los tiempos y acuerdos que puedan surgir de los encuentros de Weretilneck y Aguiar.
UPCN y Unter
En su nota, UPCN remarcó además que la “pérdida salarial se siente diariamente en cada hogar estatal” y reclamó “discutir seriamente la recomposición del poder adquisitivo, la estructura salarial y una política de ingresos”.
Después planteó su principal definición sobre el endeudamiento de los trabajadores: “La deuda salarial es la consecuencia, pero el salario insuficiente es la causa”. Agregó que “pretender sanear el nivel de endeudamiento sin resolver previamente la insuficiencia de los ingresos implicaría actuar sobre la consecuencia sin atender la causa”.
UNTER tiene un paro de 48 horas convocado, aunque sin fecha, en caso de que no se convoque a paritarias. Después del Congreso realizado en Regina, su secretaria general, Laura Ortiz, estimó que la medida de fuerza podría concretarse a mediados de septiembre. Desde entonces no hubo nuevas precisiones.
Este fin de semana, la conducción de UNTER sí convocó a participar de la marcha nacional del 19 de septiembre. El comunicado señala al presidente Javier Milei como responsable del ajuste nacional y, para Río Negro, atribuye una responsabilidad similar al gobernador Weretilneck.
La convocatoria incorpora, además, reclamos específicamente provinciales. El gremio docente denuncia que el Ministerio de Educación reduce cargos docentes y vincula esa política con una mayor sobrecarga laboral. También insiste con sus críticas al sistema de auditorías y controles médicos implementados.
UNTER repite otras denuncias, como la falta de mantenimiento en los establecimientos escolares, las sanciones disciplinarias, los descuentos por huelga y las quitas de licencias gremiales.
El gremio plantea un paro general nacional para unificar “las luchas que enfrentan las políticas de ajuste de Milei, Weretilneck y los gobernadores que las sostienen”.
ATE y el fallo contrario al registro biométrico
Por su parte, ATE ponderó el amparo judicial en favor de unos 120 hospitalarios en contra de la obligatoriedad del registro biométrico facial.
La organización subrayó que el “Gobierno nunca consultó al personal público sobre la apropiación de datos vinculados a su integridad física”.
El sindicato insistió en que la implementación del sistema vulnera el derecho a la privacidad y a la autodeterminación, ya que los empleados no pueden disentir a la obligatoriedad de incorporar esos datos a una base estatal.
“Este es un fallo histórico que devuelve la libertad y la soberanía sobre la identidad de cada trabajador del Estado”, remarcó Vicente, en su comunicado.
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