Planes sociales: la Justicia cambió la calificación a asociación ilícita, como pretendía Figueroa
Lo resolvió por unanimidad el Tribunal de Impugnación de Neuquén. Esto implicará el agravamiento de las penas de todos los condenados.
La causa por la estafa con planes sociales dio un vuelco rotundo. El Tribunal de Impugnación (TI) cambió la calificación de los hechos tal y como había pedido el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, y la querella que representa al gobierno provincial. El fallo salió por unanimidad.
En la sentencia los jueces Marcelo Macagno, Federico Sommer y su par Liliana Deiub sostuvieron que lo que ocurrió fue una asociación ilícita en concurso real con administración fraudulenta. Esto impacta directamente en las penas, agravándolas.
La estafa fue un escándalo político que involucró al último gobierno que tuvo el MPN en Neuquén. Consistió, muy brevemente, en el desvío de fondos destinados al subsidio a la desocupación laboral, durante el periodo comprendido entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022, en el gobierno de Omar Gutiérrez. Ese dinero se acumulaba en una «caja azul» que, según se comprobó en el juicio oral, financiaba ilegalmente actividades del partido provincial.
Los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita declararon responsables a 12 personas, funcionarios y funcionarias en su mayoría del ministerio de Desarrollo Social que tenían a cargo la asignación de los planes, por el delito de administración fraudulenta agravada. Los absolvieron por asociación ilícita.
Las penas que recibieron fueron de 3 a 5 años, efectivas y algunas de ejecución condicional, como co-autores y otros como partícipes primarios.
El TI ordenó reenviar el legajo a la Oficina Judicial para que un nuevo tribunal de juicio defina las penas, acordes al cambio de calificación.
El gobernador, Rolando Figueroa, fue el que más insistió, a través de la fiscalía de Estado, con que se trataba de una asociación ilícita que había perjudicado las arcas públicas.
A valores históricos la estafa ascendió a 153 millones de pesos, una actualización la elevó por encima de los 1.000 millones de pesos.
Las nuevas condenas
El exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; el excoordinador provincial de Administración, Tomás Siegenthaler; Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales y Néstor Sánz, exdirector de Fiscalización fueron condenados como jefes de una asociación ilícita, en concurso real con administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida contra la administración pública, en calidad de co-autores.
Con la misma calificación quedó Marcos Osuna, jefe del Departamento de Gestión de Programas de la dirección de Planes Sociales. La única diferencia es que por administración fraudulenta se lo consideró partícipe primario.
Luis María Gallo, Julieta Oviedo y Laura Reznik, funcionarios del ministerio, fueron declarados responsables en su calidad de miembros de una asociación ilícita. En el caso de la administración fraudulenta fueron condenados como co-autores.
A Valeria Honorio, Isabel Montoya, Alfredo Cury y Emmanuel Victoria Contreras también se les impuso el delito de asociación ilícita, como miembros, y el de administración fraudulenta como partícipes primarios.
Solamente se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria Sánz, Soiza y Osuna.
Quieres eran empleados del Estado fueron exonerados paulatinamente por el gobierno provincial.
La escala de la asociación ilícita va de los 3 a los 10 años de prisión.
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