Previo a la marcha federal, el Gobierno aseguró que convocará a las universidades para debatir los fondos

En la antesala de la marcha federal universitaria, el Gobierno nacional ratificó su rechazo a la ley aprobada en el Congreso que financia la educación superior. Además, desde el Ministerio de Capital Humano aseguraron que convocarán a un grupo de rectores en los próximos días para redefinir el esquema de reparto de fondos destinados a los hospitales educativos.

La ministra Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, adelantaron una serie de medidas que el Ejecutivo tiene en carpeta, centradas en el control de gastos y la modificación de partidas que, según la gestión actual, se transferían de forma discrecional.

Los avisos se generaron en un encuentro abierto a la prensa previo a las grandes movilizaciones que se convocaron para este martes 12 de mayo, para reclamar actualizaciones en las partidas universitarias.

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Comisión para hospitales universitarios

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Uno de los ejes centrales del anuncio oficial es la creación de una comisión específica para debatir los fondos de los hospitales que dependen de las universidades. Según argumentó el Gobierno, existe una partida presupuestaria fija y un «refuerzo» adicional que históricamente se distribuyó sin parámetros objetivos.

El subsecretario Álvarez sostuvo que hasta el momento ese dinero extra se administraba «de manera arbitraria» y que cerca del 70% se destinaba a la Universidad de Buenos Aires (UBA). La intención del oficialismo es acordar con todos los rectores que administren hospitales un nuevo mecanismo de reparto basado en «criterios objetivos».

El encuentro para conformar este grupo de trabajo se realizará una vez que concluya la movilización. «Lo vamos a hacer inmediatamente después de la marcha», indicó el funcionario, para evitar que la convocatoria sea leída como una maniobra para desactivar la protesta.

El foco del conflicto está puesto en las transferencias de recursos destinados al funcionamiento de los hospitales universitarios, un sector neurálgico que atiende a más de 700 mil pacientes por año.

El contrapunto estalló cuando los directores de los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) denunciaron públicamente que la administración de Javier Milei frenó el envío de las partidas operativas.

Álvarez aseguró que «los fondos para salud fueron transferidos en tiempo y forma» y remarcó que las transferencias se realizan «mes a mes con puntualidad».

Sin embargo, detrás de las declaraciones cruzadas existe una compleja trama presupuestaria. Según denuncian desde la UBA, el conflicto radica en la diferencia entre los fondos para pagar sueldos y el dinero necesario para mantener los hospitales abiertos.

Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, aclaró el panorama y desmintió a medias al Gobierno. En contacto con Chequeado, explicó que las transferencias que efectivamente ingresaron son aquellas destinadas «esencialmente al pago de sueldos y servicios».

El reclamo urgente de la comunidad médica universitaria apunta a los gastos operativos: el dinero vital para la compra de insumos básicos y el mantenimiento de la costosa aparatología médica. Sobre este ítem, desde la UBA aseguran que no han recibido «un solo peso».

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Los datos que difundió el Gobierno sobre las universidades

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El Gobierno también puso el foco en la administración del Sistema de Información Universitaria, actualmente bajo la órbita del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al que cuestionaron por dificultar la publicación y depuración de datos. En este sentido, Capital Humano proyecta lanzar una página web para que la ciudadanía pueda consultar el destino de los recursos transferidos al sector.

En este sentido, el Ejecutivo difundió a Infobae estadísticas propias sobre la situación actual del sistema:

• Nivel de regularidad: de los 1.980.136 alumnos inscriptos en todo el país, las cifras oficiales indican que menos de la mitad cumple con la condición de «alumno regular» (aprobar dos o más materias por año).
• Costo por egresado: señalaron disparidades en el gasto que demanda cada estudiante hasta su graduación, citando como los casos más altos a la Universidad de las Artes (ex IUNA) y la Universidad de Tierra del Fuego.
• Estudiantes extranjeros: el Gobierno cuestionó que las instituciones no apliquen el cobro de matrículas a no residentes, medida habilitada por decreto, y ejemplificó con la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, donde afirman que el 50% de la matrícula corresponde a ciudadanos extranjeros.

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Los argumentos del Gobierno para incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

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Respecto al reclamo central de la marcha para que se cumpla la ley de financiamiento aprobada por el Congreso —y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei—, el Gobierno argumenta que la norma es inaplicable en el actual contexto legal y económico.

Desde el oficialismo indicaron que la sanción de la nueva ley de Presupuesto deroga de manera implícita la norma de financiamiento, ya que -apuntan- no pueden existir asignaciones por fuera de la pauta general.

Además, advirtieron que la recomposición salarial exigida (que abarcaría el 50% de aumento) representa un volumen de gasto que el Estado «no está en capacidad económica de afrontar» y que la ley original incumplía la Ley de Administración Financiera al no especificar el origen de los fondos.

«Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública. Lo que nosotros queremos es hacer un gasto eficiente, inteligente, y que la gente tenga acceso a la información«, concluyó la ministra Pettovello sobre la postura gubernamental de cara a la movilización.

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Qué dice el presupuesto universitario: la contradicción oficial sobre el porcentaje de la UBA

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El Ministerio de Capital Humano, cartera que absorbió a Educación, admitió que hay exactamente $ 79.763 millones sin distribuir. Argumentaron que se encuentran analizando una «distribución eficiente» y acusaron duramente a la UBA de exigir el 95% de ese monto, «dejando sólo el 5% para el resto de los hospitales universitarios» del país.

Los datos oficiales del presupuesto 2026, relevados por Chequeado, exponen la gravedad del cuadro financiero.

Con respecto al presupuesto total, se asignaron $ 114.269 millones para todos los hospitales universitarios del país. Esto representa una caída del 8,4% en términos reales (descontando la inflación proyectada) respecto a 2025.

A esto, se suma la subejecución de las partidas. En el primer cuatrimestre del 2026, el Gobierno giró apenas $ 10.602 millones, un 9,3% del total. Considerando que ya transcurrió el 33,3% del año, el atraso en los giros supera los 20 puntos porcentuales.

En este sentido, lo ejecutado en estos primeros cuatro meses marca un desplome real del 69,7% en comparación con igual periodo del 2025 y más del 86% en relación al 2023.

El punto más álgido del debate es la acusación del Ministerio de Capital Humano sobre la supuesta «voracidad» de la UBA al reclamar casi el 95% de los fondos remanentes.

Del total del presupuesto 2026, la UBA tiene previstos $23.437 millones, pero en el primer cuatrimestre solo recibió $ 7.107 millones, sufriendo un brutal recorte real del 74% frente al año pasado.

El dato clave que desarticula la acusación oficial sobre el porcentaje reclamado radica en las propias decisiones de la actual gestión libertaria.

Según el análisis de Chequeado, fue el propio gobierno de Javier Milei el que, durante 2024 y 2025, elevó la participación de la UBA en este presupuesto específico a más del 90% (durante la última gestión del Frente de Todos, ese piso era del 62,3%).

Por lo tanto, si la Casa Rosada quisiera mantener en 2026 el mismo criterio de distribución que impuso en sus primeros dos años de mandato, debería girarle a la UBA unos $102.800 millones, lo que implica, en la práctica, transferirle casi la totalidad de los$ 79.763 millones que hoy mantiene retenidos.