Van a la Cámara Federal de Roca, con el decreto de Milei, por las hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén

La jueza federal Carolina Pandolfi rechazó en julio el amparo que busca frenar el traspaso de las concesiones a los privados. La apelación se presentó el 1 de agosto en la Cámara y tras el decreto de Milei, los amparistas ampliaron la petición con un "hecho nuevo"

El decreto nacional de prórroga de las actuales concesiones hidroeléctricas sobre los ríos Neuquén y Limay, que incluye un concurso internacional para poner en venta el paquete accionario mayorista de las empresas que el gobierno nacional creó en junio con el nombre de las represas, fue presentado como «hecho nuevo» ante la Cámara Federal de Roca para frenar «el proceso privatizador», según lo calificó uno de los integrantes del amparo, el abogado Mariano Mansilla.

El dirigente político explicó que la jueza federal (fuero civil) Carolina Pandolfi rechazó el amparo que la Defensoría del Pueblo de Neuquén presentó en julio, cuando buscaba detener la conformación de las empresas de conformación SA con el nombre Cerros Colorados, Chocón, Cerros Colorados, Piedra del Águila y Alicurá.

El rechazo del amparo fue por considerar que no estaban legitimados para llevar a cabo la petición.

La apelación se presentó en Roca con las firmas tanto del defensor adjunto del Pueblo de Neuquén, Emmanuel Guagliardo, como algunas agrupaciones políticas, vecinos de la ciudad, Aten provincial y abogados en contra de la privatización de los ríos Neuquén y Limay.

«La legitimación debe ser entendida en el sentido más amplio, puesto que la tutela que se requiere es para todos los habitantes y las futuras generaciones, siendo así un interés particular
sobre la seguridad jurídica de quién debe operar el complejo Chocón Cerros Colorados (seis
represas, cinco sobre el río Limay y una sobre el río Neuquén)
y además quien debe ser la
autoridad de control atento el riesgo para quienes vivimos aguas debajo de las presas«; se expuso en la apelación a la cámara federal.

El amparo colectivo que fue rechazado, planteaba que para continuar el proceso relacionado con las concesiones hidroeléctricas que vencían este mes, el gobierno nacional debía convocar a las autoridades de Neuquén y de Río Negro, porque las provincias son las dueñas de los ríos Neuquén y Limay, que son el insumo de la generación eléctrica con la que se hará el negocio.

El decreto del presidente Javier Milei, prevé un nuevo esquema de regalías para las provincias. Los gobernadores de ambas jurisdicciones serán convocados en esta semana para comenzar a trabajarlo.

El amparo se presentó «por la falta de intervención de los dueños del recurso». En la apelación ante la Cámara Federal, se insistió en que si no se frena el proceso, el margen de negociación posterior al concurso que llamó Nación, será acotado.

Y se presentó el decreto 718/24 firmado por Javier Milei y publicado en el boletin oficial ayer, como una ampliación a la apelación que ya se había radicado los primeros días de agosto por el rechazo de la jueza Pandolfi

«Insistimos con un amparo y la medida cautelar, necesitamos que se defiendan los intereses de los pueblos neuquinos y rionegrinos. Pedimos la admisibilidad de la apelación y con el decreto como hecho nuevo, que se abstengan de llamar al concurso para la venta accionaria de las empresas que crearon, con fines de explotación de los ríos de la región», se lee en la presentación.

La definición estará en mano de los vocales Richar Gallego y Mariano Lozano.

Amparo por las hidroeléctricas: las críticas


«Las concesiones de esas represas hidroeléctricas ya están vencidas, no pueden ser prorrogadas por más de 12 meses desde su vencimiento y con el decreto 718/24 queda claro que el Estado Nacional ha resuelto vender esas empresas, sin ninguna participación de las provincias de Neuquén y Río Negro, que resultan ser las dueñas originarias del recurso», se argumentó en la apelación.

Agregaron que «una eventual negociación del Estado Nacional excluyendo» a Neuquén y Río Negro «generaría derechos adquiridos a terceras personas y sería extremadamente más complejo desandar lo realizado». Argumentaron que se planteó la vía rápida del amparo porque cualquier acto jurídico que la Nación realice con las concesiones hidroeléctricas (mencionaron prórroga o nueva concesión) impedirá a las «dueñas del recurso hídrico» de disponer de sus ríos, y por ello plantearon la «gravedad del daño y la necesidad de la concesión de la cautela requerida».

Específicamente insisten en suspender cualquier proceso administrativo vinculado a las concesiones y a los ríos Limay y Neuquén si las provincias no fueron involucradas en el proceso.

El decreto publicado en el boletín oficial de la Nación prorrogó las concesiones de las represas sobre el río Limay y Neuquén: Cerros Colorados, El Chocón y Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila. En los próximos seis meses, llamarán a Concurso Internacional para la venta del paquete accionario mayorista, que hoy está bajo el mando de Nación.

El río Limay en su cauce madre se muestra correntoso en Neuquén (foto Florencia Salto)

Y en este año estipula elaborar un esquema de regalías entre Río Negro y Neuquén y la Secretaría de Energía.

«El marco de negociación es acotado, están entregando todo a los privados», planteó Mansilla. Agregó que el decreto «lo sacaron sin mencionar» a las provincias.

Amparo por las hidroeléctricas: qué puede pasar


Si la Cámara de apelaciones admite el recurso, de manera preventiva se exigirá que hasta tanto no se convoque a las provincias que son dueñas del recurso, el Estado Nacional se abstenga de prorrogar la concesión o transferir las funciones de explotación y concesión a las nuevas sociedades anónimas que creó el 3 de junio pasado.

 Se buscará frenar el proceso «hasta tanto convoquen a las provincias» que son los dueños del recurso y las que pueden controlar la explotación y administración del manejo de los ríos, sostuvo.

La medida de fondo cuestiona la constitucionalidad del proceso de transferencia de las concesiones hidroléctricas resuelto «de modo exclusivo» por la Nación y sin la participación de las provincias. La cautelar es que la administración nacional se abstengan de llevar a cabo cualquier medida (como la explotación de las represas por parte de las empresas que se crearon) hasta que no se convoque a los dueños del recurso.


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