Suspenden en Río Negro los cortes de servicios esenciales: a quiénes alcanza

Río Negro aprobó la suspensión de los cortes de los servicios públicos esenciales hasta el 31 de diciembre de 2027 y este martes, desde las 18:30, se realizará una charla informativa para explicar los alcances de la medida impulsada en la Legislatura provincial por la legisladora Magdalena Odarda y la actual senadora nacional Ana Marks.

Lee También

Río Negro avanza en la ley que prohíbe el corte de los servicios públicos

Organizado por los bloques legislativos peronistas el encuentro será virtual y está destinado a integrantes de juntas vecinales, jubilados y jubiladas, pensionados, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad; para acercar información sobre los alcances de la nueva ley que protege a los usuarios frente a los cortes de servicios esenciales.

Quienes estén interesados en participar podrán inscribirse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/LVYpyiR8sQuAGQmS6. Una vez registrados, recibirán en su correo electrónico el enlace de acceso a la reunión por Zoom.

Los organizadores indicaron que es un espacio abierto para informarse, intercambiar opiniones y fortalecer el acceso a derechos fundamentales.

Principales características de la Ley aprobada

La nueva propuesta extiende el plazo hasta fines de 2027 y actualiza los criterios de acceso al beneficio.

Establece que no podrán interrumpirse los servicios por falta de pago a jubilados, personas con discapacidad y familias cuyos ingresos no alcancen la canasta básica. También incluye a usuarios que habitan viviendas únicas, aun cuando no sean titulares del servicio.

Para acceder, los beneficiarios deberán presentar una declaración jurada. A partir de ese trámite, las empresas estarán obligadas a restituir el servicio en un plazo de 48 horas, sin cobrar costos de reconexión.

Uno de los puntos centrales es que la medida no implica condonación de deuda. El proyecto obliga a las prestadoras a ofrecer planes de pago accesibles, con cuotas que no podrán superar el 20% de la factura de mayor consumo.

Además, se prevén sanciones en caso de incumplimiento, con multas diarias para las empresas que no acaten la norma.