Trama política, corrupción y elecciones: empieza el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén
La causa por la millonaria defraudación al Estado provincial tiene 14 imputados y más de 200 testigos. Están agendadas audiencias hasta el 12 de septiembre. La sentencia llegará para la época de las elecciones de diputados y senadores nacionales.
A más de 3 años de la denuncia que dio origen a la investigación, comienza este lunes el juicio oral por la estafa con planes sociales en Neuquén. Son 14 personas imputadas de asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito, entre las que hay desde un exministro hasta punteros políticos. Se sospecha que el dinero fue desviado para uso partidario del MPN y beneficio personal de los acusados.
La declaración de responsabilidad o no, la dictará un tribunal de tres jueces entre septiembre y octubre si se cumple lo que está previsto. Las penas para los que sean encontrados culpables se definirán en otro juicio, probablemente en 2026, con un piso de 6 años de prisión efectiva.
En la primera audiencia, a partir de las 8:30 en la sala 12 de la Ciudad Judicial de Leloir y Entre Ríos, el equipo de la fiscalía de Delitos Económicos hará su presentación del caso. El alegato de apertura a cargo de Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez será extenso, porque tienen que detallar la maniobra que les atribuyen a los imputados y las pruebas que utilizarán en el juicio para probar la acusación. Luego será el turno de la fiscalía de Estado, que interviene como querellante, representada por Gustavo Kohon.
A continuación harán su alegato las defensas de los 14 imputados, y ellos mismos podrán dirigirse al tribunal. La mayoría hasta ahora no habló nunca, pero hay excepciones: algunos se declararon inocentes, otros admitieron una parte de su responsabilidad a la espera de obtener a cambio algún beneficio.
Los acusados deben estar presentes durante todo el juicio, al igual que sus abogados defensores. Como excepción pueden pedir autorización para seguirlo por Zoom.
Cómo será el día a día
La magnitud del juicio oral, casi sin precedentes en la provincia, hace difícil prever cómo será su desarrollo incluso desde el primer día. Aunque hay un cronograma que se acordó respetar en reuniones previas, es posible que en algunos tramos se deslice como por autopista y en otros se parezca más bien a las rutas abandonadas por Vialidad Nacional.
Están convocados más de 200 testigos a razón de 5 o 6 por día, pero con tantos abogados en la sala (de la fiscalía, la querella y la defensa) y en un caso tan controvertido, cada interrogatorio se puede hacer eterno. Allí se verá cómo se maneja el tribunal, que estará integrado por Juan Guaita (presidente), Juan Kees y Luciano Hermosilla.
El Banco Provincia de Neuquén
Desde mañana y hasta el 13 de agosto está planificado que declaren los testigos propuestos por la fiscalía. Son 83, divididos en bloques: la primera semana se presentarán gerentes y directivos del Banco Provincia de Neuquén, que detectaron la maniobra a partir de la denuncia de un beneficiario de planes sociales.
Entre los 14 imputados que estarán en el juicio y los nueve que ya fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso no hay nadie vinculado al Banco: son todos del Ministerio de Desarrollo Social. Hasta el gobernador Rolando Figueroa dijo que le resulta llamativo que ningún directivo o gerente de la entidad haya estado involucrado en la maniobra.
Beneficiarios y arrepentidos
Después será el turno de los beneficiarios. Son los titulares de las cuentas bancarias en las que, según la acusación de la fiscalía, se depositaban hasta 49.000 pesos (a valores históricos) por un subsidio a la desocupación. Sin embargo, estas personas recibían apenas 9.000, y los acusados se quedaban con el resto.
La semana que viene, si el cronograma se cumple tal como fue acordado, habrá un día de alta tensión: están citados a declarar cuatro exintegrantes de la asociación ilícita que denunciaron a sus jefes y pasaron a ser testigos.
Valores históricos
Como se sabe, la fiscalía intentará demostrar que entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022 funcionó una asociación ilícita integrada por funcionarios y empleados del ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y por particulares, que se apropió por lo menos el 18% de los fondos destinados al subsidio a la desocupación laboral.
A valores históricos fueron 153.377.900 pesos, una actualización realizada en septiembre de 2024 elevó la suma por encima de los mil millones de pesos.
Los imputados tienen sus bienes embargados, porque si hay una condena y queda firme la fiscalía de Estado pretende rematarlos para recuperar parte del dinero.
La primera denuncia
Según la historia oficial, la estafa con planes sociales se descubrió por casualidad. Fallaron todos los controles del Banco, de la Contaduría General, del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Desarrollo Social.
Según la documentación a la que accedió diario RÍO NEGRO, el 28 de junio del 2022 un hombre llamado Esteban, beneficiario de un plan social de Nación, se presentó en el Banco Provincia de Neuquén a cobrar por primera vez y le dijeron que ya había retirado los fondos por cajero automático con su tarjeta de débito.
Sorprendido, el hombre explicó que no tenía plástico. En el BPN le informaron que según los registros oficiales, desde agosto del 2021 el gobierno provincial le venía depositando en una caja de ahorros y alguien estaba retirando esos fondos con tarjeta.
Temor a un hackeo
Le pidieron que haga una denuncia «porque puede ser que haya una vulneración en los sistemas informáticos».
Esteban presentó la denuncia en la comisaría Tercera ese 28 de junio del 2022. Fue el «caso cero», el que puso en marcha toda la maquinaria: después vino la denuncia penal en la fiscalía firmada por el apoderado del BPN Alejandro Ponchiardi. Y se descubrió que cientos de beneficiarios de planes sociales estaban en parecida situación: alguien retiraba 49.500 pesos de sus cuentas y les daba en mano 5.000, 8.000 o 9.000 pesos. El resto iba a la «caja azul» en la dirección de Planes Sociales del imputado Ricardo Soiza.
Ficha técnica
El juicio comenzará el lunes 21 de julio a las 8:30 en la sala 12 de la Ciudad Judicial, en Leloir y Entre Ríos, que fue acondicionada especialmente. Citarán a 211 testigos y habrá audiencias todos los días hábiles hasta el 12 de septiembre.
La acusación estará representada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara; será querellante por la fiscalía de Estado Gustavo Kohon.
Por la defensa intervendrán los abogados particulares Pablo Gutiérrez (por Siegenthaler, Reznik, Oviedo y Krom); Gonzalo Rodríguez (Di Luca); Fabián Flores (Gallo); Héctor Hernández (Cardozo Regidor); Elio García (Victoria Contreras).
La defensa pública (Laura Giuliani, Carolina Johanssen y Juan Pablo Piombo) lo hará por Sánz, Osuna, Montoya y Honorio. En el caso de Alfredo Cury, es imputado, se defiende a sí mismo y a Ricardo Soiza.
El tribunal de juicio estará integrado por Juan Guaita (presidente), Juan Kees y Luciano Hermosilla.
En esta primera etapa se definirá si los imputados fueron responsables o no de los delitos que les imputan. El juicio se cerrará con el veredicto de los jueces, una especie de resumen de la sentencia, y después se conocerá el fallo escrito.
Según las previsiones, ocurrirá entre fines de septiembre y comienzos de octubre, solapado con las elecciones de diputados y senadores nacionales.
Después se hará otro juicio para determinar la pena que les corresponde a quienes sean declarados responsables. Lo más probable es que se realice en los primeros meses del 2026.
En cuanto a Julio Arteaga, auditor de la Contaduría General, el juicio se postergó para él por tres meses por razones de salud.
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