Traspaso de rutas a Río Negro: controles de peso y contratos, los puntos que frenan la negociación con Nación
Río Negro quiere colocar controles de peso en las rutas nacionales que reciba y repare, pero Nación tiene reparos. Los vínculos legales por ampliación de la 22, otro tema espinoso.
Cuatro tramos de la ampliación de la Ruta 22 en el Alto Valle con contratos abiertos y la intención del Gobierno de Río Negro de poner controles de peso, una medida que genera reparos en Vialidad Nacional, son los principales impedimentos para avanzar en el traspaso de las Rutas Nacionales 22 y 151, según aseguró desde la órbita provincial.
El Gobierno provincial quiere escalonar el traspaso o toma de posesión a medida que Nación cierre los contratos abiertos (lease acuerde con las contratistas), en un plazo no mayor a 60 días.
Río Negro pretende firmar un acta marco de traspaso de las dos rutas y avanzar en la toma de posesión de los tramos que no tienen contratos vigentes o están liberados, como por ejemplo Choele Río Colorado y Choele Chichinales, donde la provincia podría empezar a trabajar sin condicionamientos.
Por su parte, el Gobierno nacional pretende entregar un paquete cerrado con el tema legal sin resolver, se indicó desde la gestión provincial.
Cómo es la situación en cada tramo
En este punto hay que hacer un repaso de cómo están los seis tramos en los que se dividió la Ruta 22.
La obra comenzó hace 18 años y el único sector 1 terminado hasta ahora es el que está entre Chichinales y Godoy, que se construyó como una autovía. Son 22 kilómetros aproximadamente.
El segundo sector es entre Godoy y Cervantes, allí la traza nacional se transformó en autopista, con puentes elevados que por un cuestión de costos, según se indicó en su momento a este medio, se realizan con relleno de material calcáreo, lo que los transforma en murallas de cientos de metros. Este tramo tiene un grado de terminación entre el 90 y el 100%, aunque muestra deterioro en la zona de los puentes elevados del límite entre Mainqué y Cervantes. La empresa a cargo de este tramo era una UTE entre Vial Agro y CN Sapag.
El tramo 3 estaba planificado entre Cervantes y J. J. Gómez, al oeste de Roca y solo tuvo movimientos en las banquinas. El avance de este estuvo condicionado en 2016 por el amparo judicial que lideró la municipalidad de Roca, luego de una audiencia pública, por las características de los puentes elevados que se debían construir para que la vía sea una autopista. La empresa encargada de este tramo era Decavial.
El tramo 4 va de J.J. Gómez a Fernández Oro, y no tuvo ningún avance. La constructora que ganó la licitación era una UTE entre las empresas Marcalba, Construmex y Fontana Nicastro.
La Sección 5 es entre Fernández Oro y el cruce con el acceso a la Isla Jordán. Allí se construyó parte de una autopista, pero también se encuentra el tramo más complejo actualmente de la Ruta 22, el paso por la zona de Puente 83, en donde las obras a medio terminar, con circulación por calles colectoras en muy malas condiciones, se conjugan para prácticamente paralizar el tránsito como ocurrió en los últimos días por las fuertes lluvias. Este tramo tiene una avance cercano al 80% y la constructora encargada es una UTE entre CPC y CN Sapag.
En este sector, en 2020, el exintendente de Cipolletti, Claudio Di Tella decidió que se frenen las obras por las características del puente elevado en el cruce entre la Ruta 22 y el acceso a Isla Jordán.
La sección VI es entre el acceso a Isla Jordán y el puente que comunica con Neuquén. Esta zona no tiene ningún avance ya que no tiene proyecto de trabajo.
Los controles de peso
En el plan que tiene el Gobierno provincial para avanzar rápidamente si se produce el traspaso de la Ruta 22 a la órbita provincial está trabajar rápidamente en el sector de Puente 83, en más complejo en la actualidad. Tiene la ventaja de que en este tramo, según se indicó, que se podría llegar a una acuerdo con la firma contratista sin mayores inconvenientes.
Para las obras que tenga que realizar la provincia se gestiona un préstamo con Fonplata ((Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata) por un monto estimado en unos 60 millones de dólares.
Por el dinero que el gobierno de Alberto Weretilneck planea invertir es que se planteó la necesidad de poner controles de peso de camiones para evitar sobrecargas y deteriorar la traza.
Este planteo sumó un nuevo punto discordante entre las administraciones nacionales y la provincial, en medio de las negociaciones que se llevan adelante entre representantes de los dos sectores. En los próximos días las partes volverán a reunirse.
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