Por las amenazas en el IPAP allanaron las oficinas de UPCN
La Justicia secuestró los archicos de las cámaras de seguridad que hay en el edificio de la calle Tucumán.
La Justicia dispuso una serie de medidas de prueba tras la denunciada efectuada este jueves por las presuntas amenazas del titular de UPCN, Juan Carlos Scalesi, contra trabajadores del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
Entre ellas, fue allanada la sede central del gremio ubicada en la calle Tucumán de esta capital, donde se secuestraron imágenes de las cámaras de seguridad y teléfonos celulares de particulares que serán peritados por el área de informática del Poder Judicial.
Según se indicó desde el Ministerio Público Fiscal se avanza en «la investigación preliminar preparatoria para determinar la existencia del delito denunciado, que en principio sería el de amenazas».
Desde ese organismo se recordó que «los hechos se desarrollaron durante el mediodía (del jueves) en las instalaciones del IPAP» cuando Belén Álvarez Costa, Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Instituto, «mantenía una reunión con otros dos referentes del organismo. Según la denuncia efectuada en la Comisaría primera y ampliada durante la tarde ante la fiscal Maricel Viotti Zilli, un grupo de personas ingresó a la oficina interpelando a la mujer acerca de la baja de adscripciones».
Al lugar también ingresó Scalesi quien «habría amenazado a la denunciante e indicado a quienes lo acompañaban que tomaran las instalaciones».
Viotti Zilli recabó diversas declaraciones testimonial y requirió la ampliación de la denuncia, luego de lo cual dispuso diversas medidas tendientes al avance de la investigación preliminar.
La fiscal solicitó al juez Ignacio Gandolfi el allanamiento a la sede de UPCN seccional Viedma que se realizó en la mañana de este viernes. «El resultado de la medida implicó el secuestro de los archivos de las cámaras de seguridad que se encuentran en el exterior e interior del edificio y, en función de las testimoniales recabadas, de dos teléfonos celulares de sendas personas que habrían filmado la situación, prueba que podría resultar fundamental para determinar la veracidad de la denuncia».
El material obtenido será peritado por el área de informática del Poder Judicial y la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General. A partir de allí, si el material recabado constituye prueba suficiente, se podrá solicitar la Audiencia de Formulación de cargos para proceder a las imputaciones formales iniciando así la investigación penal preparatoria.
