Quejas del sindicato de Gastronómicos en Bariloche por recortes en el transporte

Alertaron que su restricción afecta a trabajadores del sector, pasajeros y turistas. Pidieron a funcionarios y a la empresa prestadora que arriben a una solución.



El servicio de transporte en Bariloche ha sufrido varios recortes de frecuencia. (Foto: agencia)

El sindicato que agrupa a los trabajadores gastronómicos criticó la “sistemática y arbitraria” reducción de frecuencias en distintas líneas de transporte urbano de Bariloche, y le pidió al municipio y a la empresa concesionaria que “dimensionen el perjuicio que le generan a la ciudad”.

La seccional de Uthgra ya había cuestionado hace un par de semanas la quita de servicios nocturnos en la línea 20, que cubre el recorrido hasta Llao Llao y es muy utilizada por empleados de hoteles y restoranes. La conducción del gremio recurrió a la Justicia y logró una medida cautelar, que ordenó restituir el horario anterior en esa línea.

Ahora el sindicato señaló que la continua quita de frecuencias “afecta a todos los sectores de la ciudad y especialmente a los trabajadores”. Enumeró la eliminación de servicios aplicada entre otras en la línea 61, que va de El Frutillar a San Francisco I; la línea 60, que vincula Mutisias con San Francisco IV y la 70, que cubre el recorrido entre las Victorias y la Universidad del Comahue.

También señaló las restricciones impuestas en la línea 82 (400 Vivienda/El Cóndor) y las líneas 55 y 21, que atienden la zona oeste. “Por ahora el clima ha sido benévolo, pero cuando llegue el invierno, con fuertes heladas, lluvias y nevadas la situación se agravará mucho más para los usuarios”, advirtió la Uthgra.

Además, sostuvo que los fines de semana y los feriados “cuando el turismo se incrementa”, los colectivos circulan con frecuencias reducidas al 50% y “dejan a trabajadores, pasajeros y turistas esperando en muchos casos dos o tres horas”, porque los pocos vehículos disponibles quedan saturados.

En el entendimiento de que se trata de una decisión de la concesionaria, el sindicato gastronómico consideró que “el Estado debería volver a fiscalizar a la empresa, haciendo valer su rol de poder concedente”.

Pero hasta ahora, según se sabe, los ajustes implementados tienen el acuerdo del propio municipio, y apuntan reducir los gastos operativos y la consiguiente demanda de subsidios.


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