Reducen las cauciones para liberar a los policías

ROCA.- La Cámara Criminal Tercera autorizó la excarcelación de los siete policías detenidos por el caso Solano y redujo a 250.000 pesos la fianza que deberán depositar para poder salir en libertad antes del juicio. Los jueces concluyeron que “no resulta ya razonable” que los imputados sigan presos cuando están vencidos los tres años de prisión preventiva sin sentencia que autoriza la ley y cuando no han surgido otras líneas de investigación ni se han generado nuevos “riesgos procesales”.

Sin embargo, el tribunal sentó un precedente al declarar que, en particulares circunstancias –que no encuentra en este caso–, la preventiva puede extenderse más allá de los tres años. (Ver aparte)

Con este fallo, que fue dictado ayer por la mañana y notificado inmediatamente al juez penal de Choele Choel, se facilita la liberación de los policías, aunque la resolución aclara que éstos deberán cumplir “a rajatabla” una serie de pautas de conducta, entre las que figura la obligación de seguir viviendo en el territorio rionegrino, “bajo apercibimiento de ser revocadas inmediatamente las libertades”.

Los defensores de los policías Sandro Berthe, Juan Barrera, Pablo Bender, Diego Cuello, Andrés Albarrán, Diego Quidel y Héctor Martínez habían reclamado en sus apelaciones que se revoque, reduzca o suplante por una caución “juratoria” la fianza de 400.000 pesos que había impuesto el juez Julio Martínez Vivot como condición para las excarcelaciones. Habían calificado la medida como “ilegal”, “irrazonable”, “excesiva” y “absurda”. Para la cámara, el monto fue “desproporcionado”, en especial por la “fuerte disminución de ingresos económicos” que han tenido las familias de los policías desde que éstos están detenidos.

En tanto que la querella, por la familia Solano, había pedido que se prorrogue la preventiva hasta que haya juicio y sentencia por la desaparición del joven trabajador salteño, que ocurrió en Choele Choel en noviembre del 2011.

A favor de las excarcelaciones los jueces César López Meyer, Fernando Sánchez Freytes y Verónica Rodríguez enumeraron “la morosidad de los operadores judiciales” del caso, atribuyéndoles a todos -juez y partes- “un notorio desperdicio de tiempo valioso”, como ya había sido advertido en anteriores pronunciamientos de la misma Cámara.

En segundo lugar indicaron que el “hilo de investigación delictiva no ha variado” desde que en octubre del 2012 la Cámara confirmó los procesamientos y las preventivas, por lo que “no ha habido una justificación valedera como para haber demorado procesalmente el trámite”.

También señalaron a favor de las liberaciones que el fiscal del caso, Guillermo Bodrato, no apeló la resolución de Martínez Vivot que concedió la libertad bajo caución, actitud que la Cámara consideró “llamativa”.

El cuarto argumento es que “a la fecha, no se sabe a ciencia cierta cuándo la causa estará en condiciones de ser ventilada en juicio oral y público” ni tampoco “si finalmente resultará ser de competencia federal o provincial”, pues está pendiente una decisión del Superior Tribunal de Justicia rionegrino.

Conocido el fallo, una de las esposas de los detenidos sostuvo a este medio que ya que iniciaron la gestión para depositar las cauciones. En su caso, dijo que sólo le falta “acreditar el dominio” de una propiedad puesta en garantía e indicó que el trámite demandaría “unos días”. (Redacción Central)

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