Río Negro logra acuerdo por deuda del Castello y convocó a más acreedores

La adhesión será posible hasta el 14 de diciembre. Esa obligación en dólares representa actualmente más de 30.000 millones de pesos.

Economía logró un acuerdo con la mayoría de los acreedores del Plan Castello, que significará un aplazamiento y una extensión de los plazos de pagos de esa deuda en dólares. Con esa base, la provincia convocó hasta el 14 de diciembre a los restantes tenedores del bono para adherir a las nuevas condiciones.

En concreto, Río Negro dio un paso importante para postergar esa exigencia por más de 323 millones de dólares, es decir, unos 30.000 millones de pesos.

Con el contrato original, la provincia empezará la devolución del capital del bono en algo más de dos años -en el 2023- mientras la oferta aceptada por la mayoría -según trascendió- prevé a partir del 2024.

En julio pasado, el gobierno rionegrino suspendió el pago de los bonos del Castello y, desde entonces, negocia otras condiciones para esas obligaciones en dólares. Distintas instancias sufrió este proceso en este tiempo de pandemia pero Economía ayer informó de la presentación en Nueva York de una “propuesta de enmienda” de términos.

En principio, esa reformulación fue aceptada por el 50% de los acreedores pero la provincia debe llegar al 75% para su efectiva implementación.

El pasivo en cuestión corresponde a la emisión del bono Castello, en diciembre del 2017, por un capital inicial de 300 millones de dólares.

El gobierno provincial calificó esta instancia como “alivio financiero” y confirmó que lanzó una “propuesta de enmienda a los términos y condiciones del bono internacional Plan Castello vigente. La misma “permitiría tener capacidad de pago de los vencimientos y al mismo tiempo continuar atendiendo la emergencia derivada de la pandemia”.

En el anuncio, el ministro de Economía, Luis Vaisberg cumplió con ese ofrecimiento, luego de “lograr un acuerdo con un Comité Ad-Hoc de Acreedores representativos de más del 50% del bono internacional, después de un largo proceso de negociaciones”. Se aclara que se debe lograr la “aceptación del 75% para que la enmienda entre en vigencia”.

El anuncio gubernamental no precisa características de la oferta, pero admite su extensión de “plazos de amortización, reducir la tasa de interés y prorrogar el esquema de pagos”.


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