Río Negro pasó de 400.000 a 700.000 bovinos y ahora tiene una nueva Ley de Carnes: el desafío de producir más y generar valor
La norma reemplaza un régimen de más de 35 años y fue uno de los temas centrales en el inicio del Circuito de Exposiciones Rurales. El nuevo esquema incorpora categorías según la escala de producción, modifica el sistema de habilitaciones, suma controles sanitarios y abre una alternativa para el traslado de carne destinada al consumo propio.
La primera exposición del Circuito de Rurales 2026, realizada en Río Colorado, puso sobre la mesa algunos de los cambios que atraviesan a la ganadería de Río Negro. Entre ellos, el crecimiento del rodeo, el aumento de la faena dentro de la provincia y la necesidad de avanzar en la terminación de los animales y en el procesamiento de la carne.
Durante la apertura, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la actualización de las normas que regulan la actividad y mencionó la nueva Ley de Carnes junto con la Ley de Marcas y Señales y la nueva Ley de Fauna. El planteo fue que las herramientas del Estado tienen que acompañar una producción que cambió en los últimos años.
La nueva Ley de Carnes reemplaza una normativa que llevaba más de 35 años vigente y establece nuevas reglas para la habilitación, elaboración, control y comercialización de productos de origen animal. También incorpora distintas escalas productivas y nuevas herramientas para el autoconsumo rural y la elaboración artesanal.
Pero detrás de la discusión normativa hay un cambio más amplio en la actividad
En poco más de una década, Río Negro pasó de unas 400.000 a alrededor de 700.000 cabezas bovinas. La faena local llegó a aproximadamente 170.000 animales anuales y también aumentó la cantidad de animales terminados dentro de la provincia. A esto se suma el crecimiento de la producción de alimento y de las cabañas ganaderas, que pasaron de 10 a 25.
Ahora el desafío es que ese crecimiento tenga mayor impacto dentro de Río Negro: producir más carne, terminar más animales, procesar y generar valor en origen.
Ese es el escenario en el que empieza a aplicarse el nuevo marco para la carne. Y será también uno de los temas que atravesará las próximas exposiciones rurales de la provincia.
Del crecimiento del rodeo a más carne terminada
El aumento de la cantidad de bovinos es uno de los datos que mejor muestra el cambio de la ganadería rionegrina. Pero tener más animales no significa necesariamente producir toda esa carne dentro de la provincia.
Por eso, uno de los puntos que aparece detrás de la nueva etapa es el crecimiento de los animales terminados localmente y de la faena. La provincia busca que una parte cada vez mayor del proceso quede dentro de Río Negro, desde la producción de alimento hasta la salida de la carne.
Ese cambio también requiere infraestructura, establecimientos habilitados y reglas que contemplen desde los grandes operadores hasta las producciones de menor escala.
Una norma que busca ordenar distintas escalas
La nueva legislación incorpora una clasificación que diferencia a los establecimientos según su escala de producción y según el destino de lo que elaboran.
Por un lado están los establecimientos industriales y artesanales. Por otro, los de tránsito provincial y los de tránsito municipal.
La diferencia territorial es importante porque define quién habilita y controla cada establecimiento. Los de tránsito provincial quedarán bajo la órbita de la autoridad provincial, mientras que los municipios y las comisiones de fomento mantendrán la competencia sobre aquellos cuya producción se comercialice exclusivamente dentro de su territorio.
La ley también contempla convenios para que Provincia y municipios puedan compartir tareas cuando sea necesario. El objetivo es evitar que la falta de capacidad técnica de un municipio termine siendo un obstáculo para una actividad productiva, pero también evitar la duplicación de inspecciones.
El lugar de los pequeños productores y elaboradores
Uno de los cambios que puede tener mayor impacto para las producciones de menor escala es la creación de la categoría de establecimientos artesanales.
La norma considera dentro de esta categoría a los establecimientos que no superen los 500 kilos diarios de producto terminado proveniente de faena o los 100 kilos de productos elaborados.
El objetivo es generar una puerta de entrada a la formalidad para actividades que, por su escala, no necesariamente necesitan la misma estructura que una planta industrial.
Esto también abre una discusión sobre el agregado de valor en origen. Una producción pequeña puede dejar de limitarse a la venta del animal o de la materia prima y avanzar hacia la elaboración de alimentos dentro de la propia localidad.
El autoconsumo, una demanda de los crianceros
En las zonas rurales, otro de los cambios esperados está relacionado con el autoconsumo.
La ley permite que productores registrados puedan solicitar autorización para trasladar productos, subproductos y derivados de origen animal destinados a su propio consumo.
El régimen contempla específicamente la carne vacuna y ovina. Para trasladarla deberán cumplirse los requisitos que establezca la reglamentación, entre ellos contar con una guía y acreditar la propiedad del animal mediante el cuero marcado o señalado.
La herramienta está pensada exclusivamente para el consumo propio. No habilita la comercialización de esa carne.
Para los crianceros, la diferencia puede ser importante porque permite encuadrar dentro de la normativa una práctica que forma parte de la vida productiva de muchas familias rurales.
Más trazabilidad desde el campo hasta la mesa
El otro eje de la nueva etapa es el control.
La carne que ingrese al circuito comercial deberá provenir de establecimientos habilitados y circular en vehículos que cumplan con las condiciones sanitarias correspondientes.
El transporte deberá garantizar la conservación del producto y contar con un certificado sanitario de tránsito que permita conocer su origen y acreditar su inocuidad.
También se establece el registro sanitario de los establecimientos elaboradores y de los productos ante el Ministerio de Salud antes de su comercialización.
En las plantas industriales y establecimientos de tránsito provincial, además, será obligatorio contar con un director técnico profesional con incumbencia específica en inocuidad alimentaria.
La responsabilidad alcanzará los procesos de faena, desposte, elaboración, almacenamiento, frío y distribución.
Jabalí y fauna silvestre: otro mercado que queda bajo control
La nueva ley también incorpora al esquema los productos y subproductos provenientes de fauna silvestre.
Esto significa que, si una especie está autorizada para su aprovechamiento, sus productos deberán procesarse en establecimientos habilitados y quedar dentro del sistema de controles sanitarios.
Pero la ley no establece que todas las especies puedan comercializarse. La definición quedará en manos del organismo competente, que deberá determinar cada año cuáles estarán autorizadas, además de fijar temporadas, cupos, zonas habilitadas y períodos de veda.
Este punto fue uno de los que generó mayor discusión política durante el tratamiento legislativo. La posibilidad de procesar y comercializar productos de fauna silvestre fue defendida como una alternativa para generar trazabilidad y aprovechamiento, mientras que sectores de la oposición cuestionaron especialmente la inclusión de especies nativas.
Desarrollo Económico y Productivo tendrá a su cargo los controles sobre establecimientos y transportes. Salud supervisará la inocuidad y los registros sanitarios, mientras que la Policía colaborará en rutas y caminos con la documentación y las habilitaciones.
El costo de no cumplir: multas y clausuras
La ley establece un régimen de sanciones que puede incluir apercibimientos, decomisos, clausuras e inhabilitaciones.
Las multas tendrán como referencia el valor del novillo en pie y podrán ir desde el equivalente a 200 kilos hasta 5.000 kilos de novillo.
La sanción dependerá de la gravedad de la infracción, el riesgo sanitario, el perjuicio provocado, el beneficio económico obtenido y los antecedentes del responsable.
En situaciones que impliquen un riesgo inmediato para la salud pública, los inspectores podrán disponer la clausura preventiva y el decomiso de productos cuando no pueda comprobarse su procedencia, trazabilidad o aptitud para el consumo.
Con una ganadería que creció en cantidad de hacienda y en capacidad de producir, el desafío que aparece ahora es cómo transformar ese crecimiento en más carne terminada y más valor dentro de Río Negro.
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