Sancionaron a Rodríguez Lastra por “trato descortés” a una mujer

El médico ginecólogo del hospital de Cipolletti está condenado por interrumpir un aborto no punible.



En el juicio, Rodríguez Lastra habló varias veces para defenderse. (Archivo)

En el juicio, Rodríguez Lastra habló varias veces para defenderse. (Archivo)

La Junta de Disciplina del ministerio de Salud de Río Negro le aplicó cuatro días de suspensión al médico Leandro Rodríguez Lastra por “trato descortés” hacia una mujer en el centro ginecológico dependiente del hospital de Cipolletti. Este es uno de los seis sumarios administrativos que tiene abiertos el ginecólogo condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público por impedir un aborto no punible. El 11 de diciembre se sabrá si ese fallo queda firme.

Según la resolución del 19 de noviembre, a la que hoy accedió “Río Negro”, se atribuye a Rodríguez Lastra, jefe del servicio, “haber infringido con su comportamiento el deber inherente a su función de agente público”.

El médico “conculcó el deber genérico de buen trabajador, el cual le impone guardar buena conducta a fin de preservar el decoro de la función pública desempeñada por cuanto propinó un trato irreverente a la denunciante frente a otros compañeros aprovechándose de su situación de vulnerabilidad”.

“Ante su condición de profesional de la medicina, le son aplicables las disposiciones del Código Internacional de Ética Médica” y en consecuencia la junta de disciplina resolvió aplicarle 4 días de suspensión.

Durante el juicio oral, el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna mencionó los sumarios abiertos contra Rodríguez Lastra por su desempeño en el hospital, todos por maltratos hacia mujeres pacientes o colegas.

El hecho por el cual fue suspendido 4 días ocurrió el 19 de julio de 2017. Rodríguez Lastra puede apelar la sanción ante la justicia ordinaria. La interrupción del aborto se produjo el 2 de abril de ese año.

Rodríguez Lastra está de licencia en el hospital desde que comenzó el juicio en su contra, en mayo pasado.

Por el incumplimiento de los deberes de funcionario público fue condenado a 1 años y 2 meses de prisión en suspenso, y el doble de tiempo de inhabilitación para trabajar en la función pública.

La sentencia fue apelada por la defensa y la fiscalía, y está siendo examinada por un tribunal de impugnación integrado por Rita Custet Llambí, Miguel Ángel Cardella y Carlos Mussi, quienes darán a conocer su fallo el 11 de diciembre.


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