Sobreseyeron a seis de los catorce imputados en la causa Fuentealba II

Son los policías a los que se desistió de acusar. El foco de la querella está puesto en llevar a juicio a los jefes que tenían a cargo la conducción del operativo en 2007.

La fiscalía y la querella presentaron ayer la acusación y describieron la prueba con la que pretenden llevar a juicio a ocho policías por su actuación en el operativo represivo del 4 de abril de 2007, en el que el cabo José Darío Poblete asesinó al docente Carlos Fuentealba cuando participaba de una medida de fuerza del sindicato ATEN.

La audiencia continuará el próximo jueves 18 de noviembre con los planteos de las defensas.

De los catorce imputados que tenía la causa, conocida como Fuentealba II, seis fueron sobreseidos ayer por el juez de Garantías, Lucas Yancarelli. Los abogados querellantes, Marcelo Medrano y Ricardo Mendaña, se abstuvieron de acusarlos y pusieron el foco en los cinco policías con funciones jerárquicas: Carlos Zalazar, Moisés y Adolfo Soto, Mario Rinzafri y Jorge Garrido. Les reprocharon los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento (ver aparte).

Zalazar era el jefe de la Policía hace 14 años. El 3 de abril se reunió con el entonces gobernador, Jorge Sobisch, e instruyó al personal que participaría del operativo. El despliegue para evitar el piquete, a la altura de Arroyito, abarcaba a grupos especiales de Cutral Co, Zapala y Junín de los Andes. Según la acusación de la querella él conocía perfectamente la planificación, supervisó todas las tareas y autorizó a que continuara la represión aún cuando los integrantes de la movilización se retiraban hacia Senillosa.

En el caso de los otros cuatro imputados, la querella consideró que por su rol directivo en el operativo no hicieron nada para impedir el uso de la fuerza e incluso cuando conocieron la agresión a Fuentealba no tomaron medidas para preservar el lugar y permitir las tareas de investigación.

A los policías Aquiles González y a Julio César Lincoleo los acusaron del encubrimiento agravado de Poblete, con quien conversaron minutos después del disparo que realizó con la pistola lanzagases a la luneta del Fiat 147 en el que viajaba el docente.

La imputación contra el policía Benito Matus por abuso de armas en concurso con lesiones leves es la única que comparten la querella con el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid. La acusación involucra haberle disparado el 4 de abril a Angélica Cisterna, con una escopeta 12/70, en las inmediaciones de la estación de servicio YPF de Arroyito, mientras iba en el asiento trasero de una Ford Escort y poco después, a la altura del kilómetro 1.263, golpear con el arma a Miguel Alejandro Castelar, que se dirigía con las manos en alto hacia un cordón policial.

La prueba ofrecida, además de las testimoniales a manifestantes, policías y periodistas incluye una pericia al material audiovisual que realizó Rodolfo Pregliasco, del Centro Atómico Bariloche.

“Me retiro porque yo quiero”, dijo Sandra Rodríguez de pie antes de salir de la sala, luego de oír al defensor, Gustavo Lucero, que cuestionaba, una vez más, la falta de legitimación de la querella para impulsar la acción.



*Carlos Zalazar. Jefe de la Policía de Neuquén en la época de los hechos. Fue acusado por abuso de autoridad.

*Moisés Soto. Se desempeñaba como subjefe y Adolfo Soto era el superintendente de Seguridad Metropolitana. Se les imputó abuso de autoridad y encubrimiento. Por los mismos delitos se acusó a Jorge Garrido, jefe del Departamento de Seguridad Metropolitana y al jefe del operativo en Arroyito, Mario Rinzafri.

*Aquiles González y Julio César Lincoleo. Ambos policías están imputados por el encubrimiento agravado de José Darío Poblete.

*Benito Matus. Es el único agente que fue acusado por la fiscalía y la querella. Se le atribuyen dos hechos: haberle disparado a Angélica Cisterna con una escopeta 12/70, y haber golpeado a Miguel Alejandro Castelar ese 4 de abril. Está imputado por abuso se armas en concurso con lesiones leves.


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