Científicos del Conicet detectaron rodenticidas en el 20% de las aves rapaces de la Patagonia
Los cebos químicos utilizados para controlar roedores en zonas urbanas y periurbanas terminan acumulándose en el organismo de lechuzas y aguiluchos que los cazan. Un estudio del Inibioma en Bariloche analizó el impacto de estos compuestos y desarrolló un método para diagnosticar la intoxicación en la fauna regional.
En la Patagonia Norte, la presencia de roedores representa un riesgo real de salud pública frente a enfermedades como el hantavirus. Para combatirlos, el uso masivo de cebos químicos se ha vuelto cotidiano. Sin embargo, una investigación científica acaba de confirmar que el veneno diseñado para erradicar plagas está terminando en el organismo de los depredadores naturales que deberían ayudarnos a controlarlas.
Un estudio del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma, dependiente del Conicet y la Universidad Nacional del Comahue) reveló que el 20% de las aves rapaces analizadas en la región presenta residuos de rodenticidas en sus hígados. El hallazgo, publicado en la revista Journal of Hazardous Materials, pone sobre la mesa el impacto silencioso de los anticoagulantes de segunda generación (SGAR) en la fauna silvestre.
Un efecto en cadena que debilita a los aliados naturales
El problema de estos venenos radica en su falta de selectividad y en su lentitud. Un rodenticida anticoagulante no mata al roedor al instante, sino que puede tardar hasta dos semanas en hacer efecto, provocándole hemorragias internas. En ese lapso, el animal debilitado o desorientado se convierte en una presa fácil y lenta.
Ahí es donde entran las aves rapaces, especialmente las lechuzas y búhos, cuyas adaptaciones para la caza nocturna las convierten en los controladores biológicos más eficientes del ecosistema. Al alimentarse de roedores intoxicados —o al consumirlos ya muertos—, el veneno se transfiere y se acumula en sus propios tejidos, un fenómeno conocido como bioacumulación.
Esta alerta científica cobró fuerza tras la gran floración de la caña colihue en 2019 cerca de Villa La Angostura, un fenómeno natural que provocó una explosión demográfica de roedores conocida como «ratada». Con el aumento de cebos químicos en la zona periurbana, comenzaron a aparecer lechuzas muertas en cantidades alarmantes, lo que motivó al equipo liderado por la investigadora Valeria Ojeda a buscar respuestas sobre el impacto del veneno en la cadena alimentaria.
Un avance clave para el diagnóstico
Hasta ahora, determinar si un ave había muerto por envenenamiento o por otra causa era un desafío complejo que requería enviar muestras al exterior. El equipo del INIBIOMA, en colaboración con especialistas de Estados Unidos y España, no solo logró medir la presencia de estos químicos, sino que dio un paso pionero: desarrolló un método para evaluar el daño biológico real en las aves.
El avance consiste en medir la concentración de vitamina K1 en el hígado. Como los rodenticidas actúan bloqueando esta vitamina esencial para la coagulación, el estudio confirmó que las aves expuestas al químico mostraban niveles significativamente más bajos de K1. De hecho, este marcador permitió confirmar la intoxicación en un ejemplar de Tucúquere (Bubo magellanicus) que presentaba signos claros de hemorragia.
Actividades como esta abren la puerta a que la ciencia argentina pueda realizar estas complejas mediciones de manera local, fortaleciendo la capacidad diagnóstica en Bariloche junto a otras instituciones científicas de la región.
Más allá de la advertencia: la necesidad de regulaciones
El estudio no busca prohibir sin proponer soluciones, sino advertir sobre la necesidad de un cambio estructural. Cuidar a las lechuzas, aguiluchos y zorros es defender el control natural de plagas más efectivo que existe.
Para los investigadores, prevenir el hantavirus es una prioridad sanitaria indiscutible, pero el uso desregulado y masivo de veneno genera un círculo vicioso que elimina a los mismos animales que evitan la sobrepoblación de roedores. La solución, señalan, no pasa únicamente por concientizar a los vecinos, sino por construir marcos regulatorios respaldados por evidencia científica, promover alternativas sostenibles de control y ofrecer herramientas institucionales para que la protección de la salud humana no ocurra a expensas de los ecosistemas patagónicos.
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