Delitos de lesa humanidad en Viedma: el impacto de esperar años por verdad y justicia

El tiempo los diplomó de docentes, amas de casa, comunicadores, trabajadores de la administración pública, profesores, hoy muchos jubilados, pero llevan en sus hombros capítulos de historia cercana imborrables. La dictadura de 1976 también se sintió en Viedma, aunque parezca que se hundió en un bache de la justicia entre Roca, Neuquén y Bahía Blanca. ¿Cómo se sostiene la espera?

“Se señalizan los espacios pero siguen faltando imputados”, reclamaron desde la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, que funciona entre la capital de Río Negro y Patagones. Se referían, por ejemplo, a los secuestros ocurridos en 11 “operativos antisubversivos”, a cargo en forma conjunta o por separado, de la Policía Federal y la rionegrina, que derivaron en detenciones ilegales en la Comisaría N°1 de Viedma y en la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro (Ruta Provincial 51, rumbo al aeropuerto).

Marcadas en 2017, siguiendo la Ley Nacional N° 26.691, ambas sedes funcionaron como centros clandestinos en la provincia, junto a seis sitios más, repartidos en otras ciudades como Cipolletti, Bariloche y Sierra Grande. “Sabemos que por allí pasaron muchas más víctimas de las que han denunciado, por eso todavía muchos no tuvieron que sentarse a declarar, a defenderse, por lo que hicieron ahí adentro”, sostuvieron desde la organización, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Estiman que se registraron por lo menos 50 casos.

Delitos de lesa humanidad en Viedma | En cuadros de honor

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Los testimonios señalan que por allí pasaban las y los detenidos antes de su traslado a otros puntos de la región, así como también figuran los que fueron retenidos en esas instalaciones por meses, incluso con sus hijos menores de edad. La franja entre 1976 y 1978 fue la más cruda, aseguran, en tiempos en que estaba a cargo de la Policía rionegrina el coronel retirado Raúl Pedernera, quien en mayo de 1976 fue reemplazado por el teniente coronel retirado Félix Saturnino Soage, según publicó este medio en 2008.

El cambio sirvió para que Pedernera asumiera la conducción de la Escuela de Cadetes, también nombrada en las denuncias. A Soage lo siguieron el coronel Severo Ramos (1977 – 1980) y el teniente coronel Fernando Zárraga (1980 – 1983). Las fotos de los cuatro permanecieron entre los cuadros de honor de la Jefatura y el sitio web de la fuerza, hasta que fueron repudiados en 2012.

Por su accionar, Pedernera fue condenado por ejemplo, por la Justicia Federal en 2012, junto al primer interventor militar de la dictadura en Río Negro, Néstor Rubén Castelli, y los efectivos retirados Víctor Manuel Lobos (Regina), Rubén Alcides Codina (Beltrán), Sixto Navarrete y su hijo Elfio (Viedma). Fue por el secuestro de Daniel Orlando Avalos y Carlos Apolinario Lima, dirigentes de la UOCRA Sierra Grande, pero aún resta avanzar con otros casos, ocurridos en la capital específicamente, con otros involucrados. Tal como publicó RÍO NEGRO días atrás, aun quedan 12 causas pendientes, dato confirmado por la Justicia Federal, pero la mayoría aún no superó la etapa de instrucción, y lejos se encuentra aún la posibilidad de llegar al esperado juicio.

Delitos de lesa humanidad en Viedma | El valor de acompañar a otros

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Gladys Elvira, por ejemplo, llegó al grupo de Familiares de Víctimas por lo sucedido con quien era su compañero en la década del ‘70, José Alberto Suracce (23), estudiante de Geología en la Universidad Nacional del Sur (UNS) secuestrado y acribillado por la Triple A, detalló Infojus, la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas.

Desde su lugar en la comisión del grupo, que funciona desde mediados de 2010, esta profesora de Historia dedica su tiempo y aportes a acompañar la situación de otros tantos, que se acercan y allí logran encauzar recuerdos y la asignatura pendiente de lidiar con el duelo del terrorismo de Estado, que no cierra a causa de la impunidad. 

Proceso anímico de cada uno que no es fácil abordar, Gladys tampoco se había sentido víctima y evitaba hablar de lo sufrido, aunque el crimen de su pareja y el riesgo de vida que también la amenazaba la obligaron a irse de Bahía Blanca, sin poder terminar la carrera porque era vigilada. Vivió con sus padres, hasta que pudo rehacer su vida en Neuquén. Si bien declaró en Bahía Blanca, donde sí avanzaron los juicios, lo hizo en 2007 y escuchó hablar de sentencia recién entre el 2020 y el 2021, otra muestra de las demoras que empañan la condena a los responsables. 

Después de 15 años de trabajo con víctimas y testigos, acompañando las audiencias en la región y cumpliendo con la actividad institucional interna, la Asociación de Familiares y Víctimas hoy funciona en la Casona de la Memoria de Viedma. Surgida de la preocupación por la falta de apoyo para quienes se animaban a declarar, según contó Cristina Cévoli, una de sus primeras integrantes, hoy ya reciben a nietos y nietas de aquella generación afectada por la violencia institucional. Son ellos, reconocen, los que hoy toman protagonismo en la concientización y renuevan la convicción del “Nunca Más”.

Delitos de lesa humanidad en Viedma | Insisten en el valor de la prueba recolectada

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Conocedores del complejo entramado judicial y de sus trabas, aún hoy reclaman que la lupa sea puesta no sólo en el rol de la Policía Federal, sino también en la Policía de Río Negro. “La Justicia Federal se declaró incompetente y derivó las denuncias y testimonios tomados en Viedma a Bahía Blanca, pero allá no se abordó el rol de la fuerza provincial, como tampoco lo hizo la Comisión Investigadora armada ya en 1984”, acusaron.

Mientras tanto, debieron acostumbrarse a cruzarse en la calle con aquellos señalados como parte del plan sistemático, además de los señalados como colaboradores civiles o que integraban la propia estructura judicial viedmense en esos años de oscuridad. “Nadie los incomoda”, reconocieron, al hablar de una cobertura simbólica de protección, salida de los círculos de poder en los que se movieron y que sigue vigente 50 años después. 

En otro tiempo, contaron, se los convocó desde la Justicia viedmense a colaborar con la búsqueda de verdad, pero eso se frenó. Por el contrario, hoy tienen que insistir en avances y en que se valore como prueba válida lo que aportan instituciones como el Archivo Provincial de la Memoria, que funciona desde la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, querellante en dos causas.

“Esas declaraciones se tomaron en sede judicial, en formato presencial o virtual, no en la casa de las víctimas, sino frente a todas las partes involucradas, que también podían preguntar. Gran parte de la prueba documental fue solicitada por oficio, no cayeron en un sobre anónimo (…) rechazarlo habla más de lo que no hace el juzgado y la fiscalía, que de la validez de lo que se aporta”, remarcaron.