En pleno debate por el presupuesto, designan un nuevo secretario de Discapacidad tras el accidente de Di Liscia

La Secretaría Nacional de Discapacidad atraviesa una de las crisis institucionales más agudas de la actual gestión gubernamental. En las últimas horas, el Gobierno oficializó la designación del doctor Diego Masaragian como nuevo titular del área. Su nombramiento de urgencia responde al grave accidente de tránsito que sufrió su antecesor, Pablo Di Liscia.

La intempestiva llegada de Masaragian marca un insólito hito para la cartera: es el tercer funcionario en ocupar el cargo de secretario de Discapacidad en menos de un mes. Esta vertiginosa rotación comenzó el pasado 21 de septiembre con la renuncia de Alejandro Vilches, continuó al día siguiente con la asunción de Di Liscia y culmina ahora con esta nueva designación ante la imposibilidad médica del exfuncionario para ejercer sus funciones.

Este nivel de inestabilidad en la cúpula se desarrolla sobre un escenario de extrema tensión política y judicial. Por un lado, el oficialismo enfrenta una dura batalla en el Congreso por los artículos del Presupuesto 2027 que buscan desregular el sistema de prestaciones para las personas con discapacidad. Por el otro, la Justicia avanza a paso firme destapando un escandaloso esquema de corrupción, sobreprecios y pago de sobornos en la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Diego Spagnuolo.

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El perfil de Diego Masaragian, el nuevo secretario

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Para intentar encauzar la gestión, el Ministerio de Salud apostó por un perfil netamente técnico al designar a Diego Masaragian. Hasta el momento de su nombramiento, el médico se desempeñaba como Administrador Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), función para la que había sido designado en julio de 2025.

Desde ese puesto estratégico, Masaragian tuvo a su frente la gestión integral de los principales centros hospitalarios nacionales, entre los que se destacan el Hospital Posadas, el Baldomero Sommer, el Ramón Carrillo, el Laura Bonaparte y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS). Previamente, había forjado su experiencia como Director Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización.

Según comunicó oficialmente la cartera sanitaria, la principal misión de la nueva administración será «profundizar las auditorías, optimizar los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones». El Ejecutivo priorizará el fortalecimiento de los mecanismos de control interno para asegurar una administración eficiente de los fondos públicos destinados al área.

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Tres secretarios en menos de un mes: la salida de Vilches y el accidente de Di Liscia

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El recambio constante en la Secretaría refleja la turbulencia del sector. El 21 de septiembre, Alejandro Vilches (quien había asumido el año anterior en reemplazo del investigado Diego Spagnuolo) presentó su renuncia indeclinable. Su dimisión se produjo en el ojo de la tormenta, marcado por el fuerte malestar social y las tensiones internas que generó el proyecto de Presupuesto 2027 por los proyectados recortes en el área.

Para apagar el incendio, el Gobierno formalizó rápidamente mediante el Decreto 1095/2026 la designación de Pablo Hernán Di Liscia, un ejecutivo con más de tres décadas de experiencia y extitular del IOMA bonaerense. Sin embargo, su gestión fue trágicamente efímera y no alcanzó a durar ni un mes en el cargo.

En la madrugada del martes 29 de septiembre, apenas una semana después de haber asumido, Di Liscia protagonizó una grave colisión a bordo de su motocicleta. Según el parte del SAME, el siniestro vial ocurrió a las 4:30 de la mañana sobre la avenida General Paz, a la altura de Panamericana y frente al shopping DOT.

El exfuncionario de 60 años ingresó al Hospital Pirovano con un politraumatismo grave, múltiples fracturas y deterioro del sensorio, y debió ser internado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo asistencia respiratoria mecánica (ARM).

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La pelea de fondo por el Presupuesto 2027

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La crisis institucional de la cartera se da en paralelo a un acalorado debate legislativo. El corazón del conflicto radica en la intención original del Poder Ejecutivo de utilizar el Presupuesto 2027 para derogar el nomenclador único y la actualización automática de los valores de las prestaciones. Este sistema vigente obliga a todas las prepagas y obras sociales a abonar los mismos montos por terapias y educación especial, garantizando un piso de igualdad de derechos para los pacientes, sin importar sus ingresos.

La inclusión de esta medida despertó el pánico de los familiares de personas con discapacidad y generó fuertes críticas de figuras del propio oficialismo, como la senadora Patricia Bullrich, quien lo tildó de «error no forzado».

Incluso, en su reciente paso por la comisión de Diputados de este miércoles 13, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, evitó confirmar si el Gobierno retirará ese polémico capítulo.

«El Congreso tiene capacidad de acción y decisión propia», se desligó el funcionario, admitiendo que «desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa» y que los bloques parlamentarios tienen posiciones distintas a la de la Casa Rosada.

No obstante, Guberman intentó llevar tranquilidad afirmando que la partida para atención de salud en discapacidad se duplicará (+107,4% en términos reales respecto a 2026) y que el financiamiento de las prestaciones y las Pensiones No Contributivas está cubierto al «100%».

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Procesados por la causa de coimas en la exAndis

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Mientras se define el futuro económico del sector, la Justicia avanza sobre los millonarios desmanejos de la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Una auditoría oficial ya había detectado un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos bajo la gestión de Diego Spagnuolo, revelando además pagos multimillonarios a prestadores mediante el irregular mecanismo de «legítimo abono».

Sin embargo, las nuevas revelaciones judiciales exponen un esquema clandestino y sistemático de coimas que derivó en el procesamiento de 19 personas, medida que fue confirmada por la Cámara Federal porteña. A través de peritajes telefónicos, los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico reconstruyeron cómo lobistas, empresarios y funcionarios manipulaban licitaciones, retrasaban pagos a competidores y coordinaban retornos en efectivo de hasta un 15%.

Entre los hallazgos más escandalosos de los informes técnicos figura el caso de una «prótesis fantasma» en la provincia de Río Negro. Los registros oficiales certificaban la entrega de una prótesis para un paciente amputado, con un remito debidamente firmado por su madre. Sin embargo, la auditoría comprobó que la rúbrica fue obtenida mediante engaños al momento de tomar las medidas y que la familia jamás recibió el insumo médico.

El peritaje contable también detectó abismales sobreprecios en las adjudicaciones. El caso más extremo fue un andador provisto por Ortopedia Bernat con un desvío del 4239%. Además, se descubrieron compras de sistemas de válvulas a la firma Siprotec SA con sobreprecios del 711%, pagos duplicados por $28,7 millones a la empresa Indecomm, y facturaciones de unidades médicas importadas con precios de hasta $14,9 millones cuando correspondía entregar equipos nacionales con valores que oscilaban entre $1,3 y $2,3 millones.

Los chats extraídos de los celulares desnudaron el rol clave del empresario Miguel Calvete y su hija Ornella, exfuncionaria del Ministerio de Economía, quienes exigían internamente «un listado de todo lo que tenga papá para ofrecer» en el ámbito de la salud. En el plano operativo, exdirectores como Daniel Garbellini y Diego D’Giano manejaban el sistema a discreción para congelar a los proveedores que no participaban de la red ilícita, impartiendo directivas explícitas como «Objetá todo, pedí documentación» para frenar los expedientes, según consta en el fallo judicial.