«Está hecha la trampa, pero no la ley»: cómo las pantallas afectan la capacidad de aprender
Más de 300 organizaciones impulsan una ley para que las empresas tecnológicas asuman responsabilidades por los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en Internet. La investigadora del Conicet Andrea Goldín advierte que el problema no está solamente en el tiempo de conexión, sino también en las capacidades que dejamos de ejercitar cuando las aplicaciones resuelven las tareas por nosotros.
El scroll infinito, las notificaciones constantes y la reproducción automática de videos forman parte de la experiencia cotidiana en las plataformas digitales. Detrás de esas funciones hay decisiones de diseño que buscan mantener a los usuarios conectados durante más tiempo. Cuando quienes utilizan esos servicios son chicos y adolescentes, las consecuencias sobre su bienestar y sus derechos abren un debate que ya llegó al Congreso argentino.
Con la consigna «Está hecha la trampa, pero no la ley», más de 300 organizaciones lanzaron el 5 de octubre la Campaña Nacional por la Protección Digital de Niños, Niñas y Adolescentes. El reclamo apunta a establecer reglas para los entornos digitales y exigir que las empresas tecnológicas respondan por los riesgos que generan sus productos y servicios.
La iniciativa reúne a organizaciones de la sociedad civil, especialistas y organismos públicos. Entre ellos se encuentran la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Pediatría, Amnistía Internacional Argentina, Chicos.net, Fundación Éforo y el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM).
El planteo parte de una premisa: el problema no es la tecnología en sí misma, sino la manera en que se diseñan los entornos digitales. Las organizaciones sostienen que no alcanza con trasladar la responsabilidad a las familias y las escuelas. Son las compañías las que definen las interfaces, los algoritmos y los mecanismos que determinan qué contenidos se recomiendan y cómo se mantiene la atención de los usuarios.
Las alertas sobre los efectos del uso de plataformas digitales se multiplicaron entre profesionales de la salud, docentes y familias. Entre las situaciones que generan preocupación aparecen la ansiedad y la depresión asociadas a la comparación permanente en redes sociales, el grooming en videojuegos, el ciberacoso, la exposición prolongada a las pantallas y el acceso de jóvenes a las apuestas online mediante sitios y billeteras virtuales.
La campaña busca que se avance hacia una legislación integral. Según sus impulsores, en el país existen más de 30 proyectos de ley relacionados con esta problemática. El 7 de octubre se llevó a cabo en el Senado de la Nación la jornada de debate y reflexión «Infancias y tecnologías digitales: impactos, desafíos y regulación». Andrea Goldín, investigadora del Conicet que trabaja en el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella participó como científica invitada y compartió los resultados de un estudio que reveló que, en Argentina, el 60 % de los niños de 8 años cuenta con un celular propio.
En diálogo con Río Negro, Andrea Goldín compartió algunos resultados de sus estudios y explicó su preocupación por un fenómeno que define como «la delegación de la cognición»: cuando las personas dejan de practicar habilidades porque los dispositivos y las aplicaciones hacen esas tareas en su lugar.
«No sé cuán necesaria es una ley, cuánto puede funcionar, pero en ese contexto, creo que todo suma o puede sumar. Me parece importante que, como sociedad y como ciudadanos, entendamos cuáles son las consecuencias de estar tan hiperconectados. Pero no tanto por el lado de la conexión, sino por la delegación de nuestra cognición», explica.
De acuerdo a lo que Goldín investiga hace años, aprender no consiste solamente en incorporar información. También requiere ejercitar habilidades, equivocarse, revisar lo hecho y volver a intentarlo. Ese proceso gradual permite desarrollar capacidades que después se utilizan en distintas situaciones de la vida.
«Para poder resolver problemas y entender distintas cosas, vamos practicando a lo largo de nuestra vida. A veces, ese proceso es más explícito y directo. Por ejemplo, para aprender a multiplicar, en general, primero tenemos que aprender a sumar. Después empezamos a multiplicar números pequeños y, más adelante, números más grandes», señala.
La investigadora explica que ese aprendizaje progresivo también alcanza a las relaciones personales, el lenguaje y el razonamiento. «Aprendemos a través de la práctica progresiva y sostenida, del error, de repensar y de volver sobre nuestros pasos. A veces necesitamos más ayuda y otras, menos. Eso depende no solo de la persona, sino también del momento de la vida, de la etapa de desarrollo de la habilidad de la que estemos hablando y del insumo con el que estemos trabajando», agrega.
La investigadora advierte que las capacidades no funcionan de manera aislada. Por eso, dejar de ejercitar una habilidad puede tener consecuencias que van más allá de la tarea que una aplicación resuelve. En su explicación, el cerebro busca optimizar los recursos y las herramientas digitales aprovechan esa tendencia al ofrecer respuestas rápidas y tareas resueltas.
«Nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso son muy eficientes y buscan optimizar esa eficiencia, es decir, obtener resultados con el menor gasto posible de recursos energéticos. Por eso, lo que aprendemos en un área, en general, también lo utilizamos en otras tareas que tienen algún tipo de relación, aunque ese vínculo no siempre resulte evidente», dice.
Goldín considera que las aplicaciones aprovechan esa búsqueda de eficiencia al ofrecer respuestas resueltas. «Aunque nos gustan los desafíos, pensar, llegar a ese momento eureka, descubrir, la verdad es que, si me lo das resuelto, es más cómodo y más fácil. Y ni hablar si sumamos la necesidad de productividad que tenemos en nuestra sociedad actual».
Goldín aclara que esta mirada no implica considerar perjudicial cualquier uso de las pantallas. Reconoce las posibilidades que ofrecen para acceder al conocimiento, comunicarse y desarrollar actividades creativas. La diferencia, sostiene, está en saber cuándo una herramienta ayuda y cuándo termina reemplazando capacidades que necesitamos ejercitar. Y cuando un adulto no tiene esa práctica, tiene un montón de años en que si lo hizo, pero los chicos no lo tienen.
«Esto no quiere decir que todo uso de las pantallas sea malo ni que esa sea la postura desde las ciencias del comportamiento o la neurociencia. Para nada. Los dispositivos tienen un montón de ventajas, muy buenas e interesantes. Tenemos el conocimiento universal en el bolsillo, la posibilidad de comunicarnos instantáneamente. También existen oportunidades para generar espacios creativos», señala.
La clave, para la investigadora, está en reconocer cuándo una aplicación resulta útil y cuándo termina ocupando un lugar que debería conservar la persona. «Hay que conocerlas, reconocerlas y, sobre todo, detectar en qué situaciones o para qué actividades una aplicación nos sirve y podemos utilizarla bien. Y en cuáles, en realidad, como me gusta decir, es la aplicación la que va a estar usándonos a nosotros».
Celulares propios desde los 8 años
La presencia de los dispositivos desde edades cada vez más tempranas es uno de los aspectos que investigó Goldín. En el trabajo “Celulares: ¿prohibir o no prohibir?”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Andrea Goldin, Martín Nistal y Tomás Besada, estudiaron la tenencia y el uso de celulares entre chicos de 8 años de todo el país y concluyeron que el 59% de los alumnos argentinos de 3er grado de primaria tiene un teléfono móvil.
«Seis de cada diez alumnos de esa edad, que cursaban tercer grado, tenían un teléfono propio. El relevamiento se realizó hacia el final del año lectivo, por lo que los chicos tenían entre 8 y 9 años. Cuando analizamos qué sucede en las distintas provincias y si los porcentajes cambian según el nivel socioeconómico o entre ámbitos rurales y urbanos, encontramos diferencias, por supuesto, pero son pequeñas», afirma la investigadora.
«Obviamente, hay algunas escuelas donde todos tienen celular y otras donde nadie tiene, pero lo que predomina es otra realidad: en casi todas las aulas de nuestro país, más de la mitad de los chicos de 8 años tiene un celular propio. Además, hay varios que utilizan los teléfonos de sus familias. Como mamá de un nene de 8 años, me parece muchísimo».
Para Goldín, el dato invita a pensar en los acuerdos entre las familias. Los pactos parentales, explica, pueden servir para que los adultos establezcan criterios compartidos sobre el acceso de los chicos a los teléfonos y las condiciones de uso.
Qué lugar deberían ocupar las pantallas en la escuela
Goldín considera que, en la mayoría de los casos, la sociedad todavía no aprendió a utilizar los celulares de manera adecuada. Esa falta de formación, advierte, atraviesa tanto a las familias como a la comunidad docente.
A la hora de describir las consecuencias de ese uso, la investigadora recurre a una expresión contundente: «A mí me gusta decir que nos achanchan el pensamiento. Los dispositivos nos achanchan, aunque, por supuesto, podrían no hacerlo». Goldín aclara que un uso adecuado puede mejorar la productividad y la calidad de los resultados. Sin embargo, considera que todavía falta formación para aprovechar esas herramientas:
«En la inmensísima mayoría de los casos, y a cualquier edad, no se utilizan bien. ¿Por qué? Porque como sociedad no sabemos usarlos bien. Como ciudadanos no hemos aprendido; como comunidad docente, tampoco. No nos enseñaron y no existen suficientes instancias de formación ciudadana, ni de formación docente».
La investigadora no considera que retirar todos los dispositivos de las escuelas sea necesariamente la mejor respuesta. Sí plantea limitar su presencia en los espacios de juego, movimiento y recreación, además de reducir su uso en buena parte de las clases. Al mismo tiempo, propone aprovecharlos para enseñar conocimientos que permitan comprender cómo funcionan las tecnologías.
«Me parece importante aprovechar esta oportunidad para repensar los dispositivos como un gran insumo para trabajar ciencias de la computación, informática y TIC. Estas áreas deberían dejar de ser una materia que algunas escuelas ofrecen una o dos horas por semana y pasar a ser realmente transversales a toda la currícula», plantea.
Para Goldín, el desafío educativo no consiste en enseñarles a los chicos a manejar una aplicación. Esa destreza técnica suele aparecer con la exploración y la práctica. Lo que necesitan desarrollar es la capacidad de evaluar la información, reconocer evidencias y construir una mirada crítica.
«No me parece que sean nativos digitales. Más allá de que puedan desenvolverse técnicamente un poco mejor que nosotros, necesitan fortalecer, ejercitar y desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Necesitan aprender a discernir qué es y qué no es información, a entender la evidencia, discutir con ella, utilizarla y pensar a partir de ella», sostiene.
La escuela, considera, puede ocupar un lugar central en ese aprendizaje. «Me parece que es un gran lugar para hacerlo: allí tenemos a todos los chicos juntos y podemos empezar a aprovechar ese espacio para alfabetizar en estas cuestiones. Ya no se trata de la alfabetización digital como se la entendía antes, sino de una formación mucho más profunda, fundamental para crecer y vivir como ciudadanos libres».
Antecedentes en otros países
Entre los antecedentes internacionales que analiza la campaña “Está hecha la trampa, pero no la ley” aparecen las regulaciones de la Unión Europea, el Reino Unido y Brasil. Este último país aparece como una referencia por la reforma de su Estatuto da Criança e do Adolescente, de 2025. La norma, conocida como ECA Digital, amplió la protección de niños y adolescentes en Internet e incorporó medidas como la verificación de edad y la vinculación de las cuentas de menores con las de sus padres. Uno de los desafíos es aplicar esos controles sin arriesgar la privacidad.
Desde la campaña sostienen que las empresas pueden adaptar sus servicios cuando los Estados establecen obligaciones claras. Sin embargo, el investigador del Conicet Martín Becerra advierte que aprobar una ley no garantiza su cumplimiento: las plataformas cuentan con equipos jurídicos y recursos para resistir las medidas que afectan sus intereses. También señala la influencia del lobby tecnológico en Estados Unidos y la necesidad de fortalecer los organismos encargados de hacer cumplir las reglas.
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