Islas Malvinas: excombatientes impulsan un amparo contra una medida que dio de baja veteranías
La Asociación Concertación TOAS lanzó una junta de firmas tras el rechazo de un amparo colectivo por parte de la Justicia Federal
La Asociación Civil Concertación TOAS elevó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para destrabar una causa histórica. Exigen que el máximo tribunal revise la constitucionalidad del Decreto 509/88, la norma firmada durante el gobierno de Raúl Alfonsín que recortó el alcance de la Ley 23.109 y dejó sin reconocimiento oficial a miles de soldados que custodiaron el litoral marítimo continental durante la guerra de Malvinas.
El conflicto de fondo es legal y político: los veteranos denuncian que la Justicia se niega de forma sistemática a analizar si un decreto presidencial podía cercenar un derecho otorgado por el Congreso Nacional, escudándose en argumentos económicos y maniobras procesales.
Un fallo condicionado por las partidas del Estado
El amparo colectivo, tramitado inicialmente en el Juzgado Federal de Bahía Blanca N.° 2, no solicitó el cobro de indemnizaciones ni un monto de dinero específico, sino el control de constitucionalidad de la reglamentación. Sin embargo, en su contestación, el Estado Nacional argumentó que dar curso favorable al reclamo generaría un fuerte impacto en el presupuesto público.
La jueza de la causa tomó como eje la advertencia financiera del Ejecutivo y rechazó el planteo, argumentando que el reconocimiento de la veteranía podría acarrear la liquidación de pensiones u otros beneficios, una competencia que atribuyó al Poder Legislativo.
Desde la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes T.O.A.S. 1982 criticaron con dureza la postura judicial:
«La Justicia debe resolver conforme a la Constitución y a las leyes, no dejar de analizar un planteo porque el Estado afirme que podría afectar el presupuesto público», sostuvieron.
La trampa de los plazos y el laberinto procesal
Para evitar resolver sobre el fondo de la cuestión, la causa ingresó en un intrincado laberinto técnico:
- Primera Instancia: la jueza rechazó el recurso de apelación de los excombatientes alegando que fue presentado fuera de término.
- Cámara Federal: frente a esto, la entidad presentó un recurso de queja. La Cámara descartó el motivo planteado por la jueza pero inventó un criterio propio para el cómputo de plazos y volvió a declarar el recurso como extemporáneo.
- Violación de reglas: los excombatientes señalan que la apelación se realizó respetando de forma estricta las normas de notificación electrónica fijadas por la propia Corte Suprema.
Frente a la aplicación de dos criterios distintos para contar un mismo plazo, la entidad acudió a la Máxima Corte para exigir que se respeten las reglas del debido proceso y se analice por primera vez la validez legal del Decreto 509/88.
En paralelo al frente judicial, la Concertación TOAS lanzó una campaña nacional de recolección de firmas en la vía pública y plataformas digitales para visibilizar la causa. El objetivo es exigir garantías en el acceso a la justicia y evitar que la política o los argumentos financieros del gobierno de turno condicionen los fallos judiciales.
La Asociación Civil Concertación TOAS elevó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para destrabar una causa histórica. Exigen que el máximo tribunal revise la constitucionalidad del Decreto 509/88, la norma firmada durante el gobierno de Raúl Alfonsín que recortó el alcance de la Ley 23.109 y dejó sin reconocimiento oficial a miles de soldados que custodiaron el litoral marítimo continental durante la guerra de Malvinas.
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