No hay una solución a la vista en el conflicto por la ocupación mapuche en Cuesta del Ternero

Funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro y representantes de la Lof Quemquemtreu, que usurpa desde hace 4 meses un campo, se reunieron este miércoles en El Bolsón. Solo sirvió para que la comunidad presente sus reclamos.





El primer intento de acercamiento entre funcionarios del Gobierno de Río Negro y representantes de la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu que se hizo este miércoles no abrió la puerta para hallar una salida alternativa al conflicto que desde hace cuatro meses se vive en la zona de Cuesta del Ternero, a unos 30 kilómetros de El Bolsón.

Los representantes de la comunidad manifestaron sus demandas al secretario de Derechos Humanos del gobierno rionegrino, Duilio Minieri, que por primera vez tomó nota de la situación.

El funcionario provincial les explicó que su presencia en el encuentro era para trasladar los pedidos de la comunidad al Ejecutivo provincial, que encabeza la gobernadora Arabela Carreras. “Minieri dijo que no tenía autorización para calificar el encuentro como una mesa de diálogo y les aclaró que no tenía la facultad para tomar decisiones”, comentó tras la reunión Ezequiel Palavecino, que asistió en representación de la APDH Bariloche. También participó Nelson Ávalos, de la APDH Regional Noroeste de Chubut, y la abogada de la comunidad mapuche Andrea Reile.

“Nos reunimos y pudimos conversar, conformando una nueva instancia de comunicación y diálogo entre los miembros de la comunidad y el Gobierno provincial, por intermedio de la Secretaría de Derechos Humanos”, expresó Minieri, en un breve comunicado oficial, tras la reunión que se hizo ayer por la mañana en el centro cultural Eduardo Galeano, de El Bolsón.

“Nuestra tarea como Secretaría de Derechos Humanos es seguir fomentando la posibilidad de diálogo como el mejor camino para la resolución del conflicto. En principio, la comunidad nos desconocía como interlocutores, y ahora nos han aceptado como tales. Seguiremos manteniendo el diálogo como herramienta”, aseguró el funcionario provincial.

Sin embargo, Palavecino expresó, sorprendido, que el secretario de Derechos Humanos de la provincia por primera vez en cuatro meses de conflicto haya intervenido. Minieri estuvo acompañado por dos delegadas de su cartera.

Dijo que básicamente el secretario se presentó al encuentro “a escuchar lo que los representantes de la comunidad querían transmitir”. “Vino con una hoja en blanco a anotar los pedidos”, comentó Palavecino.

Los referentes de la Lof Quemquemtreu pidieron que el gobierno provincial retire los policías apostados en los puestos de control en la zona de Cuesta del Ternero. Denunciaron que siguen las restricciones para el ingreso de alimentos a las personas que permanecen en el campo. Y afirmaron que hasta la fecha “están incomunicados”.

Transmitieron al secretario de Derechos Humanos que la recuperación territorial que habían hecho apuntaba a resguardar el bosque nativo. Y criticaron la cesión que la provincia hizo de esas tierras fiscales a Rolando Rocco, para una explotación forestal particular.

Rocco hizo justamente la denuncia por usurpación del campo a finales de septiembre pasado, cuando un grupo de personas irrumpió en esas tierras y alegó que le pertenecían. Se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu, de la que nadie había escuchado hasta ese momento y no tiene personería jurídica. Está en la misma situación que la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, que ocupa desde hace algo más de 4 años tierras de Parques Nacionales y usurpa lotes particulares en Villa Mascardi.

En las tierras en disputa en Cuesta del Ternero ocurrió la tarde del 21 de nociembre pasado el homicidio del joven mapuche Elías Garay. Por ese crimen están imputados, con prisión preventiva, Martín Feilberg y Diego Ravasio. La investigación del homicidio corre por un sendero aparte respecto a la causa penal en trámite por la usurpación.

De hecho, sigue en pie una orden que el juez de garantías de Bariloche Ricardo Calcagno dictó el 16 de diciembre último para desalojar a Juan Cruz Baeza, Lautaro Cárdenas Despo, Alejandro Morales Godoy y Mauro Vargas de las tierras usurpadas en Cuesta del Ternero, según la acusación fiscal. El juez Gregor Joos revisó esa decisión y la confirmó el 30 de diciembre pasado.

Palavecino dijo que en la reunión de este miércoles se habló sobre la orden de desalojo. “Esa orden tiene el doble conforme y el último paso le corresponde al Ministerio de Seguridad (a cargo de Betiana Minor) que tiene que dar el aval para llevarlo adelante”, explicó el abogado y miembro de la APDH Bariloche. Comentó que los representantes de la comunidad Quemquemtreu solicitaron al secretario de Derechos Humanos de Río Negro que le transmita a Minor que no ejecute el desalojo. Aunque en la opinión de Palavecino, los funcionarios provinciales “se comprometieron a la nada misma”.


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