Tierras: la oposición reclama la aplicación de la Ley Pierri en Río Negro
La provincia y una decena de municipios, entre ellos Bariloche, adhirió a esta norma para regularizar la posesión de lotes pero denuncian que es "nulo el avance".
Se estima que hay miles de familias en condición de regularizar su situación dominial con la Ley Pierri. Archivo
La creciente problemática habitacional en Río Negro y la falta de regularización dominial de familias que residen en lotes desde hace décadas motivó al bloque de legisladores Frente de Todos a elevar un pedido de informes al Gobierno para conocer los motivos de la demora en la implementación de la Ley Pierri que podría regularizar cientos de situaciones.
Con esta ley, que beneficia a ocupantes regulares de inmuebles urbanos de bajos recursos, con posesión pacífica durante 3 años, que no hayan podido completar los trámites de escritura, se puede dar solución a una parte de la problemática de tierras que se replica en la mayoría de las ciudades de Río Negro.
El Frente de Todos recordó que Río Negro y una docena de municipios, entre ellos Bariloche, adhirió a esta normativa pero “los avances son prácticamente nulos”.
“El Estado provincial dispone de las herramientas, pero no las aplica”, señaló la presidenta del bloque María Eugenia Martini que orientó el pedido de informes al IPPV, que es el órgano de aplicación de la Ley Pierri en Río Negro.
La provincia adhirió a la ley nacional en el año 2000 y recién la reglamentó en octubre de 2017, designando al IPPV como autoridad de aplicación para coordinar con los municipios la instrumentación. Fija además una fecha de corte (los 3 años de ocupación del inmueble deben ser anteriores al 1 de enero de 2009); establece como requisito que los beneficiarios acrediten su permanencia en el lugar (a través de un boleto de compra venta, recibos de pago de impuestos y servicios u otras constancias), y un plazo no mayor a 30 días para que otros particulares que se consideren con derecho a la propiedad puedan objetar el trámite.
El bloque opositor señaló que “un caso testigo es Bariloche, donde a partir de enero de 2018 el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social (IMTVHS ) anunció la puesta en marcha de talleres informativos y asesoramiento a los vecinos para el armado de las carpetas, paso central para iniciar el trámite. Sin embargo, transcurridos 2 años, ningún trámite se concretó”.
En la ciudad andina, en agosto de 2019, las autoridades estimaron que en Bariloche había más de 8.000 casos de regularización dominial pendientes con posibilidades de acogerse a la Ley Pierri. De estos, solo unos 400 interesados fueron inscriptos en los listados del Instituto municipal pero se giraron solo una decena de carpetas con documentación al IPPV, que fueron rechazadas.
Martini señaló como “casos emblemáticos” en la ciudad a los barrios Virgen Misionera, Villa Llanquihue y el área de Pampa de Huenuleo donde hay posesiones que datan de 20 o 40 años, que podría regularizarse con la ley.
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