Audiencia por la tarifa de Edersa en Río Negro: tensión y fuertes cuestionamientos al aumento

La audiencia pública por la revisión tarifaria del servicio eléctrico en Río Negro comenzó este viernes por la mañana en un clima de tensión, atravesado por múltiples reclamos de cámaras empresarias, de comercio y de productores, así como cuestionamientos por la difusión de la instancia y solicitudes de obras por parte de los usuarios. La instancia que se desarrolló de forma virtual, forma parte del proceso ordinario que se realiza cada cinco años y que definirá el esquema para el próximo quinquenio.

El presidente del EPRE, Juan Justo, abrió la audiencia y recordó que la normativa provincial exige una revisión tarifaria cada cinco años, cuyo último proceso fue en 2021 y vence este año. Señaló que la instancia marca el inicio formal del trámite y no la definición del aumento, y que el análisis incluye aspectos técnicos, económicos y jurídicos, con la participación de los usuarios como elemento central.

También anticipó el tono del intercambio. “Seguramente vamos a escuchar muchas críticas”, sostuvo. Y planteó el alcance de la decisión: “A partir de aquí se va a encarar un proceso de análisis de todas estas variables, el cual derivará una decisión del ente regulador, donde se podrá aceptar o rechazar total o parcialmente” el pedido de revisión tarifaria.

Hasta el momento intervinieron y mostraron su rechazo al aumento: más de 10 usuarios de distintas localidades; la defensora del Pueblo de Río Negro, Santagati; el defensor del usuario, Zeug; el legislador Delgado Sempé; la CAIC; la CAFI; la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Viedma; Cámara de Comercio, Industria y Producción de Valle Medio y la Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro; Asociación de Productores del Alto Valle. Mientras que la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), la Asociación de Profesionales Universitarios de Agua y Energía Eléctrica y cuatro usuarios defendieron la actualización.

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Edersa defendió su pedido y apuntó al peso del costo nacional

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La presentación de la empresa estuvo a cargo de Fernando Salice, director gerente comercial de Edersa, quien que la audiencia se centra en la discusión del Valor Agregado de Distribución (VAD) para los próximos cinco años, un componente que según remarcó, debe cubrir los costos operativos, las obligaciones de inversión y el mantenimiento del servicio en toda la provincia.

La empresa reiteró su solicitud de un incremento de la tarifa eléctrica de aproximadamente 45% para el próximo quinquenio. Señaló que el estudio tarifario fue elaborado durante más de un año y presentado al EPRE en octubre de 2025.

Uno de los ejes de su exposición fue el tamaño y la dispersión del área de concesión. Salice afirmó que Edersa distribuye electricidad en “más del 90% del territorio rionegrino”, con una extensión de 203 mil kilómetros cuadrados y una densidad de “un usuario por kilómetro cuadrado”, lo que según el director gerente comercial «encarece la prestación del servicio en comparación con otras jurisdicciones más concentradas».

También puso el foco en el costo de la energía mayorista y la quita de subsidios nacionales. “Las facturas de Edersa vienen más caras, pero ese dinero no va a Edersa, se va a Buenos Aires”, afirmó, al señalar que el costo de abastecimiento que cobra CAMESA creció “más del 2.700%” entre 2021 y 2025 y se traslada a los usuarios a través de las boletas.

En ese marco, defendió la necesidad de actualizar el Valor Agregado de Distribución. Dijo que la porción de la factura que queda en la distribuidora “es la más chica” y advirtió que sin una recomposición del VAD se resiente la calidad del servicio. “Discutir tarifa es discutir continuidad y calidad del servicio”, afirmó, al sostener que cuando los ingresos no acompañan los costos se postergan mantenimiento e inversiones.

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Audiencia Pública Edersa: qué dijeron la Defensora del Pueblo de Río Negro y el Defensor del usuario

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El defensor del Usuario, Guillermo Zeug, sostuvo que, tras recorrer distintas localidades de la provincia, en todos los sectores relevados existe una “disociación estructural entre la factura abonada y la calidad del servicio efectivamente prestado”. Señaló un rechazo generalizado al aumento solicitado y una creciente dificultad para afrontar los pagos actuales.

Detalló reclamos por cortes frecuentes, demoras en la reposición, baja tensión y fallas que afectan a productores y comercios. También mencionó el fuerte impacto en el sector agrícola, galpones y frigoríficos, que pidieron flexibilizar pagos y permitir la redeclaración de potencias ante la estacionalidad y contingencias climáticas.

En sus recomendaciones finales, Zeug cuestionó el traslado automático a tarifa de pérdidas, costos e inversiones sin mejoras verificables y pidió desestimar el mecanismo de actualización automática del VAD. Sostuvo que “va en contra del marco regulatorio eléctrico”, traslada riesgos a los usuarios y “no genera una señal de eficiencia para la distribuidora”.

Por su parte, La defensora del Pueblo, Adriana Claudia Santagati, adelantó el rechazo al aumento presentado por Edersa y aclaró que su intervención no se centra en el análisis técnico del cuadro tarifario, sino en el impacto sobre los derechos de los consumidores, la equidad y la asequibilidad del servicio. Señaló que la Defensoría apunta a una “crítica constructiva” y a marcar aspectos que requieren una revisión más profunda por parte del EPRE.

En ese marco, cuestionó la falta de información clara para los usuarios y pidió que, en estos procesos, la distribuidora esté obligada a publicar simulaciones de facturas reales, antes y después del aumento, para distintos perfiles de consumo. Consideró que informar solo el porcentaje de aumento del VAD “no resulta adecuado para la comprensión accesible del usuario” ni para evaluar el impacto en la economía doméstica.

Al justificar el rechazo, Santagati sostuvo que el aumento del 45,9% de la tarifa media no guarda relación con la capacidad de pago de los usuarios ni con la evolución de salarios y jubilaciones. Advirtió que los incrementos no son uniformes: mientras un usuario residencial podría enfrentar subas cercanas al 30%, pequeños comercios y grandes demandas registrarían aumentos sensiblemente mayores, sin una justificación objetiva ligada a mejoras verificables del servicio.

También cuestionó el esquema propuesto de VAD “desenergizado”, al advertir que concentra el 100% del valor agregado en cargos fijos, garantizando ingresos a la empresa independientemente del consumo o de la calidad del servicio. Señaló que ese modelo traslada el riesgo empresario a los usuarios, reduce los incentivos a la eficiencia y “colisiona con el espíritu del marco regulatorio”, por lo que sostuvo que debe ser desestimado en los términos planteados.

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CAIC y Adeera: pedido de impugnación de la audiencia y defensa de la actualización

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Miguel Edgardo Grasso, en representación de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC), impugnó la realización de la audiencia y denunció que fue convocada con escasa antelación y en coincidencia con una sesión legislativa, lo que -según planteó- limitó la participación institucional. También cuestionó la designación del defensor del usuario por ser funcionario del EPRE y reclamó mayor acceso a la información económica de la distribuidora.

Grasso afirmó que la propuesta de Edersa “carece de contenido comprobable”, denunció la falta de campañas de medición obligatorias y sostuvo que el aumento real del VAD supera el porcentaje informado por la empresa. “El pedido de Edersa parte de un error metodológico y debe ser desestimado; carece de toda lógica”, sostuvo, al advertir que se trasladan ineficiencias y pérdidas al usuario.

Por su parte, Claudio Bulacio, en representación de Adeera, defendió la necesidad de contar con tarifas actualizadas para garantizar la sustentabilidad del servicio eléctrico. Señaló que las distribuidoras operan en todo el país bajo un marco regulatorio común y que requieren ingresos suficientes para cubrir costos, inversiones y la transición energética.

El referente de ADEERA advirtió que la paralización tarifaria tiene efectos negativos sobre la calidad del servicio. “Congelar tarifas impacta negativamente en la cantidad y duración de los cortes”, afirmó, y sostuvo que los mecanismos de monitoreo de costos permiten dar previsibilidad a un servicio esencial.

Por su parte, Mariano Katz, en representación de la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio, rechazó el aumento solicitado y advirtió que la tarifa eléctrica se convirtió en un obstáculo para el desarrollo productivo y comercial. Señaló que comercios, pymes y usuarios residenciales destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos al pago del servicio, con efectos directos sobre el consumo.

También cuestionó la falta de inversiones visibles en la región y los problemas recurrentes de cortes, baja y alta tensión. “La tarifa que pagamos se vuelve un impedimento para producir y sostener nuestras actividades”, afirmó, y reclamó que no se trasladen a los usuarios los costos de obras que, por ley, debería asumir la distribuidora.

Desde la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados rechazaron el aumento y cuestionaron el tiempo para evaluar el informe compartido por Edersa. «Es una pena que existiendo una mesa de energía que creó el Epre por resolución, no nos hayan convocado antes el mismo Edersa o Epre a entrar en contacto con la propuesta y hacer un análisis debido de ella», sostuvo Miguel Sabbadini, referente de la CAFI. Además, cuestionó supuestas deficiencias técnicas en la información, irregularidades contractuales y de mercado, y del análisis del VAD.

Tras un numeroso número de expositores y una instancia de preguntas, será el EPRE quien deberá evaluar los planteos incorporados al expediente y definir si avala, modifica o rechaza la actualización solicitada por la distribuidora.