Abogados dejarán la defensa de la familia
En el caso Aigo
JUNÍN DE LOS ANDES (ASM)- Trascendió ayer en medios tribunalicios que los abogados Saúl Castañeda y Gustavo Lucero se desvincularán de la querella en el homicidio del policía José Aigo, aunque no se conocen las razones de esa decisión. La última medida de los patrocinantes de la viuda Graciela Soto había sido acompañar a la fiscalía en la elevación a juicio por falso testimonio y encubrimiento calificado contra Juan Marcos Fernández y Analía Godoy. Se trata de los únicos procesados en la misma causa en la que permanecen prófugos los ciudadanos chilenos Alexis Cortés Torres y Jorge Salazar Oporto, este último autor material de los disparos que acabaron con la vida del policía durante un procedimiento rutinario de tránsito. Fuentes consultadas por este diario dijeron que en las últimas semanas habrían surgido diferencias que precipitaron la determinación de ambos letrados, quienes ayer guardaron silencio ya que de momento la medida no se hizo pública. El alejamiento no guardaría relación con discrepancias entre los abogados, sino que se fundaría en criterios alternativos por parte de sus contratantes, en este caso la familia del policía baleado el siete de marzo de 2012. Otros dieron a entender que la decisión de acompañar a la fiscalía en la acusación contra Fernández y Godoy contrarió el criterio que la familia del sargento asesinado venía sosteniendo desde el inicio de la causa, y que era considerar al joven hijo del intendente de San Martín de los Andes como partícipe necesario del homicidio. Los abogados habían orientado sus actuaciones en ese sentido, pero luego desistieron ya sobre el momento de definición de la elevación a juicio por parte del juez de Instrucción subrogante, Andrés Luchino. De hecho, Luchino sobreseyó a Fernández de la acusación como partícipe y envió las actuaciones a la Cámara de todos los fueros de San Martín de los Andes para que fije fecha de audiencias por los apuntados delitos de falso testimonio y encubrimiento contra Fernández y Godoy. El joven era el propietario y conductor de la camioneta en la que se trasladaban los chilenos Salazar Oporto y Cortés Torres, el primero con identidad falsa. Luego se conocería que Salazar Oporto era buscado en su país por pertenecer a organizaciones políticas clandestinas que reivindican la lucha armada y haber tenido enfrentamientos con Carabineros. Si Graciela Soto pretende continuar como querellante en la causa, debería designar a la brevedad a sus patrocinantes una vez que se concrete el alejamiento de Castañeda y Lucero.
