La morosidad volvió a aumentar en julio 2026, mientras que el salario registrado cayó por tercer mes consecutivo
La mora total alcanzó el 18% del crédito tras 21 meses de aumentos consecutivos y a esto se sumó que el financiamiento a las personas mostró una leve contracción. A la par, el poder adquisitivo de los trabajadores del sector privado acumularon una merma real del 3,6%. "El 50% de los trabajadores registrados del sector privado cobra un salario de bolsillo inferior a $ 1.385.000", advirtió un especialista.
Las familias argentinas enfrentan un escenario económico complejo, marcado por el deterioro de sus perfiles crediticios y una pérdida sostenida en su poder de compra. Las estadísticas de julio de 2026 exponen un panorama de retracción financiera, donde los atrasos en los pagos extendieron su tendencia al alza por vigésimo primer mes consecutivo, a la par de un retroceso persistente en las remuneraciones formales.
Según los datos de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el financiamiento a las personas físicas experimentó una contracción real, mientras que la capacidad de pago de los hogares sufrió un impacto directo. En este contexto, más de una cuarta parte de los tomadores de deuda registra al menos un saldo irregular, un indicador claro de las dificultades para cumplir con las obligaciones mensuales.
Esta combinación de menores salarios efectivos y mayor atraso en las deudas no golpea a todas las regiones ni a todas las actividades con la misma intensidad. Los informes revelan una brecha amplia entre las provincias con alta dependencia del crédito extrabancario y aquellas con mayor penetración financiera formal, así como realidades muy dispares entre las distintas ramas del mercado laboral privado.
El avance de la morosidad y las asimetrías provinciales
El informe “Crédito a las familias: radiografía provincial”, elaborado por la Universidad Austral y la consultora Eco Go, detalla que el financiamiento a las personas físicas alcanzó los $99,4 billones en julio, con una caída del 0,7% en términos reales respecto al mes previo. En paralelo, la mora total por monto trepó al 18% del crédito, con un alza interanual de 10,3 puntos porcentuales. El deterioro también se refleja en la cantidad de individuos afectados: el 26,6% de los deudores presentó al menos una falta de pago durante el séptimo mes del año.
Frente a esta suba constante, el estudio incorpora el concepto de «mora operativa», un indicador que excluye los créditos en situación de incobrabilidad (mora superior a un año) para evitar distorsiones en los balances. Bajo esta medición más estricta, la irregularidad se ubicó en el 11,8% de la cartera y exhibió una leve señal de moderación respecto a la mora total.
A nivel geográfico, los contrastes son notorios. La Rioja concentra la mora por monto más alta del país con un 25,3%, seguida por Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%). En el extremo opuesto, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires registran los niveles más bajos de incumplimiento, con 9,6% y 12,4% respectivamente. Por su parte, la provincia de Neuquén lideró la expansión interanual del crédito con un salto del 9,3%.
Las asimetrías provinciales también se reflejan en el volumen de endeudamiento por habitante y en la dinámica interanual de los préstamos. La deuda promedio por deudor se ubicó en $4,8 millones a nivel nacional, pero trepó de forma significativa en los distritos patagónicos y urbanos: alcanzó los $8,6 millones en Tierra del Fuego, $7,1 millones en la Ciudad de Buenos Aires, $6,9 millones en Santa Cruz, $6,8 millones en Neuquén, $6,3 millones en La Pampa y $6,2 millones en Chubut.
En cuanto al flujo de financiamiento, la gran mayoría de las jurisdicciones exhibió subas interanuales, a excepción de tres provincias que marcaron una contracción real: La Rioja y Tierra del Fuego sufrieron una caída del 0,7%, mientras que Misiones retrocedió un 0,5%.
Al analizar la morosidad desde la perspectiva de la cantidad de personas afectadas —en lugar de medir únicamente el monto total adeudado—, el mapa de la irregularidad muestra marcas críticas en el norte y Cuyo. La Rioja encabeza ese ranking con el 36,5% de sus deudores en situación irregular, seguida muy de cerca por San Juan (35,6%), Catamarca (35,5%) y San Luis (34,7%), cifras que duplican o superan ampliamente el promedio nacional del 26,6%.
Una parte sustancial de la fragilidad del sistema proviene del circuito informal. Mientras la banca tradicional exhibe una morosidad del 15,8%, los proveedores no financieros de crédito (PNFC) reportan una irregularidad del 31,3%. Según los especialistas de Eco Go, esta dinámica encarece el acceso a nuevos préstamos y compromete el patrimonio de los hogares, un problema que golpea con mayor severidad a distritos como La Rioja, donde el 36% del financiamiento se canaliza por fuera del sistema bancario.
La caída de los salarios y el impacto en los ingresos formales
En términos históricos, el poder adquisitivo del empleo registrado privado operó en una meseta prolongada durante el sexto y séptimo mes de 2026, ubicándose en niveles nominales y reales muy similares a los registrados en noviembre de 2023. La evolución de los salarios medios reales exhibió un comportamiento particular: mientras que en junio el indicador logró ubicarse levemente por encima del parámetro de fines de 2023, en julio se posicionó de manera ligera por debajo de aquel umbral, reflejando el desgaste inflacionario sobre el bolsillo de los trabajadores en blanco.
Este freno en la recuperación de las remuneraciones convive con una brecha llamativa respecto a los aumentos pactados en las negociaciones colectivas. El salario medio conformado de los principales Convenios Colectivos de Trabajo se mantuvo completamente sin cambios reales durante julio, acumulando de esta manera tres meses consecutivos con una capacidad de compra totalmente estable.
Este comportamiento implicó que los sueldos determinados a través de las paritarias mostraron un desempeño numéricamente superior en comparación con las remuneraciones efectivamente declaradas y percibidas en el sistema de seguridad social. Se trata de un escenario completamente inverso al registrado durante los dos años anteriores, período en el cual los salarios efectivos habían mostrado una evolución más favorable frente a los pisos mínimos establecidos por los convenios sectoriales, dejando al descubierto las dificultades de los trabajadores para capturar en mano los incrementos nominales firmados por los gremios.
Por el lado de los ingresos, el salario medio real del empleo registrado privado cayó un 1,1% en julio de 2026 frente al mes anterior, de acuerdo con los registros desestacionalizados del SIPA. Con este resultado, el poder adquisitivo de los trabajadores en blanco acumuló una merma del 3,6% en el último trimestre. Esta evolución negativa de los sueldos de bolsillo contrastó con las pautas de los Convenios Colectivos de Trabajo, los cuales se mantuvieron sin cambios reales en el mismo período.
Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, aportó su visión sobre el estado crítico de las remuneraciones en el sector privado. “El salario promedio relevado por el SIPA en junio le empató a la inflación. Está un 0,8% debajo de noviembre de 2023. El problema más grande es el nivel: el 50% de los trabajadores registrados del sector privado cobra un salario de bolsillo inferior a $ 1.385.000″, advirtió a Infobae.
Por el lado de los ingresos, el comportamiento de los trabajadores estatales y de otros segmentos mostró dinámicas contrapuestas frente a la caída del sector privado formal. Según los registros de la consultora Equilibra, el ingreso disponible registrado general se redujo 0,5% mensual en junio y acumuló un desplome interanual del 6,9%, ubicándose un 16,9% por debajo del promedio de 2023. Los asalariados privados formales sufrieron una merma del 6,6% interanual, mientras que el sector público experimentó una recuperación puntual del 2,1% mensual impulsada por los aumentos en las universidades, aunque este último rubro aún permaneció un 7,4% abajo en la comparación frente a junio de 2025.
La radiografía sectorial del empleo registrado que elabora el SIPA expone una profunda disparidad entre las 14 ramas de actividad evaluadas. En el extremo opuesto a los sectores más dinámicos, la industria manufacturera y la construcción se mantuvieron estables sin variaciones reales significativas frente a noviembre de 2023, mientras que los retrocesos más marcados afectaron a Transporte y comunicaciones (-4,3%), Comercio (-3%), Salud (-2,7%) y la Intermediación financiera (-2,6%).
A su vez, los rubros de Hotelería y restaurantes, junto con los Servicios comunitarios y personales, lograron mejoras reales significativas del 11,8% y 7,6% en comparación con los niveles de fines de 2023.
Este deterioro salarial ocurre a la par de un retroceso en el nivel de empleo. La Secretaría de Trabajo confirmó que el universo asalariado registrado perdió 354.128 puestos formales desde noviembre de 2023. Solo durante junio, el sector privado recortó 6.261 empleos y la administración pública eliminó otros 5.127. La industria manufacturera y el rubro mercantil figuran como los más castigados por la retracción, frente a un mercado laboral que solo encontró refugio en un leve incremento de las inscripciones al monotributo.
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