Nación modificó el RIGI: cuáles son las claves de la medida

Entre los cambios que estableció el Decreto 1366/2026, se redefinió qué empresas pueden ser consideradas proveedoras nacionales, se precisaron los plazos para cumplir las inversiones y se habilitaron nuevas alternativas para reorganizar sociedades.

Por Redacción

La minería y los hidrocarburos concentran algunos de los proyectos de mayor escala dentro del RIGI, con inversiones que llegan a varios miles de millones de dólares y planes que se extienden por décadas. Foto gentileza.

El Gobierno nacional introdujo este lunes diversos cambios en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Estas modificaciones alcanzan a los proveedores locales, los compromisos de inversión, las reorganizaciones societarias y el ingreso de divisas.

La medida se realizó mediante el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial, y modifica el Decreto 749/2024. Según consideró la norma, la experiencia recogida durante la implementación del régimen demostró la necesidad «de introducir adecuaciones puntuales a su reglamentación», con el objeto de precisar el alcance de algunas disposiciones.


Nueva definición de «proveedor local»


Uno de los principales cambios es la nueva definición de «proveedor local». A partir de ahora, las personas jurídicas podrán ser consideradas nacionales si están constituidas y domiciliadas en Argentina, independientemente de la nacionalidad o residencia de sus accionistas y de la composición de su capital social.

De esta manera, se eliminó el requisito de que las empresas proveedoras domiciliadas en el país sean titulares de al menos el 51% de su capital social o de los votos necesarios para formar la voluntad social. El nuevo criterio busca ampliar la cantidad de compañías que pueden incorporarse a las cadenas de suministro de los proyectos adheridos al RIGI.

La norma mantiene como condición que los productos cumplan con los criterios de origen nacional establecidos en el Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur. La autoridad de aplicación deberá precisar la metodología para determinar ese origen.


Cambios en los PEELP


El decreto también introduce precisiones para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), ya que sustituye el inciso i) dentro del artículo 47 del Anexo I al Decreto N° 749/24. De esta manera, la norma establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables exigido para el proyecto en su conjunto.

La modificación busca diferenciar el monto global de inversión de los compromisos que se establecen en cada una de las etapas del desarrollo. No elimina ni modifica los montos mínimos ni las obligaciones de inversión correspondientes a cada fase, sino que aclara el plazo aplicable al cumplimiento de la meta general.

Como requisito, se añadió que la fecha límite no debe resultar «ajena» a las prácticas del sector de que se trate para «el razonable desarrollo del Proyecto Único».


Reorganizaciones societarias y compra de participaciones


Otro de los puntos modificados es el tratamiento de las operaciones societarias de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), que son las sociedades o estructuras jurídicas responsables de ejecutar las inversiones adheridas al régimen.

En el decreto, se estableció que la adquisición de acciones, cuotas o participaciones sociales de un VPU con posterioridad a la presentación de su solicitud de adhesión no altera, por sí misma, los derechos derivados ni da lugar al cómputo de inversiones en activos computables a los efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión. 

Además, se prohíbe a un titular de un Proyecto RIGI realizar adquisiciones y/o fusiones que no constituyan ampliaciones dentro de la misma iniciativa aprobada por el régimen, en violación del concepto de Proyecto Único. 

En los casos de las adquisiciones o fusiones que involucren a dos o más Proyectos RIGI, se requerirá de la aprobación de la autoridad de aplicación, al que se le aplicarán los derechos y obligaciones del proyecto de fecha de adhesión más antigua al RIGI, y se le podrá imponer condiciones adicionales.

También se habilita la cesión total o parcial de participaciones y el ingreso de nuevos integrantes en las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos que funcionen como VPU. Estas operaciones deberán informarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción en el Registro Público.

A modo de requisito, la autoridad de aplicación podrá «observar» la operación dentro de los 30 días corridos. Una vez vencido ese plazo, se tendrá por conformada, y el cedente responderá solidariamente por las obligaciones del régimen devengadas hasta la inscripción.

Ni las transferencias de participación, ni la adquisición por un tercero de acciones de un VPU, darán lugar al cómputo de inversiones en activos computables. 


Sucursales dedicadas


Las sucursales dedicadas adheridas al RIGI podrán reorganizarse societariamente —a través de la transferencia de la totalidad de los activos, pasivos, derechos y obligaciones afectados al VPU— a una sociedad anónima (SA) o sociedad anónima unipersonal (SAU) constituida a tal efecto, para lo cual requerirán de la previa autorización de la autoridad de aplicación. 

Sin embaergo, la reorganización no implicará una nueva adhesión al RIGI ni modificará los plazos, los derechos y obligaciones ni el plan de inversión aprobado. Esta transferencia podrá instrumentarse por escisión, si la sociedad de la que depende la sucursal dedicada está constituida en el país, o por aporte en especie o transferencia de fondo de comercio. 


Cambios en el tratamiento de las divisas


El último eje de la medida está vinculado con el acceso al mercado de cambios y el cómputo de las divisas ingresadas al país para financiar los proyectos.

La nueva reglamentación permite considerar no solo los fondos que ingresen y liquiden directamente los VPU, sino también determinadas divisas provenientes de aportes de capital de no residentes o de endeudamientos financieros externos canalizados por sus integrantes, accionistas o socios directos e indirectos.

Para que esos fondos sean computados, deberán destinarse efectivamente al Proyecto Único y cumplir con los procedimientos que establezca el Banco Central. Además, tendrán que quedar registrados contablemente y contar con mecanismos que permitan garantizar su trazabilidad y afectación al emprendimiento.


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