Firme defensa del derecho a estudiar y ejercer de una presa
Sara del Pilar Ibáñez fue condenada por asesinato. En la cárcel comenzó a formarse para ser docente especial, pero a la hora de las prácticas el CPE puso reparos, lo que generó reacciones.
La pena que purga Sara Ibáñez no tiene nada que ver con su derecho a la educación, dijo la defensora de Ejecución Penal de Neuquén.
NEUQUÉN (AN).- “Si un condenado está purgando la pena que le fue impuesta ¿qué mensaje le está dando la sociedad si no le permitimos capacitarse para que cuando recupere la libertad tenga una salida laboral?”. La pregunta y sus implicaciones corresponden a la defensora de Ejecución Penal de Neuquén, Luciana Petraglia. La advertencia de la funcionaria se da a pocos días de que se debata nuevamente si corresponden o no los controles psicológicos que desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) se piden que apruebe una presa que desde el año pasado estudia para ser docente de la rama especial. Si bien son muchos los presos que estudian sin inconvenientes, el caso de Sara del Pilar Ibáñez fue distinto para el CPE dado que la mujer, que fue condenada en 2001 a prisión perpetua por el asesinato de su marido y sus dos hijos, debía iniciar el año pasado las prácticas ante los alumnos. Para Petraglia las exigencias de Educación prácticamente rozan la discriminación ya que no sólo obstaculizan el derecho de los detenidos a estudiar, sino que además Ibáñez tiene una conducta ejemplar en el penal y según el Gabinete Criminológico del Poder Judicial está en condiciones de estar al frente de un aula. La defensora explicó que “las personas condenadas están pagando la pena que les fue impuesta, están tratando de recuperarse psicológicamente de lo que hicieron con los escasos tratamientos que el mismo Estado les da, y si en ese contexto quieren estudiar, lo peor que podemos hacer es impedírselo”. Sara del Pilar Ibáñez está detenida en la Unidad 16ª de mujeres desde 1999 y en sus evaluaciones ha sido conceptuada con 10 en conducta ya que incluso es una de las organizadoras de los eventos familiares y religiosos en el penal. El crimen por el cual fue condenada fue atroz, pero según el Gabinete Criminológico no tiene relación con su capacidad de ser docente. Pese a ello la semana entrante la mujer deberá asistir a una nueva audiencia en la que se debatirá ahora si podrá soportar el estrés de ser evaluada durante las prácticas con alumnos. Un planteo que no se hace ante presos que han optado por otras carreras tradicionales como Abogacía o Contador. “El condenado está condenado a cumplir su pena, no a que lo discriminen porque quiere estudiar”, remarcó Petraglia y recordó que “en 2019 Sara estará en condiciones de acceder a la libertad condicional y sería muy bueno que tras veinte años detenida tenga un título que le asegure una salida laboral”.
