Incógnita sobre el empresario de Cipolletti acusado por violencia de género
Un juez de Familia ordenó su arresto por 10 días, pero nadie sabe su situación actual. El magistrado no respondió a las consultas. Desde la Fiscalía no surgieron nuevos procedimientos en la investigación penal.
La sentencia fue emitida en las oficinas del juzgado de Familia de Cipolletti. Foto: Archivo.
La causa por violencia de género contra un conocido empresario de Cipolletti volvió a sumergirse en el laberinto del hermetismo comunicacional del Poder Judicial. Los responsables de avanzar sobre el proceso jurídico no dan detalles sobre la situación actual de la investigación.
Un día después de la publicación de Río Negro sobre la causa de violencia de género contra un empresario de Cipolletti, la justicia ordenó su arresto por diez días. Así lo dispuso el juez de Familia Jorge Benatti. Dos días después, un sábado por la mañana, el Fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna visitó los estudios de LU19 para hablar sobre el proceso penal.
Aseguró que hubo un «mal entendido» en la información que brindó este medio y destacó que la investigación «avanzaba». Incluso ese mismo día -4 de julio- reveló que se hizo un allanamiento en la vivienda del acusado. Agregó que intentó comunicarse con el medio para aclarar la información y que fue «infructuosa». Sin embargo, Río Negro facilitó todas las vías de comunicación y no hubo contactos por parte de la Fiscalía.
Hoy se cumplen los 10 días de arresto y el hermetismo volvió a sacudir la comunicación oficial del Poder Judicial. Ni el juez ni la fiscalía brindaron información sobre cómo continúa el caso. Ni siquiera la policía informó si efectivamente el empresario quedó en libertad.
El hombre estaba detenido en la Comisaría Cuarta. Desde la Unidad indicaron que esa información corresponde brindarla el Ministerio Público Fiscal o el Juzgado de Familia, pese a que en la cotidianeidad la policía acostumbra a informar las detenciones o las libertades que se conceden.
Este medio intentó comunicarse con Benatti quien no respondió a los requerimientos, tampoco facilitó una vía de comunicación. Hasta el momento, el juez tampoco brindó información al área de prensa sobre la situación del acusado.
Por parte de la fiscalía indicaron que esa información depende del fuero de Familia. Sobre la investigación penal indicaron que «se está trabajando y está en etapa preliminar». Agregaron que la última información oficial sobre el caso estuvo «mal manejada» por este medio y que «cuando haya novedades de relevancia las vamos a informar». El criterio denota una cierta arbitrariedad pese al principio constitucional de acceso a la información pública.
La primera causa contra este hombre se archivó data de abril de 2019, unos meses después de llegó al fuero Penal. Según explicaron desde el Ministerio Público se debió a que no hubo notificación al acusado, diligencia que le corresponde al órgano que dictó la medida, en este caso al Juzgado de Familia.
En marzo de este año volvió a radicarse una denuncia penal porque el hombre hostigaba a su expareja. Ante la consulta de Río Negro, la fiscalía dijo que era «complejo» comprobar la denuncia que se trabaja de una amenaza y daños sobre el vehículo de la víctima.
Lo llamativo del caso es que sin notificación previa no podría haberse consumado el arresto. Es decir que el juzgado de Familia tenía acreditado que el hombre sabía que sobre él pesaba una medida cautelar.
En este sentido, Márquez Gauna indicó, en esa nota radial, que Familia tenía su propia forma de notificar y una de ellas era dejar el documento por debajo de la puerta. Una fuente del Ministerio Público indicó que esa metodología es suficiente para acreditar la notificación pero para la fiscalía puede no ser válida.
Lo cierto es que desde principios de 2019 a la fecha los únicos movimientos en la investigación se efectuaron en las últimas semanas tras los hechos de público conocimiento.
Hace casi un mes, vecinos del barrio El Manzanar denunciaron al empresario de querer intentar incendiar el vehículo de su expareja. Incluso hay un video que está en poder de la fiscalía. Esto despertó nuevamente la causa que estaba sin avances.
Desde el entorno de la joven sostiene que las denuncias y los hechos de violencia se viene repitiendo hace tiempo. El Ministerio Público Fiscal tiene seis meses para solicitar la audiencia de formulación de cargo. Gauna indicó que trabajan sobre la causa y que la acusación será antes de los seis meses de los que dispone según el Código Procesal Penal.
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